19.6.04
El juez cree que los confidentes no advirtieron de los atentados
19-06-04
11-M LA INVESTIGACION / LA PISTA DE LA GOMA 2
El juez cree que los confidentes no advirtieron de los atentados
Así se recoge en un auto en el que pone en libertad a tres arrestados por la trama de los explosivos y mantiene en prisión a otros tres
MANUEL MARRACO
MADRID.- El juez encargado de la investigación de los atentados de Madrid no ha encontrado hasta ahora ningún dato que indique que las Fuerzas de Seguridad supieron a través de sus confidentes lo que iba a suceder el 11-M.
(.../...)
Así lo explica Juan del Olmo en un auto hecho público ayer en el que señala que «en modo alguno ha detectado este instructor se pueda ver afectada o alterada [la investigación] por la condición supuesta o no de confidentes de dos de los imputados [Rafá Zouhier y Emilio Suárez Trashorras], por cuanto los mismos, en atención a lo que consta en las actuaciones, en modo alguno transmitieron dato alguno sobre los preparativos, intenciones o actuaciones que podrían estar realizando sus conocidos para la perpetración de acción alguna de carácter terrorista».
Del Olmo resalta que tanto el agente de la Guardia Civil como el de la Policía Nacional encargados de contactar con los confidentes han asegurado que ni Zouhier ni Trashorras les transmitieron datos referidos al 11-M antes de esta fecha. Una versión corroborada por ambos confidentes en sus respectivas declaraciones ante el juez.
En el mismo auto, y a propuesta de la fiscal encargada del caso, Olga Sánchez, Del Olmo ordena la puesta en libertad de otros tres arrestados en relación con la trama de los explosivos. Con esa decisión, tan sólo cuatro de los 10 detenidos en los últimos días por su presunta relación con el robo y transporte de la Goma 2 permanecen aún en prisión.
Ayer quedaron en libertad Carmen y Antonio Toro Castro, esposa y cuñado de Trashorras -en prisión desde el 22 de marzo acusado de haber facilitado los explosivos-, así como de Emilio Alvarez, el último detenido en Asturias en relación con la trama. Los tres continúan imputados en la causa y deberán comparecer semanalmente en el juzgado más próximo a su domicilio para estar localizados.Además, se les ha prohibido salir del país.
Continúan en prisión el vigilante de la mina Conchita, Emilio Llano, e Iván Granados y Raúl González, a quienes el juez relaciona con el robo y transporte de la Goma 2. A ellos se suma el menor detenido en Avilés y que ya fue internado en un centro de menores por un periodo inicial de tres meses.
Respecto a Carmen Toro, el auto explica que «no se ha podido acreditar» su intervención efectiva en la trama, «más allá de su presencia en determinados lugares».
Sobre su hermano Antonio, señala que las investigaciones de los últimos días «no han permitido obtener datos» que justifiquen su estancia en prisión. En concreto, el juez explica que «las conversaciones telefónicas que hacían pensar en un nivel superior de participación han sido adecuadamente aclaradas y perfiladas en lo que resultaría una actividad de tráfico de drogas, referida a personas que no se vinculan a los atentados del 11-M, como por el contexto inicial y temporal de las conversaciones cabía considerar».
Antonio Toro, a quien se considera una pieza fundamental en la consecución de los explosivos, ya fue detenido el pasado 27 de marzo y quedó en libertad el 2 de abril. En su primera declaración, admitió que había coincidido en una cárcel de Asturias con el confidente Rafá Zouhier, al que informó de que él podía tener acceso a explosivos. Una vez hecho el contacto, fue su cuñado Trashorras el que prosiguió con la negociación. Según concluye el auto, «se puede fijar que fue Emilio Suárez Trashorras, conocedor de la operativa real de la explotación minera donde había realizado su labor durante un tiempo [...] y utilizando sus contactos personales [...], quien tras recibir los encargos o peticiones de Jamal Ahmidan [El Chino] de lograr sustancias explosivas procedió a fijar el sistema de recogida de la sustancia explosiva, y su traslado hasta Madrid».
Entre quienes participaron en ese traslado se encontraba Emilio Alvarez, que ayer por la mañana prestó declaración antes de quedar en libertad. Según su versión, el 4 de enero Trashorras le propuso trasladar a Madrid en un autobús de línea una bolsa «con CD piratas» a cambio de 600 euros que nunca le llegó a pagar.
Al día siguiente realizó el viaje, y entregó la bolsa de deportes -que iba candada y en realidad transportaba explosivos- a El Chino. Trashorras le había explicado que, aunque la policía lo detuviera, «como máximo» le pondrían una multa. Cuando tras el 11-M supo de la detención de Trashorras y vio la foto de El Chino en los medios de comunicación, comprendió que no había trasladado sólo CD, pero decidió no acudir a la policía por miedo.
Trashorras también intentó que Iván González hiciera otro transporte, pero éste no quiso. Sí aceptó acompañarle para contactar con Raúl González Peláez, El Rulo, «quien sería uno de sus proveedores de sustancias explosivas». El sistema para recoger la dinamita consistía en sustraer cartuchos de Goma 2 Eco y detonadores «que se iban colocando en determinadas zonas protegidas en las inmediaciones de la explotación minera para finalmente ser recogidas en los lugares que se había acordado previamente».
La facilidad para distraer la dinamita se explica por la «dejación de su obligación de control» del encargado de la mina Conchita, Emilio Llano. El juez concluye que esa situación, «mantenida durante mucho tiempo», permitió a Trashorras reunir la cantidad que El Chino le había pedido.
