16.7.04
Zouhier.- «La Guardia Civil me pidió silencio y la Policía, que hablara»
16-07-04
11-M LA INVESTIGACION / LOS CONFIDENTES
«La Guardia Civil me pidió silencio y la Policía, que hablara»
Zouhier dijo a la juez de Valdemoro que se siente «como una pelota» entre los dos cuerpos y negó amenazas «directas» de la Benemérita
MARIA PERAL
MADRID.- El confidente marroquí Rafá Zouhier, en prisión por su presunta relación con la trama de explosivos del 11-M, indicó el pasado miércoles en su declaración ante la juez de Valdemoro que «se siente como una pelota» entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, ya que la primera «me dijo que no dijera nada de los explosivos» y la segunda «me dijo que dijera al juez que había ayudado a la Guardia Civil».
(.../...)
Zouhier testificó como perjudicado en un procedimiento penal abierto para aclarar si fue amenazado por agentes de la Guardia Civil, lo que negó. Según manifestó en el Juzgado, los guardias civiles que le detuvieron -que fueron los mismos para los que trabajaba como confidente- «me trataron bien para que no dijera nada al juez [Juan del Olmo, que investiga los atentados del 11-M] de que el declarante les había dicho hace un año quién vendía explosivos, con nombres y apellidos, con los coches que tenían, y cómo la Policía no había hecho nada para evitar el atentado. Es por lo que le trataron bien, para que no dijera nada».
Zouhier fue detenido el 19 de marzo por sus «controladores» a petición de la Policía Nacional, que dos días antes había interceptado una conversación telefónica entre el confidente y el guardia civil Víctor. Tras su paso por las dependencias de la Benemérita, fue entregado a la Policía. «Me dijeron que [los guardias civiles] me habían abandonado y que me iban a joder».
La juez insistió: «Preguntado nuevamente en qué consistieron las amenazas, manifiesta que no recibió amenazas directamente, que sólo le dijeron que no dijera nada, que, si no, él se iba a comer los 200 muertos», consta en el acta de la declaración, a la que ha tenido acceso este periódico.
Zouhier confirmó que tres guardias civiles -uno al que identifica como Rafa, el segundo como Paco «y otro que sólo escribía»- le visitaron en la prisión de Valdemoro. «Preguntado si le dijeron que iban a mandar a un sicario a la cárcel para matarle, manifiesta que no».
La pregunta estaba relacionada con la carta que Rafá Zouhier remitió hace dos meses al ministro del Interior, José Antonio Alonso, de la que informó este periódico en su edición del 31 de mayo pasado. En esa misiva, el marroquí afirmaba que «temo por mi vida, puesto que se me ha puesto de manifiesto que los miembros de la UCO [Unidad Central Operativa de la Guardia Civil] podrían enviar a la cárcel un sicario para asesinarme».
En su declaración judicial en Valdemoro, lo que Zouhier dijo sobre este punto fue que «recibió una llamada en la prisión de un tal Mario [otro confidente de la Guardia Civil, cuya identidad ha sido revelada por Rafá en sus cartas a distintas instituciones] que le dijo que era un chivato por lo que había salido en los periódicos y le iba a mandar a alguien para matarle».
En su turno, la fiscal volvió sobre la reunión carcelaria: «Preguntado si los miembros de la Guardia Civil le informaron para qué le visitaron, manifiesta que le preguntaron si sabía más datos sobre los asturianos y sobre la investigación del 11-M en general y le dijeron que no dijera nada de los explosivos, de que les avisó en el 2003, que estaban con él y que le iban a sacar de la cárcel».
«Preguntado si hasta ese momento denunció a algún agente por malos tratos, amenazas o coacciones, contesta que se sintió abandonado y tirado, que lo único que hizo fue avisarles y le dijeron que iba a tener problemas y se iba a comer los 200 muertos».
Pero «¿contra qué personas concreta las amenazas?», reiteró la fiscal. «El declarante contesta que Mario y que también contra los agentes que le han dicho que no diga nada (...) y contra la Policía Nacional, que le dijeron que dijera al juez que había ayudado a la Guardia Civil». «Me siento como una pelota que va de un lado a otro», dijo Zouhier en otro momento de su comparecencia.
«Entonces, ¿lo que aparece en los medios de comunicación es mentira?», interrogó la fiscal. «Lo que pone Interviu es mentira parte sí y parte no. Lo que publica El País es mentira porque él no se ha chivado de nadie que trafique con hachís. Exhibido el periódico EL MUNDO del 31 de mayo, manifiesta que la cabecera del artículo no es cierta, ya que él no ha denunciado a nadie de la Guardia Civil. Que ha denunciado las amenazas recibidas por teléfono a través de Mario. Que se encuentra muy presionado y mal y que quiere saber por qué está en la cárcel, ya que ha dicho la verdad.Que le dejen salir y entonces no escribirá a los periódicos».
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Zouhier testificó como perjudicado en un procedimiento penal abierto para aclarar si fue amenazado por agentes de la Guardia Civil, lo que negó. Según manifestó en el Juzgado, los guardias civiles que le detuvieron -que fueron los mismos para los que trabajaba como confidente- «me trataron bien para que no dijera nada al juez [Juan del Olmo, que investiga los atentados del 11-M] de que el declarante les había dicho hace un año quién vendía explosivos, con nombres y apellidos, con los coches que tenían, y cómo la Policía no había hecho nada para evitar el atentado. Es por lo que le trataron bien, para que no dijera nada».
Zouhier fue detenido el 19 de marzo por sus «controladores» a petición de la Policía Nacional, que dos días antes había interceptado una conversación telefónica entre el confidente y el guardia civil Víctor. Tras su paso por las dependencias de la Benemérita, fue entregado a la Policía. «Me dijeron que [los guardias civiles] me habían abandonado y que me iban a joder».
La juez insistió: «Preguntado nuevamente en qué consistieron las amenazas, manifiesta que no recibió amenazas directamente, que sólo le dijeron que no dijera nada, que, si no, él se iba a comer los 200 muertos», consta en el acta de la declaración, a la que ha tenido acceso este periódico.
Zouhier confirmó que tres guardias civiles -uno al que identifica como Rafa, el segundo como Paco «y otro que sólo escribía»- le visitaron en la prisión de Valdemoro. «Preguntado si le dijeron que iban a mandar a un sicario a la cárcel para matarle, manifiesta que no».
La pregunta estaba relacionada con la carta que Rafá Zouhier remitió hace dos meses al ministro del Interior, José Antonio Alonso, de la que informó este periódico en su edición del 31 de mayo pasado. En esa misiva, el marroquí afirmaba que «temo por mi vida, puesto que se me ha puesto de manifiesto que los miembros de la UCO [Unidad Central Operativa de la Guardia Civil] podrían enviar a la cárcel un sicario para asesinarme».
En su declaración judicial en Valdemoro, lo que Zouhier dijo sobre este punto fue que «recibió una llamada en la prisión de un tal Mario [otro confidente de la Guardia Civil, cuya identidad ha sido revelada por Rafá en sus cartas a distintas instituciones] que le dijo que era un chivato por lo que había salido en los periódicos y le iba a mandar a alguien para matarle».
En su turno, la fiscal volvió sobre la reunión carcelaria: «Preguntado si los miembros de la Guardia Civil le informaron para qué le visitaron, manifiesta que le preguntaron si sabía más datos sobre los asturianos y sobre la investigación del 11-M en general y le dijeron que no dijera nada de los explosivos, de que les avisó en el 2003, que estaban con él y que le iban a sacar de la cárcel».
«Preguntado si hasta ese momento denunció a algún agente por malos tratos, amenazas o coacciones, contesta que se sintió abandonado y tirado, que lo único que hizo fue avisarles y le dijeron que iba a tener problemas y se iba a comer los 200 muertos».
Pero «¿contra qué personas concreta las amenazas?», reiteró la fiscal. «El declarante contesta que Mario y que también contra los agentes que le han dicho que no diga nada (...) y contra la Policía Nacional, que le dijeron que dijera al juez que había ayudado a la Guardia Civil». «Me siento como una pelota que va de un lado a otro», dijo Zouhier en otro momento de su comparecencia.
«Entonces, ¿lo que aparece en los medios de comunicación es mentira?», interrogó la fiscal. «Lo que pone Interviu es mentira parte sí y parte no. Lo que publica El País es mentira porque él no se ha chivado de nadie que trafique con hachís. Exhibido el periódico EL MUNDO del 31 de mayo, manifiesta que la cabecera del artículo no es cierta, ya que él no ha denunciado a nadie de la Guardia Civil. Que ha denunciado las amenazas recibidas por teléfono a través de Mario. Que se encuentra muy presionado y mal y que quiere saber por qué está en la cárcel, ya que ha dicho la verdad.Que le dejen salir y entonces no escribirá a los periódicos».
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Zouhier dio un segundo aviso sobre los explosivos cinco meses después del primero
16-07-04
11-M LA INVESTIGACION / LOS CONFIDENTES
Zouhier dio un segundo aviso sobre los explosivos cinco meses después del primero
El marroquí revela este nuevo dato en una carta enviada al presidente de la Comisión - Rafá también advierte que si es llamado dirá más cosas «para que vean que no miento»
ANTONIO RUBIO
MADRID.- «Yo avisé y según la Guardia Civil de elite estaba todo controlado. Y le volví a alertar a los cinco meses del primer aviso». Este es uno de los párrafos del manuscrito que Rafá Zouhier envió al presidente de la Comisión del 11-M cuando se enteró de que Instituciones Penitencias le trataba de mentiroso y negaba que los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) le hubieran visitado en la cárcel de Valdemoro, tal como reveló EL MUNDO el pasado 6 de julio.
(.../...)
Zouhier aporta en su escrito al presidente de la Comisión, Paulino Rivero, nuevos datos sobre su relación con los agentes de la UCO y pone en entredicho el informe que el director de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, remitió el pasado día 5 al secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho. En ese informe, el director de la Guardia Civil indicaba que las relaciones entre Zouhier y los hombres de la UCO habían acabado poco después del primer aviso sobre la venta de explosivos por parte de los asturianos: abril-mayo de 2003.
Sin embargo, Zouhier indica ahora, en clara referencia a los agentes de la UCO, que «le volví a alertar a los cinco meses del primer aviso». Es decir, que en septiembre-octubre de 2003 los miembros de la Unidad Central Operativa recibieron un segundo aviso sobre «el mercado negro de dinamita» en Asturias y sobre las relaciones de José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro Castro con los marroquíes del comando Lavapiés.
Zouhier vuelve a repetir en su escrito a la Comisión del 11-M algunas de las ideas y reflexiones que ha venido realizando en las últimas fechas en otras cartas enviadas a este periódico: «Colaboré con banda de Guardia Civil o con banda de terroristas.Y avisé al grupo de elite que defiende a España del peligro de que los asturianos ofrecían explosivos a cambio de droga».
El enfado de Zouhier, tras negar Mercedes Gallizo, directora de Instituciones Penitenciarias, las visitas de los guardias civiles de la UCO, fue de tal tamaño que ahora amenaza con nuevas e importantes revelaciones: «Yo tengo muchas pruebas, tengo dos instancias que firmé. Ellos lo saben y los demás también».
Zouhier, según su escrito, está cansado de mentiras y manipulaciones: «Hay un funcionario de comunicación que fue el que me abrió un despacho de vis a vis y más cosas que diré en la Comisión para que vean que no miento».
El marroquí también está obsesionado en dejar claro que él no es un simple chivato: «Vale ya de mentiras, yo no estoy luchando para salir de la cárcel, sino que quiero la verdad, la verdad».
Zouhier, antes de terminar su escrito a la Comisión, vuelve a insistir en la visita que le realizaron los agentes de la UCO a la cárcel de Valdemoro: «Sólo quiero decir que la visita que recibí en la cárcel, que dicen que es mentira, yo tengo muchas pruebas de ello».
La UCO intenta, ahora, justificar su visita a Zouhier como un encargo que recibió del juez para investigar los explosivos.Pero se da la circunstancia de que lo primero que dijeron los agentes de la Guardia Civil al marroquí es que no hablara de explosivos y que, de esa manera, lo sacarían de la prisión.
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Zouhier aporta en su escrito al presidente de la Comisión, Paulino Rivero, nuevos datos sobre su relación con los agentes de la UCO y pone en entredicho el informe que el director de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, remitió el pasado día 5 al secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho. En ese informe, el director de la Guardia Civil indicaba que las relaciones entre Zouhier y los hombres de la UCO habían acabado poco después del primer aviso sobre la venta de explosivos por parte de los asturianos: abril-mayo de 2003.
Sin embargo, Zouhier indica ahora, en clara referencia a los agentes de la UCO, que «le volví a alertar a los cinco meses del primer aviso». Es decir, que en septiembre-octubre de 2003 los miembros de la Unidad Central Operativa recibieron un segundo aviso sobre «el mercado negro de dinamita» en Asturias y sobre las relaciones de José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro Castro con los marroquíes del comando Lavapiés.
Zouhier vuelve a repetir en su escrito a la Comisión del 11-M algunas de las ideas y reflexiones que ha venido realizando en las últimas fechas en otras cartas enviadas a este periódico: «Colaboré con banda de Guardia Civil o con banda de terroristas.Y avisé al grupo de elite que defiende a España del peligro de que los asturianos ofrecían explosivos a cambio de droga».
El enfado de Zouhier, tras negar Mercedes Gallizo, directora de Instituciones Penitenciarias, las visitas de los guardias civiles de la UCO, fue de tal tamaño que ahora amenaza con nuevas e importantes revelaciones: «Yo tengo muchas pruebas, tengo dos instancias que firmé. Ellos lo saben y los demás también».
Zouhier, según su escrito, está cansado de mentiras y manipulaciones: «Hay un funcionario de comunicación que fue el que me abrió un despacho de vis a vis y más cosas que diré en la Comisión para que vean que no miento».
El marroquí también está obsesionado en dejar claro que él no es un simple chivato: «Vale ya de mentiras, yo no estoy luchando para salir de la cárcel, sino que quiero la verdad, la verdad».
Zouhier, antes de terminar su escrito a la Comisión, vuelve a insistir en la visita que le realizaron los agentes de la UCO a la cárcel de Valdemoro: «Sólo quiero decir que la visita que recibí en la cárcel, que dicen que es mentira, yo tengo muchas pruebas de ello».
La UCO intenta, ahora, justificar su visita a Zouhier como un encargo que recibió del juez para investigar los explosivos.Pero se da la circunstancia de que lo primero que dijeron los agentes de la Guardia Civil al marroquí es que no hablara de explosivos y que, de esa manera, lo sacarían de la prisión.
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Dezcallar no podrá declarar sobre el 'documento Carod' ni siquiera en secreto
17-07-04
11-M LA INVESTIGACION / LAS COMPARECENCIAS
Dezcallar no podrá declarar sobre el 'documento Carod' ni siquiera en secreto
El Gobierno descarta habilitar una fórmula equivalente a la del pasado martes para que el ex director del CNI dé cuenta a la Comisión sobre el contenido de informes no desclasificados
FERNANDO GAREA
MADRID.- El Gobierno no quiere que Jorge Dezcallar, ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), declare el lunes por la tarde ante la Comisión de Investigación del 11-M sobre temas clasificados como secretos.
(.../...)
Por supuesto, esto incluye la nota con la conversación entre Arnaldo Otegi y Josep Lluís Carod-Rovira que publicó EL MUNDO y que el Ejecutivo ni siquiera permitió que examinara en secreto la Comisión del 11-M.
No quiere que declare sobre las actividades del CNI porque la propia ley lo impide claramente y porque el Gobierno está muy molesto por la forma en que los diputados trataron el martes los documentos secretos que se les mostraron, con obligación de no hacerlos públicos.
Fuentes del Gobierno explicaron a EL MUNDO que Dezcallar podría acudir al Congreso con instrucciones de Defensa para no hablar sobre esos asuntos. La forma que utilizará el Ejecutivo para transmitir esas instrucciones al anterior responsable del CNI estaba ayer por decidir y podría ser tratada hoy mismo en el Consejo de Ministros.
No se descarta que haya un escrito del Gobierno al Congreso sobre la obligación de guardar secreto o que sea una instrucción verbal de Defensa. Un precedente de orden por escrito se produjo durante la investigación de los GAL, cuando el centro se denominaba Cesid, y los agentes acudieron ante el juez con escritos del Gobierno invocando la obligación de guardar secreto.
En todo caso, Dezcallar no podrá hacer referencia a documentos como el publicado el pasado miércoles en EL MUNDO con los contactos de Arnaldo Otegi con Josep Lluis Carod-Rovira y Juan José Ibarretxe.
Ese documento ni siquiera fue entregado por el Gobierno a la Comisión de Investigación para que lo viera en secreto y, por supuesto, no fue desclasificado. La razón, según fuentes del Gobierno, es que afectaba a la seguridad en la medida en la que se habla del control de los servicios secretos sobre el dirigente de la izquierda abertzale. Esa limitación legal sirve también para impedir que Dezcallar hable de la nota del CNI y que el Gobierno públicamente ni siquiera admita su existencia.
El secreto que mantiene el Gobierno sobre esa nota está amparado por el artículo 11 de la Ley del CNI, que establece el control parlamentario de los servicios secretos con la excepción de «las materias relativas a las fuentes y los medios del Centro y aquéllas que proceden de servicios extranjeros u organizaciones internacionales».Esa protección de las fuentes afecta, según el Gobierno, al documento sobre el control a Otegi.
Fuentes del Gobierno aseguran que fue el propio secretario general del CNI el que informó en contra de permitir a la Comisión del 11-M acceder a la nota secreta.
Se da la circunstancia de que en la única comparecencia de Dezcallar como director del CNI ante la Comisión de Secretos Oficiales, a preguntas del entonces diputado Iñaki Anasagasti, negó cualquier seguimiento o vigilancia a dirigentes de partidos.
Si se impone la posición de destacados miembros del Gobierno, Dezcallar no podrá hablar en la Comisión de Investigación sobre ninguno de los documentos del CNI vinculados al atentado, ni siquiera en sesión secreta. En expresión gráfica de un miembro del Gobierno, «el director del CNI es en sí mismo materia clasificada, incluso después de dejar el cargo».
En ese caso, Dezcallar no podrá hablar de los documentos elaborados por el CNI sobre el 11-M, dado que ninguno de ellos ha sido desclasificado por el Gobierno. Incluso, hay seis referentes a las informaciones recibidas de servicios secretos extranjeros que el Gobierno ni siquiera ha permitido que los viera en secreto la Comisión, porque el artículo 11 de la Ley del CNI lo impide.
Dezcallar, nombrado embajador en el Vaticano por el Gobierno de Zapatero, tiene la instrucción de no pronunciar palabra sobre ellos.
La ley del CNI explica que «las actividades del Centro, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada con el grado de secreto».
Su comparecencia, entonces, tendría que centrarse sólo en algunos aspectos colaterales de la investigación. Por ejemplo, sobre las circunstancias del desmentido que hizo público él mismo la tarde del 13 de marzo a una información que aseguraba que el CNI había descartado totalmente la vía de ETA para centrarse en el terrorismo islamista.
También podrá explicar, si lo sabe, por qué no fue convocado en La Moncloa el día 11 de marzo a lo que aparentaba ser una reunión del Gabinete de Crisis pero que, en realidad, no llegó a serlo formalmente.
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Por supuesto, esto incluye la nota con la conversación entre Arnaldo Otegi y Josep Lluís Carod-Rovira que publicó EL MUNDO y que el Ejecutivo ni siquiera permitió que examinara en secreto la Comisión del 11-M.
No quiere que declare sobre las actividades del CNI porque la propia ley lo impide claramente y porque el Gobierno está muy molesto por la forma en que los diputados trataron el martes los documentos secretos que se les mostraron, con obligación de no hacerlos públicos.
Fuentes del Gobierno explicaron a EL MUNDO que Dezcallar podría acudir al Congreso con instrucciones de Defensa para no hablar sobre esos asuntos. La forma que utilizará el Ejecutivo para transmitir esas instrucciones al anterior responsable del CNI estaba ayer por decidir y podría ser tratada hoy mismo en el Consejo de Ministros.
No se descarta que haya un escrito del Gobierno al Congreso sobre la obligación de guardar secreto o que sea una instrucción verbal de Defensa. Un precedente de orden por escrito se produjo durante la investigación de los GAL, cuando el centro se denominaba Cesid, y los agentes acudieron ante el juez con escritos del Gobierno invocando la obligación de guardar secreto.
En todo caso, Dezcallar no podrá hacer referencia a documentos como el publicado el pasado miércoles en EL MUNDO con los contactos de Arnaldo Otegi con Josep Lluis Carod-Rovira y Juan José Ibarretxe.
Ese documento ni siquiera fue entregado por el Gobierno a la Comisión de Investigación para que lo viera en secreto y, por supuesto, no fue desclasificado. La razón, según fuentes del Gobierno, es que afectaba a la seguridad en la medida en la que se habla del control de los servicios secretos sobre el dirigente de la izquierda abertzale. Esa limitación legal sirve también para impedir que Dezcallar hable de la nota del CNI y que el Gobierno públicamente ni siquiera admita su existencia.
El secreto que mantiene el Gobierno sobre esa nota está amparado por el artículo 11 de la Ley del CNI, que establece el control parlamentario de los servicios secretos con la excepción de «las materias relativas a las fuentes y los medios del Centro y aquéllas que proceden de servicios extranjeros u organizaciones internacionales».Esa protección de las fuentes afecta, según el Gobierno, al documento sobre el control a Otegi.
Fuentes del Gobierno aseguran que fue el propio secretario general del CNI el que informó en contra de permitir a la Comisión del 11-M acceder a la nota secreta.
Se da la circunstancia de que en la única comparecencia de Dezcallar como director del CNI ante la Comisión de Secretos Oficiales, a preguntas del entonces diputado Iñaki Anasagasti, negó cualquier seguimiento o vigilancia a dirigentes de partidos.
Si se impone la posición de destacados miembros del Gobierno, Dezcallar no podrá hablar en la Comisión de Investigación sobre ninguno de los documentos del CNI vinculados al atentado, ni siquiera en sesión secreta. En expresión gráfica de un miembro del Gobierno, «el director del CNI es en sí mismo materia clasificada, incluso después de dejar el cargo».
En ese caso, Dezcallar no podrá hablar de los documentos elaborados por el CNI sobre el 11-M, dado que ninguno de ellos ha sido desclasificado por el Gobierno. Incluso, hay seis referentes a las informaciones recibidas de servicios secretos extranjeros que el Gobierno ni siquiera ha permitido que los viera en secreto la Comisión, porque el artículo 11 de la Ley del CNI lo impide.
Dezcallar, nombrado embajador en el Vaticano por el Gobierno de Zapatero, tiene la instrucción de no pronunciar palabra sobre ellos.
La ley del CNI explica que «las actividades del Centro, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada con el grado de secreto».
Su comparecencia, entonces, tendría que centrarse sólo en algunos aspectos colaterales de la investigación. Por ejemplo, sobre las circunstancias del desmentido que hizo público él mismo la tarde del 13 de marzo a una información que aseguraba que el CNI había descartado totalmente la vía de ETA para centrarse en el terrorismo islamista.
También podrá explicar, si lo sabe, por qué no fue convocado en La Moncloa el día 11 de marzo a lo que aparentaba ser una reunión del Gabinete de Crisis pero que, en realidad, no llegó a serlo formalmente.
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Una pedrea en la que todos ganan
16-07-04
11-M LA INVESTIGACION / LOS EXPLOSIVOS
Una pedrea en la que todos ganan
Por Victoria Prego
Esto es lo que se llama una comisión personalizada. Ya ha quedado claro que, en lo que llevamos de sesiones, hay versiones para todos los gustos y para todas esas conclusiones previas que sobrevuelan la sala hasta hacerse casi visibles.
(.../...)
Si el juez Garzón declara, como hizo ayer, que uno de los artificieros le comentó la mañana de la matanza que el explosivo podría ser Titadine, el Partido Popular se siente inmediatamente respaldado y legitimado en su versión de que el Gobierno actuó con buena fe y transparencia. Si Garzón explica a continuación que, en la noche del mismo jueves, el propio Pedro Díaz-Pintado, en aquel momento máximo mando en la escala policial, le comentó que las posibilidades de que fuera ETA o los islamistas se repartían al 50% pero más «tirando al sur», el bloque de partidos que se aglutina en torno al PSOE siente la satisfacción de ver confirmadas y legitimadas sus tesis de que el Gobierno mintió.
Si después declara el fiscal Fungairiño, de la Audiencia Nacional, y dice que, hasta el sábado 13 de marzo, él estuvo pensando que era ETA, el PP suspira aliviado mientras el bloque en torno al PSOE sonríe incrédulo de medio lado. Pero si Fungairiño añade que no supo nada de la famosa furgoneta de Alcalá de Henares hasta ayer, al PP se le hunde la moral y al otro lado de la sala la alegría sube dos tonos, porque una salida de ese tipo tiene como efecto inexorable el de restar valor al resto de las opiniones del fiscal. Y en esto andamos.
Algunos, pocos, de los presentes intentan avanzar en el establecimiento de una verdad que de momento se está demostrando poliédrica, cosa que es vieja como el mundo. Y uno de esos es el diputado de CiU, Jordi Jané, que, además de exhibir un conocimiento profundo y detallado de los hechos, demuestra en cada intervención su disposición a admitir que la verdad que busca le ofrezca de pronto una nueva cara o, sencillamente, pierda súbitamente la que tenía.
De la sesión de ayer salió, creo, que lo del Titadine no era una invención manipuladora y políticamente interesada del señor Díaz-Pintado y del Gobierno, pero también que las dudas de los responsables sobre la autoría de la matanza fueron muy anteriores a lo que de las declaraciones públicas se pudo entonces deducir.No es mucho, pero es lo que hay.
(.../...)
Si el juez Garzón declara, como hizo ayer, que uno de los artificieros le comentó la mañana de la matanza que el explosivo podría ser Titadine, el Partido Popular se siente inmediatamente respaldado y legitimado en su versión de que el Gobierno actuó con buena fe y transparencia. Si Garzón explica a continuación que, en la noche del mismo jueves, el propio Pedro Díaz-Pintado, en aquel momento máximo mando en la escala policial, le comentó que las posibilidades de que fuera ETA o los islamistas se repartían al 50% pero más «tirando al sur», el bloque de partidos que se aglutina en torno al PSOE siente la satisfacción de ver confirmadas y legitimadas sus tesis de que el Gobierno mintió.
Si después declara el fiscal Fungairiño, de la Audiencia Nacional, y dice que, hasta el sábado 13 de marzo, él estuvo pensando que era ETA, el PP suspira aliviado mientras el bloque en torno al PSOE sonríe incrédulo de medio lado. Pero si Fungairiño añade que no supo nada de la famosa furgoneta de Alcalá de Henares hasta ayer, al PP se le hunde la moral y al otro lado de la sala la alegría sube dos tonos, porque una salida de ese tipo tiene como efecto inexorable el de restar valor al resto de las opiniones del fiscal. Y en esto andamos.
Algunos, pocos, de los presentes intentan avanzar en el establecimiento de una verdad que de momento se está demostrando poliédrica, cosa que es vieja como el mundo. Y uno de esos es el diputado de CiU, Jordi Jané, que, además de exhibir un conocimiento profundo y detallado de los hechos, demuestra en cada intervención su disposición a admitir que la verdad que busca le ofrezca de pronto una nueva cara o, sencillamente, pierda súbitamente la que tenía.
De la sesión de ayer salió, creo, que lo del Titadine no era una invención manipuladora y políticamente interesada del señor Díaz-Pintado y del Gobierno, pero también que las dudas de los responsables sobre la autoría de la matanza fueron muy anteriores a lo que de las declaraciones públicas se pudo entonces deducir.No es mucho, pero es lo que hay.
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El PP pide que Garzón identifique al experto de los Tedax que le dijo que el explosivo era Titadine
16-07-04
11-M LA INVESTIGACION / Las declaraciones del magistrado de la Audiencia Nacional ponen en evidencia las manifestaciones de Sánchez Manzano / Este afirmó que ningún miembro de su unidad informó de este dato
El PP pide que Garzón identifique al experto de los Tedax que le dijo que el explosivo era Titadine
MANUEL CERDAN
MADRID.- El Partido Popular pidió ayer al presidente de la Comisión del 11-M que el juez Baltasar Garzón identifique al experto de los Tedax que horas después de la masacre le comentó que el explosivo utilizado por los terroristas en el atentado era Titadine.
(.../...)
El magistrado de la Audiencia Nacional afirmó ayer que, sobre las 12.20 horas del 11-M, un artificiero de los Tedax le comentó: «Creemos que puede ser Titadine». El dato le fue proporcionado en la estación de Atocha por un especialista en desactivación de explosivos que había inspeccionado los vagones de los trenes.El magistrado señaló que conocía al policía de otros atentados anteriores de ETA, pero que no podía decir su nombre porque no lo sabía.
El PP dio entrada en el registro del Congreso un escrito por el que solicita al Gobierno «con carácter urgente» que muestre al juez de la Audiencia Nacional «una identificación fotográfica de los tedax que fueron a Atocha, para que pueda determinar y comunicar quién fue el que le dio la información».
El PP basa su solicitud en las declaraciones de Sánchez Manzano, el jefe de los Tedax, quien en su comparecencia dijo que «ninguno de mis hombres» pudo informar de la existencia de Titadine.
Las palabras de Garzón, que comparecía ante la Comisión en calidad de experto, ponían en evidencia al comisario Sánchez Manzano.El jefe de los Tedax negó que su unidad tuviera cualquier relación con el error de la identificación del Titadine y señaló que desconocía de dónde podía proceder la equivocación.
«La Unidad Central de los Tedax tiene una normativa específica en la que se incluye la gestión de la información. Es un principio de actuación básico de los especialistas. Los restos de los explosivos llegaron a la unidad a las 12.30 horas y los primeros resultados se obtuvieron a las 14.00 horas. A partir de ahí ya sabíamos que era dinamita, pero sin poder precisar la clase. Es posible que, por encima de mí, en la cadena de mando, cuando dijimos dinamita lo asociaran con Titadine y se confundieran», afirmó.
Sánchez Manzano indicó categóricamente: «Ningún miembro de mi unidad dijo Titadine».
La versión del magistrado de la Audiencia Nacional pone en entredicho estas afirmaciones y da credibilidad a lo ya manifestado ante la comisión por Pedro Díaz-Pintado, el subdirector operativo de la policía durante el 11-M. El máximo responsable de la escala de mando de la policía también señaló que el comisario Santiago Cuadro (aunque éste lo negó después) le había comentado que un tedax le había dicho que el explosivo era Titadine.