El auto de ayer supone que, por primera vez, Del Olmo ha levantado parcialmente el secreto del sumario, basándose «en la exigencia de ir favoreciendo el conocimiento del objeto de la instrucción judicial por parte de quien se ve directamente afectado» y para que la resolución de ayer pueda ser conocida por las partes, ya que es susceptible de ser recurrida.
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Así lo explica Juan del Olmo en un auto hecho público ayer en el que señala que «en modo alguno ha detectado este instructor se pueda ver afectada o alterada [la investigación] por la condición supuesta o no de confidentes de dos de los imputados [Rafá Zouhier y Emilio Suárez Trashorras], por cuanto los mismos, en atención a lo que consta en las actuaciones, en modo alguno transmitieron dato alguno sobre los preparativos, intenciones o actuaciones que podrían estar realizando sus conocidos para la perpetración de acción alguna de carácter terrorista».
Del Olmo resalta que tanto el agente de la Guardia Civil como el de la Policía Nacional encargados de contactar con los confidentes han asegurado que ni Zouhier ni Trashorras les transmitieron datos referidos al 11-M antes de esta fecha. Una versión corroborada por ambos confidentes en sus respectivas declaraciones ante el juez.
En el mismo auto, y a propuesta de la fiscal encargada del caso, Olga Sánchez, Del Olmo ordena la puesta en libertad de otros tres arrestados en relación con la trama de los explosivos. Con esa decisión, tan sólo cuatro de los 10 detenidos en los últimos días por su presunta relación con el robo y transporte de la Goma 2 permanecen aún en prisión.
Ayer quedaron en libertad Carmen y Antonio Toro Castro, esposa y cuñado de Trashorras -en prisión desde el 22 de marzo acusado de haber facilitado los explosivos-, así como de Emilio Alvarez, el último detenido en Asturias en relación con la trama. Los tres continúan imputados en la causa y deberán comparecer semanalmente en el juzgado más próximo a su domicilio para estar localizados.Además, se les ha prohibido salir del país.
Continúan en prisión el vigilante de la mina Conchita, Emilio Llano, e Iván Granados y Raúl González, a quienes el juez relaciona con el robo y transporte de la Goma 2. A ellos se suma el menor detenido en Avilés y que ya fue internado en un centro de menores por un periodo inicial de tres meses.
Respecto a Carmen Toro, el auto explica que «no se ha podido acreditar» su intervención efectiva en la trama, «más allá de su presencia en determinados lugares».
Sobre su hermano Antonio, señala que las investigaciones de los últimos días «no han permitido obtener datos» que justifiquen su estancia en prisión. En concreto, el juez explica que «las conversaciones telefónicas que hacían pensar en un nivel superior de participación han sido adecuadamente aclaradas y perfiladas en lo que resultaría una actividad de tráfico de drogas, referida a personas que no se vinculan a los atentados del 11-M, como por el contexto inicial y temporal de las conversaciones cabía considerar».
Antonio Toro, a quien se considera una pieza fundamental en la consecución de los explosivos, ya fue detenido el pasado 27 de marzo y quedó en libertad el 2 de abril. En su primera declaración, admitió que había coincidido en una cárcel de Asturias con el confidente Rafá Zouhier, al que informó de que él podía tener acceso a explosivos. Una vez hecho el contacto, fue su cuñado Trashorras el que prosiguió con la negociación. Según concluye el auto, «se puede fijar que fue Emilio Suárez Trashorras, conocedor de la operativa real de la explotación minera donde había realizado su labor durante un tiempo [...] y utilizando sus contactos personales [...], quien tras recibir los encargos o peticiones de Jamal Ahmidan [El Chino] de lograr sustancias explosivas procedió a fijar el sistema de recogida de la sustancia explosiva, y su traslado hasta Madrid».
Entre quienes participaron en ese traslado se encontraba Emilio Alvarez, que ayer por la mañana prestó declaración antes de quedar en libertad. Según su versión, el 4 de enero Trashorras le propuso trasladar a Madrid en un autobús de línea una bolsa «con CD piratas» a cambio de 600 euros que nunca le llegó a pagar.
Al día siguiente realizó el viaje, y entregó la bolsa de deportes -que iba candada y en realidad transportaba explosivos- a El Chino. Trashorras le había explicado que, aunque la policía lo detuviera, «como máximo» le pondrían una multa. Cuando tras el 11-M supo de la detención de Trashorras y vio la foto de El Chino en los medios de comunicación, comprendió que no había trasladado sólo CD, pero decidió no acudir a la policía por miedo.
Trashorras también intentó que Iván González hiciera otro transporte, pero éste no quiso. Sí aceptó acompañarle para contactar con Raúl González Peláez, El Rulo, «quien sería uno de sus proveedores de sustancias explosivas». El sistema para recoger la dinamita consistía en sustraer cartuchos de Goma 2 Eco y detonadores «que se iban colocando en determinadas zonas protegidas en las inmediaciones de la explotación minera para finalmente ser recogidas en los lugares que se había acordado previamente».
La facilidad para distraer la dinamita se explica por la «dejación de su obligación de control» del encargado de la mina Conchita, Emilio Llano. El juez concluye que esa situación, «mantenida durante mucho tiempo», permitió a Trashorras reunir la cantidad que El Chino le había pedido.
El auto de ayer supone que, por primera vez, Del Olmo ha levantado parcialmente el secreto del sumario, basándose «en la exigencia de ir favoreciendo el conocimiento del objeto de la instrucción judicial por parte de quien se ve directamente afectado» y para que la resolución de ayer pueda ser conocida por las partes, ya que es susceptible de ser recurrida.
# Mensaje enviado por Kickjor @ 11:53 p. m. 