Las manifestaciones de Garzón avalan la versión de Díaz-Pintado.El magistrado aseguró que, sobre las 13.15 horas, recibió una llamada telefónica de Pedro Díaz-Pintado para decirle que el explosivo era Titadine.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional señaló que esa información sobre el Titadine le llevó a cambiar su idea inicial de que la masacre había sido provocada por un grupo de terroristas islamistas. ¿Por qué? Por las amenazas integristas realizadas con anterioridad, por las investigaciones propias desde 1995, porque desde el 7 de octubre Al Qaeda había fijado España como objetivo de sus acciones, porque la revista Terrorismo Global colocaba a nuestro país en el puesto número dos del ranking de riesgo, por la indiscriminación de la matanza, por el elevado número de personas que requería el atentado, entre 10 o 15...
Garzón recalcó que, a favor de la autoría de ETA, en aquel momento sólo tenía el dato del Titadine. No obstante, recordó que meses antes había realizado una reflexión con Jesús de la Morena, el ex comisario general de Información, sobre la posibilidad de que ETA estuviera preparando un salto cualitativo en su estrategia terrorista: «Tras la masacre, recordé unas palabra del comisario Felices sobre Belén González Peñalva, quien, en cierta ocasión, manifestó que ETA estaba dispuesta a poner encima de la mesa de la negociación 100 muertos».
No obstante, el magistrado descartó definitivamente la vía de la autoría de ETA cuando apareció la cinta con los versos coránicos en la furgoneta, el 11 de marzo por la tarde.
Garzón despejó definitivamente sus dudas cuando, horas después, Pedro Díaz-Pintado le aseguró que barajaban las dos hipótesis en un 50%. El magistrado le preguntó: «¿Hacia el norte o hacia el sur?». Y el alto cargo policial le respondió: «Hacia el sur».
Sobre la intencionalidad del atentado, Garzón afirmó que posee un componente de «reivindicación ideológica y política».
«Los terroristas pretenden aterrorizar y poner en cuestión a las autoridades. Quienes diseñaron el atentado tuvieron en cuenta estas circunstancias. Buscan resultados traumáticos, no porque pretendan cambiar el signo electoral», explicó.
El diputado Manuel Atencia preguntó a Garzón por las relaciones entre los agentes policiales y los confidentes y si éstos solían ocultar información a sus protectores.
«El trato de los policías con los confidentes es particular en cada caso, desde el momento en que existe una relación íntima entre el que da y el que recibe. Existe mucha confianza. Y esa información se protege hasta el momento en que se decide explotar», contestó Garzón.
El magistrado de la Audiencia Nacional declaró que no se podía establecer una relación definitiva entre el atentado y la presencia de las tropas españoles en Irak: «Es una concausa objetivamente importante. ¿Habría sido España objetivo si no hubiéramos estado en Irak? Posiblemente, sí».
(.../...)
El magistrado de la Audiencia Nacional afirmó ayer que, sobre las 12.20 horas del 11-M, un artificiero de los Tedax le comentó: «Creemos que puede ser Titadine». El dato le fue proporcionado en la estación de Atocha por un especialista en desactivación de explosivos que había inspeccionado los vagones de los trenes.El magistrado señaló que conocía al policía de otros atentados anteriores de ETA, pero que no podía decir su nombre porque no lo sabía.
El PP dio entrada en el registro del Congreso un escrito por el que solicita al Gobierno «con carácter urgente» que muestre al juez de la Audiencia Nacional «una identificación fotográfica de los tedax que fueron a Atocha, para que pueda determinar y comunicar quién fue el que le dio la información».
El PP basa su solicitud en las declaraciones de Sánchez Manzano, el jefe de los Tedax, quien en su comparecencia dijo que «ninguno de mis hombres» pudo informar de la existencia de Titadine.
Las palabras de Garzón, que comparecía ante la Comisión en calidad de experto, ponían en evidencia al comisario Sánchez Manzano.El jefe de los Tedax negó que su unidad tuviera cualquier relación con el error de la identificación del Titadine y señaló que desconocía de dónde podía proceder la equivocación.
«La Unidad Central de los Tedax tiene una normativa específica en la que se incluye la gestión de la información. Es un principio de actuación básico de los especialistas. Los restos de los explosivos llegaron a la unidad a las 12.30 horas y los primeros resultados se obtuvieron a las 14.00 horas. A partir de ahí ya sabíamos que era dinamita, pero sin poder precisar la clase. Es posible que, por encima de mí, en la cadena de mando, cuando dijimos dinamita lo asociaran con Titadine y se confundieran», afirmó.
Sánchez Manzano indicó categóricamente: «Ningún miembro de mi unidad dijo Titadine».
La versión del magistrado de la Audiencia Nacional pone en entredicho estas afirmaciones y da credibilidad a lo ya manifestado ante la comisión por Pedro Díaz-Pintado, el subdirector operativo de la policía durante el 11-M. El máximo responsable de la escala de mando de la policía también señaló que el comisario Santiago Cuadro (aunque éste lo negó después) le había comentado que un tedax le había dicho que el explosivo era Titadine.
Las manifestaciones de Garzón avalan la versión de Díaz-Pintado.El magistrado aseguró que, sobre las 13.15 horas, recibió una llamada telefónica de Pedro Díaz-Pintado para decirle que el explosivo era Titadine.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional señaló que esa información sobre el Titadine le llevó a cambiar su idea inicial de que la masacre había sido provocada por un grupo de terroristas islamistas. ¿Por qué? Por las amenazas integristas realizadas con anterioridad, por las investigaciones propias desde 1995, porque desde el 7 de octubre Al Qaeda había fijado España como objetivo de sus acciones, porque la revista Terrorismo Global colocaba a nuestro país en el puesto número dos del ranking de riesgo, por la indiscriminación de la matanza, por el elevado número de personas que requería el atentado, entre 10 o 15...
Garzón recalcó que, a favor de la autoría de ETA, en aquel momento sólo tenía el dato del Titadine. No obstante, recordó que meses antes había realizado una reflexión con Jesús de la Morena, el ex comisario general de Información, sobre la posibilidad de que ETA estuviera preparando un salto cualitativo en su estrategia terrorista: «Tras la masacre, recordé unas palabra del comisario Felices sobre Belén González Peñalva, quien, en cierta ocasión, manifestó que ETA estaba dispuesta a poner encima de la mesa de la negociación 100 muertos».
No obstante, el magistrado descartó definitivamente la vía de la autoría de ETA cuando apareció la cinta con los versos coránicos en la furgoneta, el 11 de marzo por la tarde.
Garzón despejó definitivamente sus dudas cuando, horas después, Pedro Díaz-Pintado le aseguró que barajaban las dos hipótesis en un 50%. El magistrado le preguntó: «¿Hacia el norte o hacia el sur?». Y el alto cargo policial le respondió: «Hacia el sur».
Sobre la intencionalidad del atentado, Garzón afirmó que posee un componente de «reivindicación ideológica y política».
«Los terroristas pretenden aterrorizar y poner en cuestión a las autoridades. Quienes diseñaron el atentado tuvieron en cuenta estas circunstancias. Buscan resultados traumáticos, no porque pretendan cambiar el signo electoral», explicó.
El diputado Manuel Atencia preguntó a Garzón por las relaciones entre los agentes policiales y los confidentes y si éstos solían ocultar información a sus protectores.
«El trato de los policías con los confidentes es particular en cada caso, desde el momento en que existe una relación íntima entre el que da y el que recibe. Existe mucha confianza. Y esa información se protege hasta el momento en que se decide explotar», contestó Garzón.
El magistrado de la Audiencia Nacional declaró que no se podía establecer una relación definitiva entre el atentado y la presencia de las tropas españoles en Irak: «Es una concausa objetivamente importante. ¿Habría sido España objetivo si no hubiéramos estado en Irak? Posiblemente, sí».
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¿Goma 2 o Titadine?: los análisis técnicos sólo pudieron concluir que era dinamita
16-07-04
11-M LA INVESTIGACION / LOS EXPLOSIVOS
¿Goma 2 o Titadine?: los análisis técnicos sólo pudieron concluir que era dinamita
FERNANDO LAZARO
MADRID.- Se sabe que es dinamita y ese dato es y será incuestionable.Pero el examen de los expertos nunca podrá ser concluyente sobre el explosivo que detonó en los atentados del 11-M. «Sabemos que era dinamita, pero nunca podremos saber de qué tipo».
(.../...)
Los expertos policiales consultados por este periódico no tienen duda: todo el explosivo utilizado por los terroristas era Goma Dos de la marca Eco, pero no podrá ser certificado este dato de forma científica, porque no se han localizado restos que permitan un análisis tan específico del material que detonó en los vagones y que provocó la muerte de 192 personas.
Según estos especialistas, en ninguno de los lugares de los atentados se pudo controlar ni un solo trozo intacto de los explosivos que estallaron en la fatídica mañana del 11-M. Sí lograron los especialistas aislar uno de los componentes del explosivo. El análisis de ese componente sirvió para que los técnicos en desactivación de explosivos pudieran acreditar que era dinamita, pero no su marca.
Sin dudas técnicas
«Pero no hay dudas de que era Goma 2». Los expertos así lo mantienen.Ni se lo preguntan. Los resultados del análisis de la mochila localizada en la comisaría de Vallecas y que fue desactivada rompieron cualquier conjetura. Esa mochila estaba cargada con una docena de kilos de Goma 2 de la marca Eco. También se pudo llegar a concluir que el explosivo que había en la furgoneta localizada en la mañana del día 11 en Alcalá tenía restos de un cartucho de Goma 2 de la marca Eco. Lo mismo ocurrió en Leganés, donde se localizaron envoltorios de este material.
Los análisis fueron entonces concluyentes. Además, en posteriores investigaciones sobre la trama que sirvió a los terroristas para adquirir el explosivo, se pudo concretar una cifra aproximada del número de kilos de dinamita que se llevaron: alrededor de 200. Las cifras, los análisis de los químicos policiales... todo concluyó en que el material utilizado por los terroristas islamistas el 11-M era Goma 2. Este dato es incuestionable. Pero la certeza científica sobre el explosivo que estalló no se tendrá nunca, según explicaron estas mismas fuentes.
Estos especialistas policiales describieron las escasas diferencias que existen entre las polémicas marcas de dinamita: Titadine y Goma 2 Eco. La primera es que una marca está fabricada en Francia y la otra, en España. El tipo de explosivo ha centrado gran parte de los trabajos de la Comisión de Investigación sobre el 11-M en las casi dos semanas que lleva funcionando. Tal es así que por el Parlamento han pasado algunos de los que fueron máximos responsables policiales durante el 11-M y las preguntas de los parlamentarios se han centrado en la marca de la dinamita.
Titadine y Goma 2 Eco. Son dos marcas de un mismo tipo de explosivo, la dinamita. Especialistas, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, consideran que las diferencias entre ambos modelos son mínimas. «De hecho, si no hay trozos intactos, que se pueden analizar por completo, es muy difícil discernirlas».
Aspecto y color
El aspecto exterior y el color son diferentes. Cada una tiene una textura y un grado diferente de flexibilidad.
No obstante, los elementos básicos de la composición son los mismos en ambos casos. Unicamente varía, aunque mínimamente, el porcentaje de los elementos, según explicaron estos analistas de material explosivo.
Otro de los componentes de los explosivos son los denominados aglutinantes. Aquí, las diferencias entre ambos materiales son mucho más significativas. Según explicaron estos expertos, cada una de las dinamitas tiene componentes que le permiten ser más o menos gelatinosos, más o menos resistentes al frío o al calor...Estos elementos en los análisis completos de los materiales son clave a la hora de discernir completamente si la dinamita pertenece a uno u a otro modelo.
DIAZ-PINTADO: «Santiago Cuadro, el jefe de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, me dijo que, según un 'tedax', el explosivo era Titadine»
SANTIAGO CUADRO: «Nunca mencioné la palabra Titadine. Dije que los indicios que manejaban los artificieros inducían a pensar que era dinamita»
SANCHEZ MANZANO: «Es posible que por encima de mí, en la cadena de mando, se confundieran. Ningún miembro de mi unidad dijo Titadine»
BALTASAR GARZON: «Un experto de los Tedax, al que conocía de otros atentados, me comentó, sobre las 12.20 horas, que era Titadine»
(.../...)
Los expertos policiales consultados por este periódico no tienen duda: todo el explosivo utilizado por los terroristas era Goma Dos de la marca Eco, pero no podrá ser certificado este dato de forma científica, porque no se han localizado restos que permitan un análisis tan específico del material que detonó en los vagones y que provocó la muerte de 192 personas.
Según estos especialistas, en ninguno de los lugares de los atentados se pudo controlar ni un solo trozo intacto de los explosivos que estallaron en la fatídica mañana del 11-M. Sí lograron los especialistas aislar uno de los componentes del explosivo. El análisis de ese componente sirvió para que los técnicos en desactivación de explosivos pudieran acreditar que era dinamita, pero no su marca.
Sin dudas técnicas
«Pero no hay dudas de que era Goma 2». Los expertos así lo mantienen.Ni se lo preguntan. Los resultados del análisis de la mochila localizada en la comisaría de Vallecas y que fue desactivada rompieron cualquier conjetura. Esa mochila estaba cargada con una docena de kilos de Goma 2 de la marca Eco. También se pudo llegar a concluir que el explosivo que había en la furgoneta localizada en la mañana del día 11 en Alcalá tenía restos de un cartucho de Goma 2 de la marca Eco. Lo mismo ocurrió en Leganés, donde se localizaron envoltorios de este material.
Los análisis fueron entonces concluyentes. Además, en posteriores investigaciones sobre la trama que sirvió a los terroristas para adquirir el explosivo, se pudo concretar una cifra aproximada del número de kilos de dinamita que se llevaron: alrededor de 200. Las cifras, los análisis de los químicos policiales... todo concluyó en que el material utilizado por los terroristas islamistas el 11-M era Goma 2. Este dato es incuestionable. Pero la certeza científica sobre el explosivo que estalló no se tendrá nunca, según explicaron estas mismas fuentes.
Estos especialistas policiales describieron las escasas diferencias que existen entre las polémicas marcas de dinamita: Titadine y Goma 2 Eco. La primera es que una marca está fabricada en Francia y la otra, en España. El tipo de explosivo ha centrado gran parte de los trabajos de la Comisión de Investigación sobre el 11-M en las casi dos semanas que lleva funcionando. Tal es así que por el Parlamento han pasado algunos de los que fueron máximos responsables policiales durante el 11-M y las preguntas de los parlamentarios se han centrado en la marca de la dinamita.
Titadine y Goma 2 Eco. Son dos marcas de un mismo tipo de explosivo, la dinamita. Especialistas, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, consideran que las diferencias entre ambos modelos son mínimas. «De hecho, si no hay trozos intactos, que se pueden analizar por completo, es muy difícil discernirlas».
Aspecto y color
El aspecto exterior y el color son diferentes. Cada una tiene una textura y un grado diferente de flexibilidad.
No obstante, los elementos básicos de la composición son los mismos en ambos casos. Unicamente varía, aunque mínimamente, el porcentaje de los elementos, según explicaron estos analistas de material explosivo.
Otro de los componentes de los explosivos son los denominados aglutinantes. Aquí, las diferencias entre ambos materiales son mucho más significativas. Según explicaron estos expertos, cada una de las dinamitas tiene componentes que le permiten ser más o menos gelatinosos, más o menos resistentes al frío o al calor...Estos elementos en los análisis completos de los materiales son clave a la hora de discernir completamente si la dinamita pertenece a uno u a otro modelo.
DIAZ-PINTADO: «Santiago Cuadro, el jefe de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, me dijo que, según un 'tedax', el explosivo era Titadine»
SANTIAGO CUADRO: «Nunca mencioné la palabra Titadine. Dije que los indicios que manejaban los artificieros inducían a pensar que era dinamita»
SANCHEZ MANZANO: «Es posible que por encima de mí, en la cadena de mando, se confundieran. Ningún miembro de mi unidad dijo Titadine»
BALTASAR GARZON: «Un experto de los Tedax, al que conocía de otros atentados, me comentó, sobre las 12.20 horas, que era Titadine»
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15.7.04
Un mando de Alcalá niega que hubiera detonadores a la vista en la furgoneta
15-07-04
11-M LA INVESTIGACION / LAS COMPARECENCIAS
Un mando de Alcalá niega que hubiera detonadores a la vista en la furgoneta
FERNANDO LAZARO
MADRID.- Primero fue el agente de la policía que inspeccionó con su guía canino la furgoneta de Alcalá abandonada por los terroristas. Después, el inspector jefe de grupo zonal de la Policía Científica de Alcalá de Henares, encargado de la custodia de dicho vehículo hasta que fue trasladado a las dependencias policiales de Canillas.
(.../...)
Ambos fueron dos de los policías que realizaron una revisión del vehículo desde el exterior y no vieron en ningún momento que allí hubiera detonadores. Ninguno de los dos, cuando estaban en la zona acordonada en torno a la furgoneta, vio o escuchó en ningún momento que hubiera detonadores en la misma.
En el caso del inspector jefe, Luis Martín Gómez, se da la circunstancia de que, para que el vehículo pudiera ser retirado por la grúa, tuvo que abrir la puerta trasera, acceder a su interior para quitar el seguro de la puerta del conductor, salir, y entrar en la cabina para quitar la marcha que la furgoneta tenía metida.En ningún momento observó absolutamente nada extraño en su interior.
Sí quedó claro que, en contra de algunos informes policiales previos, entró un agente de la policía en el interior del vehículo, aunque únicamente lo hizo para quitar la marcha.
Luis Garrudo, el portero que alertó a la policía, señaló en su comparecencia en el Congreso -en reiteradas ocasiones como recordó ayer el portavoz popular Vicente Martínez-Pujalte- que fue en la misma zona donde estaba aparcado el vehículo donde se escuchó que en el interior había detonadores.
El resto de grupos interpretó estas contradicciones como un error en la declaración del portero, al que no se le puede, a su entender, atribuir ninguna intencionalidad.
La bolsa de basura
Los datos facilitados tanto por Luis Martínez como por el guía canino, el agente Francisco Javier Alemán, contrastaron también con alguno de los informes del CNI que los comisionados pudieron revisar en sesión cerrada el pasado martes. En ellos se aseguraba que la furgoneta era una reivindicación de los autores en sí misma y que los detonadores estaban a la vista. Ambos policías negaron que hubiera algo a la vista en dicha furgoneta. Tras su inspección en Canillas, se detectó debajo de uno de los asientos una bolsa de basura con los detonadores en su interior.
La anécdota de la jornada la protagonizó el guía canino. La Presidencia de la Comisión, de acuerdo con los grupos, había decidido citar al agente cuyo perro inspeccionó por dentro la furgoneta utilizada por los terroristas. Sin embargo, el policía que compareció fue el que examinó con su perro Hanibal el exterior del vehículo.El perro que reconoció el interior se llama Loby.
Este hecho fue denunciado por los portavoces de los grupos catalán y vasco, que eran los solicitantes. La Presidencia se comprometió a aclarar esta confusión y a llamar a declarar a quien correspondía.
(.../...)
Ambos fueron dos de los policías que realizaron una revisión del vehículo desde el exterior y no vieron en ningún momento que allí hubiera detonadores. Ninguno de los dos, cuando estaban en la zona acordonada en torno a la furgoneta, vio o escuchó en ningún momento que hubiera detonadores en la misma.
En el caso del inspector jefe, Luis Martín Gómez, se da la circunstancia de que, para que el vehículo pudiera ser retirado por la grúa, tuvo que abrir la puerta trasera, acceder a su interior para quitar el seguro de la puerta del conductor, salir, y entrar en la cabina para quitar la marcha que la furgoneta tenía metida.En ningún momento observó absolutamente nada extraño en su interior.
Sí quedó claro que, en contra de algunos informes policiales previos, entró un agente de la policía en el interior del vehículo, aunque únicamente lo hizo para quitar la marcha.
Luis Garrudo, el portero que alertó a la policía, señaló en su comparecencia en el Congreso -en reiteradas ocasiones como recordó ayer el portavoz popular Vicente Martínez-Pujalte- que fue en la misma zona donde estaba aparcado el vehículo donde se escuchó que en el interior había detonadores.
El resto de grupos interpretó estas contradicciones como un error en la declaración del portero, al que no se le puede, a su entender, atribuir ninguna intencionalidad.
La bolsa de basura
Los datos facilitados tanto por Luis Martínez como por el guía canino, el agente Francisco Javier Alemán, contrastaron también con alguno de los informes del CNI que los comisionados pudieron revisar en sesión cerrada el pasado martes. En ellos se aseguraba que la furgoneta era una reivindicación de los autores en sí misma y que los detonadores estaban a la vista. Ambos policías negaron que hubiera algo a la vista en dicha furgoneta. Tras su inspección en Canillas, se detectó debajo de uno de los asientos una bolsa de basura con los detonadores en su interior.
La anécdota de la jornada la protagonizó el guía canino. La Presidencia de la Comisión, de acuerdo con los grupos, había decidido citar al agente cuyo perro inspeccionó por dentro la furgoneta utilizada por los terroristas. Sin embargo, el policía que compareció fue el que examinó con su perro Hanibal el exterior del vehículo.El perro que reconoció el interior se llama Loby.
Este hecho fue denunciado por los portavoces de los grupos catalán y vasco, que eran los solicitantes. La Presidencia se comprometió a aclarar esta confusión y a llamar a declarar a quien correspondía.
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ZOUHIER DICE ANTE EL JUZGADO LO QUE AHORA DEBE OIR LA COMISION
15-07-04
EDITORIAL
ZOUHIER DICE ANTE EL JUZGADO LO QUE AHORA DEBE OIR LA COMISION
Rafá Zouhier pasó ayer como una ráfaga ante la marea de periodistas que le aguardaban a la entrada del juzgado de Valdemoro, pero esos segundos bastaron y sobraron para demostrar hasta qué punto es absolutamente imprescindible su comparecencia ante la Comisión del 11-M. En primer lugar, porque el confidente de la UCO ratificó la información que en su día remitió por carta a este periódico de que, estando en la cárcel, sus controladores le presionaron para que bajo ninguna circunstancia revelara nada sobre la trama de los explosivos. También declaró ayer a la juez que recibió amenazas telefónicas a través de otro confidente. Estamos, pues, ante la primera denuncia formal de que personas teóricamente encargadas de velar por la seguridad ciudadana coaccionaron a un imputado por el 11-M ante las mismísimas narices y con la probable complicidad de las autoridades penitenciaras. Acusación de suma gravedad -incluida también en una misiva a Paulino Rivero divulgada ayer- que el Ministerio del Interior y la propia Dirección General Penitenciaria intentaron desacreditar con su falaz desmentido sobre las fechas.
(.../...)
Pero más inquietante aún que la sospecha, cada vez más avalada, de que miembros de la UCO amenazaron a Zouhier es la acusación que el marroquí lanzó a su salida del juzgado. Interrogado por un periodista sobre si había avisado de los atentados del 11-M, afirmó categóricamente: «Sí, avisé y no me han hecho caso». Tanto si se interpretan literalmente -es decir, que alertó específicamente a la UCO de la preparación de la masacre- como si se entienden como una ratificación de lo publicado por EL MUNDO, las palabras de Zouhier añaden otro argumento contundente para que él y toda la jerarquía de la UCO comparezcan de inmediato ante la Comisión.¿O es que a sus señorías no les parece relevante para la investigación que Zouhier advirtiera en reiteradas ocasiones a miembros de la UCO sobre la existencia en Avilés de una trama dedicada al tráfico de explosivos y que dicha unidad no hiciera nada para desbaratarla? La actitud del PSOE, que insiste en bloquear la comparecencia de los confidentes, es injustificable, toda vez que está demostrado que Zouhier incluso llegó a entregar a sus controladores una muestra de la dinamita que vendían Toro y Suárez Trashorras, quien está en la cárcel acusado de proporcionar los explosivos al comando de Leganés.
Al lado de lo que podrían aportar personas como Zouhier o Suárez Trashorras a la investigación de la autoría de la matanza de Madrid, las comparecencias de ayer resultan muy poco relevantes.¿De qué sirve descubrir si fue Díaz Pintado o por el contrario Cuadro Jaén quien cometió el desafortunado error de sustituir el genérico dinamita por el significativo Titadine? Tampoco parece particularmente útil para esclarecer quién y con qué complicidades organizó el 11-M el revuelo causado a raíz de la burda filtración y posterior manipulación por parte de los medios gubernamentales de algunos documentos del CNI. Como bien apuntaba ayer la oposición, la única forma de acabar con la utilización sectaria de los papeles del 11-M es una desclasificación completa de todos aquellos que puedan ayudar a esclarecer la verdad. Y eso incluye informes como el publicado ayer por este diario, cuya interesada ocultación López Garrido ha intentado hacer pasar como una decisión prudente tomada en aras de la seguridad nacional. La misma coartada utilizada en su día para mantener bajo llave los papeles del Cesid sobre los GAL.
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El ex comisario de Seguridad Ciudadana niega haber dicho que el explosivo fuera Titadine
15-07-04
11-M LA INVESTIGACION / LAS COMPARECENCIAS
El ex comisario de Seguridad Ciudadana niega haber dicho que el explosivo fuera Titadine
Contradice la versión facilitada por su superior Díaz-Pintado sobre los primeros datos de los Tedax - El ex subdirector operativo insiste en que fue Cuadro quien le dijo que era este tipo de dinamita
FERNANDO LAZARO
SANTIAGO CUADRO JANE
Ha estado al frente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana desde 1996 hasta fechas recientes.
Actualmente forma parte del Consejo Asesor de la Policía Nacional.
Niega haber hablado a su superior de Titadine la mañana del 11 de marzo.
Ha dirigido la seguridad de la boda real.
MADRID.- Firme, seguro, contundente. El que fuera comisario general de Seguridad Ciudadana Santiago Cuadro Jaén compareció ayer ante la Comisión parlamentaria que investiga el 11-M y afirmó de forma tajante que en ningún momento comunicó a su superior que el explosivo utilizado por los terroristas fuera Titadine con cordón detonante.(.../...)
Esta es una de las polémicas más encarnizadas que los diputados han mantenido en la Comisión durante los primeros días. Ayer, la declaración de Cuadro Jaén fue un peldaño más, que no el último, sobre esta polémica.
Su superior el 11-M, el entonces subdirector general de la Policía, Pedro Díaz-Pintado, declaró en la Comisión que informó al Ministerio, en la misma mañana del día de los atentados, que el explosivo era Titadine (material utilizado habitualmente por ETA durante los últimos años) porque se lo había dicho el comisario Santiago Cuadro Jaén, del que depende el servicio de desactivación de explosivos.
Esa comunicación se produjo sobre las 12.45 horas del mismo día 11. El subdirector estaba reunido en el Ministerio con la cúpula de Interior. Cuadro estaba en la zona cero.
Cuadro Jaén informó -tras recibir una primera llamada de Díaz-Pintado preguntándole por la composición de las bombas- de la posibilidad de que se tratara de dinamita con cordón detonante después de consultar con los Tedax.
Cuadro insistió en que no mencionó Titadine y que sólo comunicó que los indicios que manejaban los artificieros «inducían a pensar» que se trataba de dinamita, «posiblemente reforzada» con cordón detonante.
«Lo digo de manera categórica», sentenció. Manifestó que no sabía en qué momento se produjo el error. «Yo no dije Titadine, yo dije dinamita. Estoy seguro al 100%», aseveró. Tal fue su contundencia que la mayor parte de los portavoces parlamentarios señalaron que se creían plenamente su versión. «No me bajo ni un ápice de lo que he dicho», afirmó. Según sus palabras, hasta las 14.30 o 14.40 horas no se comprobó en los laboratorios de la Policía que efectivamente se trataba de dinamita. Sólo después del análisis del explosivo hallado en la mochila bomba desactivada en Vallecas, se pudo conocer que la marca era Goma 2 ECO.
Cuadro relató sus movimientos y conversaciones a lo largo de la mañana del día 11 y confirmó que, en torno a las 12.00 o 12.30 horas, recibió una llamada de Díaz-Pintado en la que se le requería de forma «urgente» que le informara del tipo de explosivo utilizado.
Según dijo a los diputados, insistió «con firmeza en la necesidad de no ir con prisa para evitar errores». Acto seguido, contactó con los artificieros que estaban trabajando en la zona de los atentados y, en virtud de sus experiencias «empíricas de los efectos de la explosión y del cráter que dejaron las bombas en el suelo» pensó que podía tratarse de dinamita con cordón detonante.Telefoneó a Díaz-Pintado y le dijo que aparecían «indicios que inducen a pensar que podemos estar ante un tipo de dinamita, posiblemente reforzada con cordón detonante».
Santiago Cuadro expresó su «gran respeto» por Díaz-Pintado, a quien calificó de «extraordinario profesional», y aseguró que han tenido «muy buena sintonía» y que la seguirán teniendo. Añadió que ayer coincidió con él en el Congreso.
Horas después, Díaz-Pintado, en declaraciones a Europa Press, insistía en que fue Cuadro el que le habló de Titadine. Añadió, además, que tiene testigos. «No me lo voy a inventar. ¿Cómo voy a decir que es Titadine si nadie me lo dice?», se preguntó.
Indicó que, posiblemente, Santiago Cuadro quiere evitar «quedar como el malo de la película» por la repercusión posterior que ha tenido el tipo de explosivo utilizado a la hora de investigarse la autoría del atentado. Explicó que, si tiene que someterse a un careo con Cuadro mantendrá lo que declaró.
FERNANDO LAZARO
SANTIAGO CUADRO JANE
Ha estado al frente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana desde 1996 hasta fechas recientes.
Actualmente forma parte del Consejo Asesor de la Policía Nacional.
Niega haber hablado a su superior de Titadine la mañana del 11 de marzo.
Ha dirigido la seguridad de la boda real.
MADRID.- Firme, seguro, contundente. El que fuera comisario general de Seguridad Ciudadana Santiago Cuadro Jaén compareció ayer ante la Comisión parlamentaria que investiga el 11-M y afirmó de forma tajante que en ningún momento comunicó a su superior que el explosivo utilizado por los terroristas fuera Titadine con cordón detonante.(.../...)
Esta es una de las polémicas más encarnizadas que los diputados han mantenido en la Comisión durante los primeros días. Ayer, la declaración de Cuadro Jaén fue un peldaño más, que no el último, sobre esta polémica.
Su superior el 11-M, el entonces subdirector general de la Policía, Pedro Díaz-Pintado, declaró en la Comisión que informó al Ministerio, en la misma mañana del día de los atentados, que el explosivo era Titadine (material utilizado habitualmente por ETA durante los últimos años) porque se lo había dicho el comisario Santiago Cuadro Jaén, del que depende el servicio de desactivación de explosivos.
Esa comunicación se produjo sobre las 12.45 horas del mismo día 11. El subdirector estaba reunido en el Ministerio con la cúpula de Interior. Cuadro estaba en la zona cero.
Cuadro Jaén informó -tras recibir una primera llamada de Díaz-Pintado preguntándole por la composición de las bombas- de la posibilidad de que se tratara de dinamita con cordón detonante después de consultar con los Tedax.
Cuadro insistió en que no mencionó Titadine y que sólo comunicó que los indicios que manejaban los artificieros «inducían a pensar» que se trataba de dinamita, «posiblemente reforzada» con cordón detonante.
«Lo digo de manera categórica», sentenció. Manifestó que no sabía en qué momento se produjo el error. «Yo no dije Titadine, yo dije dinamita. Estoy seguro al 100%», aseveró. Tal fue su contundencia que la mayor parte de los portavoces parlamentarios señalaron que se creían plenamente su versión. «No me bajo ni un ápice de lo que he dicho», afirmó. Según sus palabras, hasta las 14.30 o 14.40 horas no se comprobó en los laboratorios de la Policía que efectivamente se trataba de dinamita. Sólo después del análisis del explosivo hallado en la mochila bomba desactivada en Vallecas, se pudo conocer que la marca era Goma 2 ECO.
Cuadro relató sus movimientos y conversaciones a lo largo de la mañana del día 11 y confirmó que, en torno a las 12.00 o 12.30 horas, recibió una llamada de Díaz-Pintado en la que se le requería de forma «urgente» que le informara del tipo de explosivo utilizado.
Según dijo a los diputados, insistió «con firmeza en la necesidad de no ir con prisa para evitar errores». Acto seguido, contactó con los artificieros que estaban trabajando en la zona de los atentados y, en virtud de sus experiencias «empíricas de los efectos de la explosión y del cráter que dejaron las bombas en el suelo» pensó que podía tratarse de dinamita con cordón detonante.Telefoneó a Díaz-Pintado y le dijo que aparecían «indicios que inducen a pensar que podemos estar ante un tipo de dinamita, posiblemente reforzada con cordón detonante».
Santiago Cuadro expresó su «gran respeto» por Díaz-Pintado, a quien calificó de «extraordinario profesional», y aseguró que han tenido «muy buena sintonía» y que la seguirán teniendo. Añadió que ayer coincidió con él en el Congreso.
Horas después, Díaz-Pintado, en declaraciones a Europa Press, insistía en que fue Cuadro el que le habló de Titadine. Añadió, además, que tiene testigos. «No me lo voy a inventar. ¿Cómo voy a decir que es Titadine si nadie me lo dice?», se preguntó.
Indicó que, posiblemente, Santiago Cuadro quiere evitar «quedar como el malo de la película» por la repercusión posterior que ha tenido el tipo de explosivo utilizado a la hora de investigarse la autoría del atentado. Explicó que, si tiene que someterse a un careo con Cuadro mantendrá lo que declaró.
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De Rafá Zouhier a Paulino .-T exto íntegro de la carta del 8 de junio
15-07-04
11-M LA INVESTIGACION / LOS DOCUMENTOS
De Rafá Zouhier a Paulino Rivero
Texto íntegro de la carta del 8 de junio en la que el confidente solicitó comparecer ante la Comisión
«D. RAFA ZOUHIER, interno en el centro Penitenciario Madrid VI, Aranjuez, con carácter preventivo como consecuencia del Sumario 20/04 instruido por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, DIGO:(.../...)
Que a los efectos de aclarar mi colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la cual es objeto de investigación por la Comisión del Congreso que usted preside, vengo a poner de manifiesto los siguientes extremos:
I.- Entre los meses de abril y mayo de 2003, puse en conocimiento de dos miembros de la UCO de la Guardia Civil, con los que colaboraba habitualmente y que se hacen llamar Rafa y Víctor (ostentando este último el grado de capitán), que el Sr. Castro Toro, residente en Asturias, y cuñado de José Emilio Suárez Trashorras, disponía de material explosivo y lo estaba ofreciendo en el mercado negro, tras lo que dichos agentes me proporcionaron fondos para que me desplazase a Asturias -previa firma del correspondiente recibí que seguramente obrará en los archivos de la UCO- y allí les señalase exactamente al referido Antonio Castro Toro y consiguiese muestras del explosivo ofertado.
Una vez que Antonio Castro Toro me facilitó una muestra del explosivo, yo se la hice llegar en un frasco a los Sres. Rafa y Víctor, en una cita concertada con estos últimos en el centro comercial de Las Rozas, y tras someter a análisis dichas muestras, me propusieron a su vez que intermediase con alguna organización interesada en la adquisición del material explosivo y así mediante una entrega controlada, la Guardia Civil detuviese a todos los intervinientes en dicha transacción. Finalmente, dado que no encontré a nadie interesado en la adquisición de explosivos, no se pudieron llevar a cabo los planes de dichos miembros de la Benemérita, si bien éstos procedieron a la detención del Sr. Castro Toro, al encontrarle en posesión de 150 gramos de cocaína, quedando en libertad al mes por razones que desconozco.
Es de destacar que sí informé a la UCO de la existencia del mercado negro de explosivos, de haber intervenido en la compraventa de dicha mercancía, lógicamente también habría comunicado dicha circunstancia a la Guardia Civil.
II.- Mi relación con los miembros de la UCO de la Guardia Civil se remonta a unos dos años y medio atrás, y por intermediación de un conocido mío llamado Mario [...], con DNI [...] y teléfono móvil [...] y quien colabora con la policía desde hace varios años, si bien me he enterado que trata de abandonar España a los efectos de eludir cualquier responsabilidad derivada de los hechos.
Los miembros de la UCO me aseguraron que como recompensa a los servicios prestados obtendría la nacionalidad española y un piso.
Hay que destacar que en alguna ocasión ha estado presente en mis encuentros con Víctor y Rafa un superior de ellos que se hacía llamar Paco.
III.- Tras los hechos del 11-M, se me hizo saber a través del referido Mario que sería conveniente que abandonase España, pero como no lo creí conveniente Víctor y Rafa, los miembros de la UCO con quien colaboraba, me citaron por teléfono en el centro comercial de la Ermita en Madrid y yo nada debía temer dado que no tenía relación alguna con los criminales atentados, acudí voluntariamente y confiado al lugar de la cita, donde los susodichos me pidieron que les acompañase a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, lugar en el que ya había estado yo con ellos en ocasiones anteriores.
En dichas dependencias policiales, mis interlocutores me comentaron que debían proceder a mi detención, pero que no me preocupase puesto que inmediatamente quedaría en libertad al mediar ellos con el juez competente, si bien me sugerían que no comentase a nadie que yo había avisado a la policía de la existencia de los explosivos.
IV.- Actualmente, temo por mi vida, puesto que se me ha puesto de manifiesto que los miembros de la UCO podrían enviar a la cárcel un sicario para asesinarme.
V.- No entiendo cómo, habiendo colaborado lealmente con España y su policía, se me trata como un terrorista, con el riesgo de sufrir una larga condena por la sola razón de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tratan de ocultar su ineficacia.
VI.- He remitido otras cartas autógrafas exponiendo mi situación, tanto a Su Majestad el Rey, como al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
VII.- Deseo comparecer en la Comisión de Investigación que usted preside con el único fin de facilitar y aclarar cualquier información al respecto que sea preciso».
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'Avisé y no me han hecho caso'
15-07-04
11-M LA INVESTIGACION / Zouhier acusa publicamente a la UCO:
'Avisé y no me han hecho caso'
Ratifica ante la juez de Valdemoro que fue presionado por los agentes de la Guardia Civil que le visitaron en la cárcel para que no hablara con nadie sobre los explosivos - Declara que recibió amenazas telefónicas a través de otro confidente y que su novia también ha sido coaccionada
MANUEL MARRACO
MADRID.- El confidente de la Guardia Civil Rafá Zohuier no comparecerá ante la Comisión de Investigación del 11-M, pero ayer tuvo dos oportunidades para hablar en público. A su llegada al Juzgado número 3 de Valdemoro (Madrid), el marroquí defendió su inocencia y afirmó: «Me han presionado».
(.../...)
Tras prestar declaración, fue introducido en el furgón policial y, entre gritos de «asesino», le preguntaron: «¿Avisaste de los atentados?». «Sí, avisé y no me han hecho caso», respondió. «¿Qué quieren, que los detenga yo?», añadió.
Zouhier, en prisión desde el 24 de marzo por colaboración con banda armada, declaró ante la juez sobre las presiones y amenazas que ha recibido en la cárcel para que no hablara del 11-M. El confidente acusó públicamente a varios miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de haberle advertido que sería peor para él si contaba lo que sabía sobre los explosivos.
11-M Ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Valdemoro, Verónica Caravantes, el marroquí confirmó ayer que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para los que había trabajado como confidente le visitaron en prisión y le presionaron para que guardara silencio.
También relató a la juez las amenazas que vía telefónica le había dirigido otro confidente del Instituto Armado, así como las coacciones que había sufrido su novia.
Según la defensa de Zouhier en el proceso por el 11-M, el detenido explicó que los agentes le advirtieron de que, si hacía público lo que conocía sobre la dinamita usada en los atentados, le acabarían imputando los asesinatos y no podría salir de la cárcel. «¿A usted eso le parece una amenaza»?», le preguntó la juez. «No me parece ninguna broma», respondió Zouhier.
La visita de tres miembros de la UCO que fueron sus contactos se produjo el 14 de abril en la cárcel de Valdemoro. «Tú eres de los nuestros y te vamos a sacar de aquí. Pero para lograr eso no tienes que hablar con nadie. Ni con la prensa, ni con el juez, ni con tu abogado, ni con la Comisión del 11-M. Los únicos que te podemos sacar de aquí somos nosotros», le dijeron los agentes a Zouhier, como ya adelantó este diario.
El marroquí también relató que había recibido amenazas de otro amigo y confidente de la Guardia Civil llamado Mario. Fue éste, precisamente, quien le puso en contacto por primera vez con agentes del Instituto Armado y le convenció para actuar como confidente.
Según Zouhier, en algunas de las conversaciones telefónicas que mantuvo desde la cárcel con Mario, éste le había hecho llegar amenazas en el caso de que hablase sobre su relación con los explosivos. «Tu cabeza vale mucho», le dijo Mario, quien le advirtió que tuviese cuidado con lo que decía.
Este hecho fue denunciado por Zouhier en una carta que envió al ministro del Interior, José Antonio Alonso, el pasado 4 de mayo: «Se me ha puesto de manifiesto que los miembros de la UCO podrían enviar un sicario a la cárcel para asesinarme», decía el marroquí.
El 1 de junio, al día siguiente de que EL MUNDO divulgara la carta, la Fiscalía General envió un escrito a la Fiscalía de Madrid que adjuntaba la noticia. Diez días después, la Fiscalía de Madrid presentó una denuncia sobre las posibles presiones y amenazas. Tras admitir a trámite la denuncia, el Juzgado número 3 de Valdemoro llamó a declarar a Zouhier.
Esta es la única diligencia que se ha practicado hasta el momento, aunque fuentes judiciales explican que, teniendo en cuenta el contenido de la declaración y tras oír la opinión de la Fiscalía, la juez está estudiando la práctica de otras nuevas. La decisión se producirá, previsiblemente, la próxima semana.
Zouhier compareció ayer en calidad de perjudicado, por lo que pudo hacerlo sin abogado. Según fuentes judiciales, la juez le ofreció la posibilidad de que emprendiera acciones penales por las posibles amenazas, pero el marroquí no quiso hacerlo.
Respecto a las presiones recibidas por su novia, explicó ayer que el mismo confidente que le ha transmitido las amenazas entró en contacto con ella para decirle que dejara la relación. El marroquí sostiene que es un intento más de quitarle un posible respaldo para afrontar las presiones que sufre.
Zouhier, además, lamentó que funcionarios de la prisión de Aranjuez no le permitieran llevar consigo al juzgado algunas cartas de su novia, así como las instancias selladas relativas a las visitas en prisión. Según Rafá, el director de la prisión de Valdemoro le ordenó completar una instancia en la que se leía: «Deseo recibir a la policía y a cualquier persona que me quiera ayudar».
Zouhier también está preocupado por que se divulgue una imagen suya de «chivato del mundo de la noche», y cree que sólo se busca que «alguien» intente ajustar cuentas con él. «No soy un chivato», gritó ayer el marroquí al llegar al juzgado. El sostiene que es «un confidente de alto nivel», porque sus interlocutores eran agentes de la UCO.
Ante el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, Zouhier ha declarado que informó a esos contactos de que existía una trama de tráfico de dinamita en Asturias, y que llegó a proporcionarles una muestra del explosivo, que éstos analizaron. Aunque también logró hacerse con un detonador, no llegó a entregarlo a los agentes porque le estalló en las manos.
Sin embargo, en su auto del 18 de junio, el magistrado afirma que, según lo que consta en el sumario, «en modo alguno» Rafá Zouhier transmitió dato alguno «sobre los preparativos, intenciones o actuaciones que podrían estar realizando sus conocidos para la perpetración de acción alguna de carácter terrorista».
MANUEL MARRACO
MADRID.- El confidente de la Guardia Civil Rafá Zohuier no comparecerá ante la Comisión de Investigación del 11-M, pero ayer tuvo dos oportunidades para hablar en público. A su llegada al Juzgado número 3 de Valdemoro (Madrid), el marroquí defendió su inocencia y afirmó: «Me han presionado».
(.../...)
Tras prestar declaración, fue introducido en el furgón policial y, entre gritos de «asesino», le preguntaron: «¿Avisaste de los atentados?». «Sí, avisé y no me han hecho caso», respondió. «¿Qué quieren, que los detenga yo?», añadió.
Zouhier, en prisión desde el 24 de marzo por colaboración con banda armada, declaró ante la juez sobre las presiones y amenazas que ha recibido en la cárcel para que no hablara del 11-M. El confidente acusó públicamente a varios miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de haberle advertido que sería peor para él si contaba lo que sabía sobre los explosivos.
11-M Ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Valdemoro, Verónica Caravantes, el marroquí confirmó ayer que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para los que había trabajado como confidente le visitaron en prisión y le presionaron para que guardara silencio.
También relató a la juez las amenazas que vía telefónica le había dirigido otro confidente del Instituto Armado, así como las coacciones que había sufrido su novia.
Según la defensa de Zouhier en el proceso por el 11-M, el detenido explicó que los agentes le advirtieron de que, si hacía público lo que conocía sobre la dinamita usada en los atentados, le acabarían imputando los asesinatos y no podría salir de la cárcel. «¿A usted eso le parece una amenaza»?», le preguntó la juez. «No me parece ninguna broma», respondió Zouhier.
La visita de tres miembros de la UCO que fueron sus contactos se produjo el 14 de abril en la cárcel de Valdemoro. «Tú eres de los nuestros y te vamos a sacar de aquí. Pero para lograr eso no tienes que hablar con nadie. Ni con la prensa, ni con el juez, ni con tu abogado, ni con la Comisión del 11-M. Los únicos que te podemos sacar de aquí somos nosotros», le dijeron los agentes a Zouhier, como ya adelantó este diario.
El marroquí también relató que había recibido amenazas de otro amigo y confidente de la Guardia Civil llamado Mario. Fue éste, precisamente, quien le puso en contacto por primera vez con agentes del Instituto Armado y le convenció para actuar como confidente.
Según Zouhier, en algunas de las conversaciones telefónicas que mantuvo desde la cárcel con Mario, éste le había hecho llegar amenazas en el caso de que hablase sobre su relación con los explosivos. «Tu cabeza vale mucho», le dijo Mario, quien le advirtió que tuviese cuidado con lo que decía.
Este hecho fue denunciado por Zouhier en una carta que envió al ministro del Interior, José Antonio Alonso, el pasado 4 de mayo: «Se me ha puesto de manifiesto que los miembros de la UCO podrían enviar un sicario a la cárcel para asesinarme», decía el marroquí.
El 1 de junio, al día siguiente de que EL MUNDO divulgara la carta, la Fiscalía General envió un escrito a la Fiscalía de Madrid que adjuntaba la noticia. Diez días después, la Fiscalía de Madrid presentó una denuncia sobre las posibles presiones y amenazas. Tras admitir a trámite la denuncia, el Juzgado número 3 de Valdemoro llamó a declarar a Zouhier.
Esta es la única diligencia que se ha practicado hasta el momento, aunque fuentes judiciales explican que, teniendo en cuenta el contenido de la declaración y tras oír la opinión de la Fiscalía, la juez está estudiando la práctica de otras nuevas. La decisión se producirá, previsiblemente, la próxima semana.
Zouhier compareció ayer en calidad de perjudicado, por lo que pudo hacerlo sin abogado. Según fuentes judiciales, la juez le ofreció la posibilidad de que emprendiera acciones penales por las posibles amenazas, pero el marroquí no quiso hacerlo.
Respecto a las presiones recibidas por su novia, explicó ayer que el mismo confidente que le ha transmitido las amenazas entró en contacto con ella para decirle que dejara la relación. El marroquí sostiene que es un intento más de quitarle un posible respaldo para afrontar las presiones que sufre.
Zouhier, además, lamentó que funcionarios de la prisión de Aranjuez no le permitieran llevar consigo al juzgado algunas cartas de su novia, así como las instancias selladas relativas a las visitas en prisión. Según Rafá, el director de la prisión de Valdemoro le ordenó completar una instancia en la que se leía: «Deseo recibir a la policía y a cualquier persona que me quiera ayudar».
Zouhier también está preocupado por que se divulgue una imagen suya de «chivato del mundo de la noche», y cree que sólo se busca que «alguien» intente ajustar cuentas con él. «No soy un chivato», gritó ayer el marroquí al llegar al juzgado. El sostiene que es «un confidente de alto nivel», porque sus interlocutores eran agentes de la UCO.
Ante el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, Zouhier ha declarado que informó a esos contactos de que existía una trama de tráfico de dinamita en Asturias, y que llegó a proporcionarles una muestra del explosivo, que éstos analizaron. Aunque también logró hacerse con un detonador, no llegó a entregarlo a los agentes porque le estalló en las manos.
Sin embargo, en su auto del 18 de junio, el magistrado afirma que, según lo que consta en el sumario, «en modo alguno» Rafá Zouhier transmitió dato alguno «sobre los preparativos, intenciones o actuaciones que podrían estar realizando sus conocidos para la perpetración de acción alguna de carácter terrorista».
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14.7.04
El inverosímil informe de la UCO
14-07-04
14-07-04
11-M LA INVESTIGACION / LOS CONFIDENTES
El inverosímil informe de la UCO
El documento remitido por el general Gómez Arruche a Interior está plagado de omisiones e incongruencias orientadas a exculpar a la Guardia Civil por su relación con el confidente Rafá Zouhier
CAYETANA ALVAREZ DE TOLEDO
El pasado 5 de mayo, el flamante director de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, remitió al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, un informe sobre «las circunstancias de la colaboración» de Rafá Zouhier con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).
(.../...)
En un estéril intento de dejar sin argumentos a quienes reclaman la comparecencia de los confidentes policiales ante la Comisión de Investigación del 11-M, el Ministerio del Interior filtró, el pasado sábado, parte de dicho informe a los medios más afines al Gobierno, la agencia Efe y la cadena Ser. El País, por su parte, ofrecía ayer la posibilidad añadida de leer y analizar detalladamente la versión completa del documento presentado por Gómez Arruche. Un ejercicio que, para desgracia de quienes esperaban que sirviera para dar carpetazo al incómodo debate que se ha abierto en torno a la implicación, por acción u omisión, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el 11-M, ha resultado tremendamente interesante y ha dado un motivo más para exigir no sólo la comparecencia de los confidentes, sino también la de sus controladores, los jefes de sus controladores y todos los policías de la llamada célula de Avilés.
Pero antes de entrar a valorar el informe párrafo por párrafo hay que apuntar que éste no es el resultado de una investigación independiente orientada a averiguar si, efectivamente, algunos agentes de la Guardia Civil pudieron conocer, antes de los atentados, la existencia de una trama de tráfico de explosivos cuyo destino eran los supuestos autores de la matanza de Madrid. No. El informe simplemente recoge la versión oficial que, a instancias de Gómez Arruche, ha dado la propia UCO, encabezada -cabe recordar- por el mismo coronel Félix Hernando que entregó en Suiza los maletines de Rafael Vera a las mujeres de Amedo y Domínguez. La veracidad de su contenido queda, pues, de antemano en entredicho.
ZOUHIER SE HACE CONFIDENTE
«Rafael Zouhier fue colaborador ocasional y esporádico, en primer lugar, desde hace varios años con diferente personal del Puesto de Las Rozas de la Comandancia de Madrid, sin que facilitara ningún dato relevante durante esa época».
El informe comienza con una vaga alusión a los remotos orígenes de la relación entre Rafá Zouhier y la Benemérita. Nada que objetar, aunque no estaría de más saber desde hace cuánto tiempo figuraba el marroquí en la aparentemente larga lista de confidentes policiales y quiénes eran sus controladores.
«El día 20 de septiembre de 2001, fue detenido, en unión de otros, por efectivos de la Comandancia de Gijón, como supuesto autor de un delito de robo con violencia en la joyería Luna de Oro del centro comercial Parque Principal de Pola de Siero (Asturias).Como consecuencia de esta detención, ingresó en la prisión de Villabona el 21 de septiembre de 2001, donde permaneció hasta febrero de 2002, cuando fue puesto en libertad por el Juzgado de Instrucción número 2 de Pola de Lena (Asturias) que conocía de dicho procedimiento penal».
El segundo párrafo ya da la pauta de las omisiones, la falta de rigor y la inexactitud del informe. Varios datos clave quedan, inexplicablemente, sin mencionar. El primero es que fue en la cárcel asturiana de Villabona donde Rafá Zouhier conoció a Antonio Toro Castro, quien había ingresado dos meses antes acusado de un delito de tráfico de estupefacientes. Toro Castro, cabe recordar, sirvió junto con Zouhier de enlace entre el ex minero y proveedor de explosivos, Emilio Suárez Trashorras, y Jamal Ahmidan, alias El Chino, uno de los presuntos autores del 11-M que murió en la brutal explosión del piso de Leganés.
Zouhier y Toro Castro habían trabajado como porteros de discoteca y ambos tenían relación con el submundo de la droga, por lo que presumiblemente no habrán tardado mucho tiempo en trabar amistad.De hecho, fue durante su estancia en dicho centro penitenciario cuando Toro Castro le dijo al marroquí que él tenía la capacidad para conseguir dinamita con bastante facilidad.
Pero no eran los únicos reclusos a los que podía interesarles la posibilidad de adquirir explosivos. También estaban presos en Villabona en esas fechas cuatro etarras, tres dirigentes de Jarrai y Abdelkrim Beresmail, un miembro del grupo terrorista argelino GIA, cuyas irrefrenables «ganas de matar yankis» le merecieron la profunda admiración del miembro de la organización juvenil abertzale, José Luis Camarero.
«En otoño de 2001 y a petición del citado Rafá, fue contactado por agentes de la UCO (...) en la prisión de Villabona, ya que quería colaborar con información a cambio de poder mejorar su situación judicial penitenciaria».
La idea de que Rafá Zouhier se puso en contacto motu proprio con la UCO resulta muy poco verosímil. A no ser, claro está, que en el mundo de la delincuencia fuera ya un secreto a voces lo provechoso que podía ser cooperar con dicha unidad de la Guardia Civil.
Mucho más probable, sin embargo, es que fuera al revés y que agentes de la Unidad Central Operativa se acercaran a Rafá Zouhier, en cuyo currículum, como bien reconoce en su primer párrafo el informe, figuraba haber sido durante años confidente en Las Rozas.
Por otra parte, el documento no concreta -aunque todo así lo indica- que fue gracias a su estrecha colaboración con la UCO que Rafá Zouhier logró salir de la prisión de Villabona tan sólo cinco meses después de poner un primer pie en ella.
LAS APORTACIONES DE RAFA
«[Rafá Zouhier] facilitó noticias que posibilitaron la iniciación y culminación de una primera operación policial, ejecutada a principios de 2002, en la que se consiguió la detención (...) de 13 personas (entre ellas el propio informador) y la incautación de seis armas cortas, munición y droga a algunos miembros de la seguridad de locales de ocio y alterne de la capital».
El informe filtrado por el Ministerio del Interior se refiere aquí a la llamada operación Hierro, llevada a cabo en febrero de 2002, que se saldó con la detención de un grupo dedicado al tráfico de armas desde Portugal.
El hecho de que Zouhier estuviera entre los detenidos demuestra claramente que la UCO le utilizó como agente infiltrado en la trama delictiva. Es la misma estrategia que presuntamente volvería a utilizar más tarde en relación con el tráfico de explosivos en Avilés, con la diferencia sustancial de que en aquella primera ocasión la estancia del confidente en la cárcel fue muy breve, lo suficiente como para que el resto de los detenidos no se percatara de su condición de topo de la Guardia Civil.
El informe permite pensar, pues, que la UCO pactó con Rafá Zouhier que su ingreso en prisión sería temporal, un acuerdo que también pudo mediar un año más tarde cuando lo que se pretendía investigar era la trama de Avilés. Ello explicaría los amargos reproches que el confidente dedica hoy a sus controladores, quienes, según ha asegurado Zouhier a EL MUNDO, le prometieron que le protegerían y, una vez dentro de la cárcel, le dijeron: «Tú eres de los nuestros y te vamos a sacar de aquí».
«Esporádicamente, en el resto del año 2002 y 2003, facilitó otro tipo de informaciones y datos concretos, todos relacionados con la pequeña delincuencia y el tráfico de estupefacientes a nivel de distribución al menudeo».
Lo que el informe despacha en un párrafo vago orientado a restar trascendencia a las aportaciones de Zouhier son, en realidad, varias actuaciones policiales de bastante envergadura, entre ellas la operación Merlín, que se saldó con la detención de 11 personas, la mayoría de origen marroquí, acusadas de robar en joyerías.
Uno de esos atracadores era Rachid Aglif, íntimo amigo del principal imputado por el 11-M, Jamal Zougam, uno de los comensales del McDonald's donde se cerró la operación de compraventa de explosivos y uno de los asistentes a la boda de Emilio Suárez Trashorras con Carmen Toro, la hermana de Antonio.
SOBRE LA PISTA DE LOS EXPLOSIVOS
«Ya en los primeros días de 2003, en contacto con agentes de la UCO (...) comentó que tenía información sobre un individuo de Avilés, que buscaba compradores para explosivos y que decía que había sustraído cierta cantidad de algún depósito de explosivos, ya que al parecer trabajó como vigilante en este sector de la industria minera. Por la UCO se trató de comprobar la información, se identificaron los supuestos vendedores y, a su vez, efectivos del Cuerpo en Asturias prosiguieron en la investigación colaborando el referenciado Rafá Zouhier en varias de las gestiones realizadas».
El «individuo de Avilés», cuyo nombre no menciona el informe, es Emilio Suárez Trashorras, el confidente de la policía -concretamente, del inspector de la Brigada de Estupefacientes de Avilés y antiguo miembro de la Brigada Central de Información, Manuel García Rodríguez- quien proporcionó los explosivos al comando de Leganés.
En cuanto a la «colaboración» a la que eufemísticamente alude el informe de Gómez Arruche, ésta consistió, nada más y nada menos, que en una estrechísima relación que el propio Zouhier ha detallado tanto al juez como en su primera carta a este periódico.En su misiva, Zouhier revela que informaba a dos agentes de la UCO -cuyos nombres en clave eran Rafa y Víctor- con quienes solía reunirse en un centro comercial cercano a la Pradera de San Isidro.«En mayo de 2003», ha explicado, «les informé de que me habían ofrecido dinamita y explosivos, y ellos me dijeron que les siguiera el juego, que me enterara de todo y que se los marcara para poder seguirlos».
No sólo eso. Los agentes también le dieron dinero para que alquilara un coche, marca Nissan, con el que se trasladó a Asturias para realizar sus pesquisas. Zouhier volvió a Avilés a mediados de mayo y, tal como le habían exigido sus superiores, trajo consigo a Madrid una muestra de los explosivos y de un detonador que Antonio Toro Castro había puesto en el mercado. En un centro comercial de las Rozas hizo entrega a sus controladores de la Goma 2. No así del detonador que, como bien recoge el auto del juez Del Olmo, le había estallado en las manos mientras lo intentaba probar.
El informe, sin embargo, elude siquiera mencionar estos datos clave, que indican que la UCO estaba al tanto del peligroso negocio en el que andaban metidos Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro Castro.
¿UN OPERATIVO VASTO Y EXTENSO?
«Esta unidad, ante lo expuesto por Zouhier, desplegó un vasto y extenso operativo policial, comprobando cada noticia que éste facilitaba sobre el particular y, en consecuencia, se realizaron seguimientos, vigilancias y reconocimientos de lugares del entorno de las personas investigadas, del que no fue posible obtener ningún dato o hecho objetivo que pudiera corroborar la verosimilitud de sus manifestaciones, ni ningún otro que tuviera entidad suficiente para poder instruir diligencias policiales de trascendencia penal».
El informe también evita concretar en qué consistió exactamente lo que primero describe grandilocuentemente como «un vasto y extenso operativo policial», para luego alegar que no permitió a la UCO descubrir absolutamente nada. ¿Interrogaron los agentes a sus colegas de la Policía de Avilés? ¿No se enteraron de que hacía tiempo que Suárez Trashorras, Antonio Toro y su hermana Carmen ejercían como confidentes del inspector Manolón? ¿Nadie les habló del informe que la Policía de Oviedo había remitido a Avilés a finales de 2002 advirtiendo de que Suárez Trashorras «andaba traficando con dinamita»? ¿Tampoco fueron informados de la denuncia interpuesta en esas mismas fechas ante la Fiscalía de Oviedo por el abogado Carlos Tejeda sobre la existencia de una trama asturiana dedicada a la venta de explosivos a ETA? ¿No llegaron a investigar en las minas de las que Suárez Trashorras y sus cómplices sustrajeron los explosivos?
Hace falta un acto de fe para creer que la UCO no se enteró de nada cuando sus colegas de la policía tenían ya sobre la mesa tantos indicios de que las denuncias de su confidente iban bien encaminadas. Más bien da la impresión de que -como apunta el propio Zouhier en su última carta a EL MUNDO- los agentes de la Guardia Civil dieron marcha atrás y regresaron a Madrid cuando se enteraron de que los individuos delatados por su confite estaban a su vez controlados por la policía.
«Visto el escaso resultado obtenido con todos los medios legales disponibles, y contando como único argumento con la credibilidad del testimonio, indirecto o de referencia, de Zouhier (...) y a fin de poder avanzar en las investigaciones, éstas fueron puestas verbalmente y en detalle a la Fiscalía de Avilés, que (...) pese a la aparente gravedad de los hechos que le eran referidos, se pronunció negativamente sobre la viabilidad del inicio de un eventual procedimiento penal».
Sorprendente resulta también la pasividad con la que, siempre según la UCO, actuó la Fiscalía de Avilés, organismo que necesariamente colaboraba estrechamente con la comisaría local y que, como tal, debía conocer también el informe de la Policía de Oviedo sobre la implicación de Suárez Trashorras en la venta de dinamita.Los responsables de la UCO tienen, pues, la obligación de aclarar con qué fiscal hablaron sus subordinados y qué información exacta le dieron.
UN PARENTESIS INVEROSIMIL
«No obstante, se continuó infructuosamente con dicho operativo, si bien a partir de marzo de 2003, al no aportar el citado Rafá nuevas noticias de interés policial, se van reduciendo sus encuentros informativos con el personal de la UCO, que siguió indagándole periódicamente sin resultado sobre si disponía de más información relativa al presunto delito de sustracción y comercio ilícito de explosivos del que había informado, llegando a contestar en alguna ocasión que seguramente no era nada».
El informe pretende dar a entender que Zouhier no facilitó durante un año información relevante a la UCO porque o bien no la tenía o bien no la quería dar. Ello, sin embargo, choca con las propias confesiones del confidente de que durante 2003 estuvo en permanente contacto con sus controladores. De hecho, fue a mediados de mayo de ese año cuando se trasladó a Avilés para traer una muestra de los explosivos de Toro Castro. Además, a instancias de sus controladores, Zouhier se puso en contacto con un grupo búlgaro al que no consiguió colocarle los explosivos. También durante los primeros meses de ese año, informó a la UCO de que Suárez Trashorras y Toro Castro vendían hachís a El Chino y a su banda a cambio de vehículos.
«El siguiente contacto, previa llamada telefónica de Zouhier, se produce el 16 de marzo de 2004, manifestando éste que, a la vista de algunas de las fotografías que aparecieron en medios de comunicación social, intentaría proporcionar datos que ayudasen en la investigación».
¿Siguiente contacto? ¿Respecto a qué fecha? El informe de la UCO se escuda en la ambigüedad para no aclarar qué contactos mantuvieron sus agentes con Zouhier en vísperas del 11-M, y eso da lugar a pensar que dicha unidad tiene algo que ocultar. Sobre todo teniendo en cuenta la larga conversación telefónica que Zouhier y su controlador Víctor mantuvieron el día 17 -reproducida íntegramente en el auto del juez-, de la que se puede deducir que habían mantenido más de una charla en los días o semanas anteriores.
La duda persiste, pues, sobre si Zouhier transmitió o no a sus controladores información relativa a la preparación del 11-M.En este sentido, parece bastante relevante que, según se desprende del auto, Carmen Toro llamara a Zouhier hasta ocho veces entre el 16 de diciembre de 2003 y el 13 de febrero de 2004.
«La Guardia Civil de Asturias, el 13 de junio de 2003, detiene a Antonio Toro Castro (...) por un delito contra la salud pública, practicándose dos registros domiciliarios con resultado negativo sobre tenencia de armas y explosivos».
Cabe preguntarse cómo es posible que la Guardia Civil de Avilés haya detenido a Toro por tráfico de drogas y no haya descubierto que sus colegas de la UCO le habían investigado apenas un par de meses antes por tráfico de dinamita. La única explicación posible es que la UCO engañara a sus compañeros asturianos respecto a las andanzas del confidente de Manolón.
LA CAIDA DE CONFIDENTE
«Una vez que se tiene noticia en el Servicio de Información (...) de que la policía estaba interesada en la detención de Zouhier por fuerzas de este servicio y de la UCO se procede a su detención y puesta a disposición de aquel cuerpo encargado del esclarecimiento de los hechos terroristas».
El informe olvida mencionar que el general José Manuel Varela -entonces máximo responsable de los servicios de Información de la Guardia Civil y, tras el 14-M, ascendido a subdirector de Operaciones- no informó en la primera reunión de la célula de crisis, constituida el 16 de marzo, de que la UCO seguía controlando a Zouhier ni tampoco de que fue gracias a una intervención telefónica de la policía como se pudo captar su conversación con el tal Víctor y proceder a su detención.
El 24 de marzo, Zouhier ingresó en la prisión de Valdemoro, donde -ha asegurado- fue objeto de presiones por parte de agentes de la UCO para que calle todos sus secretos. Mientras tanto, Antonio Toro, cuya vinculación con la venta de explosivos Zouhier delató tanto a sus controladores de la UCO como ante la Justicia, ha sido puesto en libertad.
CAYETANA ALVAREZ DE TOLEDO
El pasado 5 de mayo, el flamante director de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, remitió al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, un informe sobre «las circunstancias de la colaboración» de Rafá Zouhier con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).
(.../...)
En un estéril intento de dejar sin argumentos a quienes reclaman la comparecencia de los confidentes policiales ante la Comisión de Investigación del 11-M, el Ministerio del Interior filtró, el pasado sábado, parte de dicho informe a los medios más afines al Gobierno, la agencia Efe y la cadena Ser. El País, por su parte, ofrecía ayer la posibilidad añadida de leer y analizar detalladamente la versión completa del documento presentado por Gómez Arruche. Un ejercicio que, para desgracia de quienes esperaban que sirviera para dar carpetazo al incómodo debate que se ha abierto en torno a la implicación, por acción u omisión, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el 11-M, ha resultado tremendamente interesante y ha dado un motivo más para exigir no sólo la comparecencia de los confidentes, sino también la de sus controladores, los jefes de sus controladores y todos los policías de la llamada célula de Avilés.
Pero antes de entrar a valorar el informe párrafo por párrafo hay que apuntar que éste no es el resultado de una investigación independiente orientada a averiguar si, efectivamente, algunos agentes de la Guardia Civil pudieron conocer, antes de los atentados, la existencia de una trama de tráfico de explosivos cuyo destino eran los supuestos autores de la matanza de Madrid. No. El informe simplemente recoge la versión oficial que, a instancias de Gómez Arruche, ha dado la propia UCO, encabezada -cabe recordar- por el mismo coronel Félix Hernando que entregó en Suiza los maletines de Rafael Vera a las mujeres de Amedo y Domínguez. La veracidad de su contenido queda, pues, de antemano en entredicho.
ZOUHIER SE HACE CONFIDENTE
«Rafael Zouhier fue colaborador ocasional y esporádico, en primer lugar, desde hace varios años con diferente personal del Puesto de Las Rozas de la Comandancia de Madrid, sin que facilitara ningún dato relevante durante esa época».
El informe comienza con una vaga alusión a los remotos orígenes de la relación entre Rafá Zouhier y la Benemérita. Nada que objetar, aunque no estaría de más saber desde hace cuánto tiempo figuraba el marroquí en la aparentemente larga lista de confidentes policiales y quiénes eran sus controladores.
«El día 20 de septiembre de 2001, fue detenido, en unión de otros, por efectivos de la Comandancia de Gijón, como supuesto autor de un delito de robo con violencia en la joyería Luna de Oro del centro comercial Parque Principal de Pola de Siero (Asturias).Como consecuencia de esta detención, ingresó en la prisión de Villabona el 21 de septiembre de 2001, donde permaneció hasta febrero de 2002, cuando fue puesto en libertad por el Juzgado de Instrucción número 2 de Pola de Lena (Asturias) que conocía de dicho procedimiento penal».
El segundo párrafo ya da la pauta de las omisiones, la falta de rigor y la inexactitud del informe. Varios datos clave quedan, inexplicablemente, sin mencionar. El primero es que fue en la cárcel asturiana de Villabona donde Rafá Zouhier conoció a Antonio Toro Castro, quien había ingresado dos meses antes acusado de un delito de tráfico de estupefacientes. Toro Castro, cabe recordar, sirvió junto con Zouhier de enlace entre el ex minero y proveedor de explosivos, Emilio Suárez Trashorras, y Jamal Ahmidan, alias El Chino, uno de los presuntos autores del 11-M que murió en la brutal explosión del piso de Leganés.
Zouhier y Toro Castro habían trabajado como porteros de discoteca y ambos tenían relación con el submundo de la droga, por lo que presumiblemente no habrán tardado mucho tiempo en trabar amistad.De hecho, fue durante su estancia en dicho centro penitenciario cuando Toro Castro le dijo al marroquí que él tenía la capacidad para conseguir dinamita con bastante facilidad.
Pero no eran los únicos reclusos a los que podía interesarles la posibilidad de adquirir explosivos. También estaban presos en Villabona en esas fechas cuatro etarras, tres dirigentes de Jarrai y Abdelkrim Beresmail, un miembro del grupo terrorista argelino GIA, cuyas irrefrenables «ganas de matar yankis» le merecieron la profunda admiración del miembro de la organización juvenil abertzale, José Luis Camarero.
«En otoño de 2001 y a petición del citado Rafá, fue contactado por agentes de la UCO (...) en la prisión de Villabona, ya que quería colaborar con información a cambio de poder mejorar su situación judicial penitenciaria».
La idea de que Rafá Zouhier se puso en contacto motu proprio con la UCO resulta muy poco verosímil. A no ser, claro está, que en el mundo de la delincuencia fuera ya un secreto a voces lo provechoso que podía ser cooperar con dicha unidad de la Guardia Civil.
Mucho más probable, sin embargo, es que fuera al revés y que agentes de la Unidad Central Operativa se acercaran a Rafá Zouhier, en cuyo currículum, como bien reconoce en su primer párrafo el informe, figuraba haber sido durante años confidente en Las Rozas.
Por otra parte, el documento no concreta -aunque todo así lo indica- que fue gracias a su estrecha colaboración con la UCO que Rafá Zouhier logró salir de la prisión de Villabona tan sólo cinco meses después de poner un primer pie en ella.
LAS APORTACIONES DE RAFA
«[Rafá Zouhier] facilitó noticias que posibilitaron la iniciación y culminación de una primera operación policial, ejecutada a principios de 2002, en la que se consiguió la detención (...) de 13 personas (entre ellas el propio informador) y la incautación de seis armas cortas, munición y droga a algunos miembros de la seguridad de locales de ocio y alterne de la capital».
El informe filtrado por el Ministerio del Interior se refiere aquí a la llamada operación Hierro, llevada a cabo en febrero de 2002, que se saldó con la detención de un grupo dedicado al tráfico de armas desde Portugal.
El hecho de que Zouhier estuviera entre los detenidos demuestra claramente que la UCO le utilizó como agente infiltrado en la trama delictiva. Es la misma estrategia que presuntamente volvería a utilizar más tarde en relación con el tráfico de explosivos en Avilés, con la diferencia sustancial de que en aquella primera ocasión la estancia del confidente en la cárcel fue muy breve, lo suficiente como para que el resto de los detenidos no se percatara de su condición de topo de la Guardia Civil.
El informe permite pensar, pues, que la UCO pactó con Rafá Zouhier que su ingreso en prisión sería temporal, un acuerdo que también pudo mediar un año más tarde cuando lo que se pretendía investigar era la trama de Avilés. Ello explicaría los amargos reproches que el confidente dedica hoy a sus controladores, quienes, según ha asegurado Zouhier a EL MUNDO, le prometieron que le protegerían y, una vez dentro de la cárcel, le dijeron: «Tú eres de los nuestros y te vamos a sacar de aquí».
«Esporádicamente, en el resto del año 2002 y 2003, facilitó otro tipo de informaciones y datos concretos, todos relacionados con la pequeña delincuencia y el tráfico de estupefacientes a nivel de distribución al menudeo».
Lo que el informe despacha en un párrafo vago orientado a restar trascendencia a las aportaciones de Zouhier son, en realidad, varias actuaciones policiales de bastante envergadura, entre ellas la operación Merlín, que se saldó con la detención de 11 personas, la mayoría de origen marroquí, acusadas de robar en joyerías.
Uno de esos atracadores era Rachid Aglif, íntimo amigo del principal imputado por el 11-M, Jamal Zougam, uno de los comensales del McDonald's donde se cerró la operación de compraventa de explosivos y uno de los asistentes a la boda de Emilio Suárez Trashorras con Carmen Toro, la hermana de Antonio.
SOBRE LA PISTA DE LOS EXPLOSIVOS
«Ya en los primeros días de 2003, en contacto con agentes de la UCO (...) comentó que tenía información sobre un individuo de Avilés, que buscaba compradores para explosivos y que decía que había sustraído cierta cantidad de algún depósito de explosivos, ya que al parecer trabajó como vigilante en este sector de la industria minera. Por la UCO se trató de comprobar la información, se identificaron los supuestos vendedores y, a su vez, efectivos del Cuerpo en Asturias prosiguieron en la investigación colaborando el referenciado Rafá Zouhier en varias de las gestiones realizadas».
El «individuo de Avilés», cuyo nombre no menciona el informe, es Emilio Suárez Trashorras, el confidente de la policía -concretamente, del inspector de la Brigada de Estupefacientes de Avilés y antiguo miembro de la Brigada Central de Información, Manuel García Rodríguez- quien proporcionó los explosivos al comando de Leganés.
En cuanto a la «colaboración» a la que eufemísticamente alude el informe de Gómez Arruche, ésta consistió, nada más y nada menos, que en una estrechísima relación que el propio Zouhier ha detallado tanto al juez como en su primera carta a este periódico.En su misiva, Zouhier revela que informaba a dos agentes de la UCO -cuyos nombres en clave eran Rafa y Víctor- con quienes solía reunirse en un centro comercial cercano a la Pradera de San Isidro.«En mayo de 2003», ha explicado, «les informé de que me habían ofrecido dinamita y explosivos, y ellos me dijeron que les siguiera el juego, que me enterara de todo y que se los marcara para poder seguirlos».
No sólo eso. Los agentes también le dieron dinero para que alquilara un coche, marca Nissan, con el que se trasladó a Asturias para realizar sus pesquisas. Zouhier volvió a Avilés a mediados de mayo y, tal como le habían exigido sus superiores, trajo consigo a Madrid una muestra de los explosivos y de un detonador que Antonio Toro Castro había puesto en el mercado. En un centro comercial de las Rozas hizo entrega a sus controladores de la Goma 2. No así del detonador que, como bien recoge el auto del juez Del Olmo, le había estallado en las manos mientras lo intentaba probar.
El informe, sin embargo, elude siquiera mencionar estos datos clave, que indican que la UCO estaba al tanto del peligroso negocio en el que andaban metidos Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro Castro.
¿UN OPERATIVO VASTO Y EXTENSO?
«Esta unidad, ante lo expuesto por Zouhier, desplegó un vasto y extenso operativo policial, comprobando cada noticia que éste facilitaba sobre el particular y, en consecuencia, se realizaron seguimientos, vigilancias y reconocimientos de lugares del entorno de las personas investigadas, del que no fue posible obtener ningún dato o hecho objetivo que pudiera corroborar la verosimilitud de sus manifestaciones, ni ningún otro que tuviera entidad suficiente para poder instruir diligencias policiales de trascendencia penal».
El informe también evita concretar en qué consistió exactamente lo que primero describe grandilocuentemente como «un vasto y extenso operativo policial», para luego alegar que no permitió a la UCO descubrir absolutamente nada. ¿Interrogaron los agentes a sus colegas de la Policía de Avilés? ¿No se enteraron de que hacía tiempo que Suárez Trashorras, Antonio Toro y su hermana Carmen ejercían como confidentes del inspector Manolón? ¿Nadie les habló del informe que la Policía de Oviedo había remitido a Avilés a finales de 2002 advirtiendo de que Suárez Trashorras «andaba traficando con dinamita»? ¿Tampoco fueron informados de la denuncia interpuesta en esas mismas fechas ante la Fiscalía de Oviedo por el abogado Carlos Tejeda sobre la existencia de una trama asturiana dedicada a la venta de explosivos a ETA? ¿No llegaron a investigar en las minas de las que Suárez Trashorras y sus cómplices sustrajeron los explosivos?
Hace falta un acto de fe para creer que la UCO no se enteró de nada cuando sus colegas de la policía tenían ya sobre la mesa tantos indicios de que las denuncias de su confidente iban bien encaminadas. Más bien da la impresión de que -como apunta el propio Zouhier en su última carta a EL MUNDO- los agentes de la Guardia Civil dieron marcha atrás y regresaron a Madrid cuando se enteraron de que los individuos delatados por su confite estaban a su vez controlados por la policía.
«Visto el escaso resultado obtenido con todos los medios legales disponibles, y contando como único argumento con la credibilidad del testimonio, indirecto o de referencia, de Zouhier (...) y a fin de poder avanzar en las investigaciones, éstas fueron puestas verbalmente y en detalle a la Fiscalía de Avilés, que (...) pese a la aparente gravedad de los hechos que le eran referidos, se pronunció negativamente sobre la viabilidad del inicio de un eventual procedimiento penal».
Sorprendente resulta también la pasividad con la que, siempre según la UCO, actuó la Fiscalía de Avilés, organismo que necesariamente colaboraba estrechamente con la comisaría local y que, como tal, debía conocer también el informe de la Policía de Oviedo sobre la implicación de Suárez Trashorras en la venta de dinamita.Los responsables de la UCO tienen, pues, la obligación de aclarar con qué fiscal hablaron sus subordinados y qué información exacta le dieron.
UN PARENTESIS INVEROSIMIL
«No obstante, se continuó infructuosamente con dicho operativo, si bien a partir de marzo de 2003, al no aportar el citado Rafá nuevas noticias de interés policial, se van reduciendo sus encuentros informativos con el personal de la UCO, que siguió indagándole periódicamente sin resultado sobre si disponía de más información relativa al presunto delito de sustracción y comercio ilícito de explosivos del que había informado, llegando a contestar en alguna ocasión que seguramente no era nada».
El informe pretende dar a entender que Zouhier no facilitó durante un año información relevante a la UCO porque o bien no la tenía o bien no la quería dar. Ello, sin embargo, choca con las propias confesiones del confidente de que durante 2003 estuvo en permanente contacto con sus controladores. De hecho, fue a mediados de mayo de ese año cuando se trasladó a Avilés para traer una muestra de los explosivos de Toro Castro. Además, a instancias de sus controladores, Zouhier se puso en contacto con un grupo búlgaro al que no consiguió colocarle los explosivos. También durante los primeros meses de ese año, informó a la UCO de que Suárez Trashorras y Toro Castro vendían hachís a El Chino y a su banda a cambio de vehículos.
«El siguiente contacto, previa llamada telefónica de Zouhier, se produce el 16 de marzo de 2004, manifestando éste que, a la vista de algunas de las fotografías que aparecieron en medios de comunicación social, intentaría proporcionar datos que ayudasen en la investigación».
¿Siguiente contacto? ¿Respecto a qué fecha? El informe de la UCO se escuda en la ambigüedad para no aclarar qué contactos mantuvieron sus agentes con Zouhier en vísperas del 11-M, y eso da lugar a pensar que dicha unidad tiene algo que ocultar. Sobre todo teniendo en cuenta la larga conversación telefónica que Zouhier y su controlador Víctor mantuvieron el día 17 -reproducida íntegramente en el auto del juez-, de la que se puede deducir que habían mantenido más de una charla en los días o semanas anteriores.
La duda persiste, pues, sobre si Zouhier transmitió o no a sus controladores información relativa a la preparación del 11-M.En este sentido, parece bastante relevante que, según se desprende del auto, Carmen Toro llamara a Zouhier hasta ocho veces entre el 16 de diciembre de 2003 y el 13 de febrero de 2004.
«La Guardia Civil de Asturias, el 13 de junio de 2003, detiene a Antonio Toro Castro (...) por un delito contra la salud pública, practicándose dos registros domiciliarios con resultado negativo sobre tenencia de armas y explosivos».
Cabe preguntarse cómo es posible que la Guardia Civil de Avilés haya detenido a Toro por tráfico de drogas y no haya descubierto que sus colegas de la UCO le habían investigado apenas un par de meses antes por tráfico de dinamita. La única explicación posible es que la UCO engañara a sus compañeros asturianos respecto a las andanzas del confidente de Manolón.
LA CAIDA DE CONFIDENTE
«Una vez que se tiene noticia en el Servicio de Información (...) de que la policía estaba interesada en la detención de Zouhier por fuerzas de este servicio y de la UCO se procede a su detención y puesta a disposición de aquel cuerpo encargado del esclarecimiento de los hechos terroristas».
El informe olvida mencionar que el general José Manuel Varela -entonces máximo responsable de los servicios de Información de la Guardia Civil y, tras el 14-M, ascendido a subdirector de Operaciones- no informó en la primera reunión de la célula de crisis, constituida el 16 de marzo, de que la UCO seguía controlando a Zouhier ni tampoco de que fue gracias a una intervención telefónica de la policía como se pudo captar su conversación con el tal Víctor y proceder a su detención.
El 24 de marzo, Zouhier ingresó en la prisión de Valdemoro, donde -ha asegurado- fue objeto de presiones por parte de agentes de la UCO para que calle todos sus secretos. Mientras tanto, Antonio Toro, cuya vinculación con la venta de explosivos Zouhier delató tanto a sus controladores de la UCO como ante la Justicia, ha sido puesto en libertad.
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El propio Otegi pensó en la autoría de ETA
14-03-04
11-M LA INVESTIGACION / LOS DOCUMENTOS
El propio Otegi pensó en la autoría de ETA
Mostró su preocupación por esa posibilidad la mañana del 11-M en una conversación telefónica - Así lo revela un párrafo tachado de uno de los documentos del CNI remitidos ayer a la Comisión
MANUEL CERDAN
MADRID.- El propio Arnaldo Otegi, portavoz de Sozialista Abertzaleak (SA), llegó en un primer momento a pensar que ETA era la autora de los atentados del 11 de marzo.(.../...)
Así se refleja en el párrafo tachado de un documento elaborado por el CNI el mismo día de la masacre, según ha podido saber EL MUNDO de fuentes próximas a los servicios de Información.El documento fue desclasificado por el Gobierno de José María Aznar en el Consejo de Ministros del 18 de marzo, pero sin esas siete líneas.
Los miembros de la Comisión tuvieron ayer la oportunidad de estudiar este documento, entre otras 19 notas informativas reservadas del CNI, en una sesión secreta. Sin embargo, esa parte del texto siguió sin ser desclasificada por decisión del Gobierno socialista.
En el documento, los agentes del CNI informan del contenido de una conversación telefónica entre Otegi y un compañero de la izquierda abertzale. En ella, Otegi le pregunta si ETA ha sido la responsable del atentado y muestra su preocupación por esa posibilidad. Sin embargo, poco después, sobre las 13.00 horas del 11-M, el portavoz de SA compareció ante los medios de comunicación para negar la autoría de ETA y afirmar que el Gobierno mentía «deliberadamente» sobre los autores del atentado.
La nota del CNI se refiere a «las primeras conclusiones sobre la autoría y consecuencias de la cadena de atentados». El párrafo dedicado al líder de la izquierda abertzale -que no puso ser leído por los diputados, a pesar de que habían pedido su desclasificación- está intercalado entre uno que señala a ETA como la autora del atentado y otro que descarta la actuación de cualquier «organización ligada a la yihad islámica».
El portavoz del PP en la Comisión, Vicente Martínez-Pujalte, se quejó ante el resto de los grupos de que los documentos les fueran entregados con tachaduras. Le contestó Emilio Olabarria, el portavoz del PNV, que lo justificó diciendo que había que preservar la «información sensible».
Martínez-Pujalte declaró después que si Olabarria tenía conocimiento de que esa información era «sensible», era porque conocía su contenido y, por tanto, él también quería conocerlo.
Además de este documento, que ya había sido publicado por diversos medios de comunicación -excepto el párrafo eliminado-, el Gobierno remitió ayer a la Comisión del 11-M otros 19 papeles secretos, de los que los diputados pudieron tomar notas.
Faltan papeles
El Partido Popular denunció que el Gobierno no había facilitado a los diputados todos los papeles solicitados. De los tramitados por los grupos, faltaban siete: cuatro sobre las medidas antiterroristas adoptadas por el Gobierno de Aznar antes del 11-M, dos sobre el 13 de marzo y otro sobre el día 15.
A tenor de los comentarios de los portavoces de los grupos políticos, el contenido de los documentos del CNI no aportó mucha información a sus señorías. El representante de CIU, Jordi Jané, destacó el documento número 12, que hace referencia a la localización e inspección de la furgoneta encontrada en Alcalá de Henares.Para el diputado catalán, este documento puede indicar que los detonadores y los restos de explosivos fueron hallados por la mañana y no por la tarde, como mantiene toda la cúpula de Interior, incluida la del actual Gobierno socialista.
El CNI asegura en la nota que los terroristas dejaron abandonada la furgoneta con la cinta de versos del Corán como si fuera una «firma» de la autoría del atentado.
Los documentos 16 y 10 están centrados en la figura de un peligroso terrorista árabe. Los agentes del CNI afirman que el integrista Lamari era el objetivo prioritario en sus investigaciones y que preparaba acciones en España y Europa, aunque después los agentes no lograron establecer ninguna relación con los autores materiales de la masacre.
En estos documentos, el CNI adelanta que los terroristas preparan una acción violenta durante la celebración de las Fallas en Valencia en los días previos al 19 de marzo.
Los documentos uno y seis están dedicados a las medidas del anterior Gobierno en previsión de atentados terroristas por parte de grupos islamistas.
En la nota número 20, redactada en 2002, los expertos del CNI en Al Qaeda afirman que Irak cuenta con armas químicas.
En otro documento, el 15, los servicios secretos señalan que el atentado sólo tiene una motivación religiosa y que detrás de él sólo aparecen integristas marroquíes.
La nota número 11 se centra en las reivindicaciones de los grupos afines a Al Qaeda. Sobre el comunicado remitido por medio de un correo electrónico al diario Al Quds de Londres, los espías españoles afirman que es poco creíble. Sí dan valor al vídeo aparecido el sábado en las proximidades de la mezquita de Madrid.Dicen que la persona que reivindica el atentado no es árabe, sino más bien un europeo convertido al Islam.
Así se refleja en el párrafo tachado de un documento elaborado por el CNI el mismo día de la masacre, según ha podido saber EL MUNDO de fuentes próximas a los servicios de Información.El documento fue desclasificado por el Gobierno de José María Aznar en el Consejo de Ministros del 18 de marzo, pero sin esas siete líneas.
Los miembros de la Comisión tuvieron ayer la oportunidad de estudiar este documento, entre otras 19 notas informativas reservadas del CNI, en una sesión secreta. Sin embargo, esa parte del texto siguió sin ser desclasificada por decisión del Gobierno socialista.
En el documento, los agentes del CNI informan del contenido de una conversación telefónica entre Otegi y un compañero de la izquierda abertzale. En ella, Otegi le pregunta si ETA ha sido la responsable del atentado y muestra su preocupación por esa posibilidad. Sin embargo, poco después, sobre las 13.00 horas del 11-M, el portavoz de SA compareció ante los medios de comunicación para negar la autoría de ETA y afirmar que el Gobierno mentía «deliberadamente» sobre los autores del atentado.
La nota del CNI se refiere a «las primeras conclusiones sobre la autoría y consecuencias de la cadena de atentados». El párrafo dedicado al líder de la izquierda abertzale -que no puso ser leído por los diputados, a pesar de que habían pedido su desclasificación- está intercalado entre uno que señala a ETA como la autora del atentado y otro que descarta la actuación de cualquier «organización ligada a la yihad islámica».
El portavoz del PP en la Comisión, Vicente Martínez-Pujalte, se quejó ante el resto de los grupos de que los documentos les fueran entregados con tachaduras. Le contestó Emilio Olabarria, el portavoz del PNV, que lo justificó diciendo que había que preservar la «información sensible».
Martínez-Pujalte declaró después que si Olabarria tenía conocimiento de que esa información era «sensible», era porque conocía su contenido y, por tanto, él también quería conocerlo.
Además de este documento, que ya había sido publicado por diversos medios de comunicación -excepto el párrafo eliminado-, el Gobierno remitió ayer a la Comisión del 11-M otros 19 papeles secretos, de los que los diputados pudieron tomar notas.
Faltan papeles
El Partido Popular denunció que el Gobierno no había facilitado a los diputados todos los papeles solicitados. De los tramitados por los grupos, faltaban siete: cuatro sobre las medidas antiterroristas adoptadas por el Gobierno de Aznar antes del 11-M, dos sobre el 13 de marzo y otro sobre el día 15.
A tenor de los comentarios de los portavoces de los grupos políticos, el contenido de los documentos del CNI no aportó mucha información a sus señorías. El representante de CIU, Jordi Jané, destacó el documento número 12, que hace referencia a la localización e inspección de la furgoneta encontrada en Alcalá de Henares.Para el diputado catalán, este documento puede indicar que los detonadores y los restos de explosivos fueron hallados por la mañana y no por la tarde, como mantiene toda la cúpula de Interior, incluida la del actual Gobierno socialista.
El CNI asegura en la nota que los terroristas dejaron abandonada la furgoneta con la cinta de versos del Corán como si fuera una «firma» de la autoría del atentado.
Los documentos 16 y 10 están centrados en la figura de un peligroso terrorista árabe. Los agentes del CNI afirman que el integrista Lamari era el objetivo prioritario en sus investigaciones y que preparaba acciones en España y Europa, aunque después los agentes no lograron establecer ninguna relación con los autores materiales de la masacre.
En estos documentos, el CNI adelanta que los terroristas preparan una acción violenta durante la celebración de las Fallas en Valencia en los días previos al 19 de marzo.
Los documentos uno y seis están dedicados a las medidas del anterior Gobierno en previsión de atentados terroristas por parte de grupos islamistas.
En la nota número 20, redactada en 2002, los expertos del CNI en Al Qaeda afirman que Irak cuenta con armas químicas.
En otro documento, el 15, los servicios secretos señalan que el atentado sólo tiene una motivación religiosa y que detrás de él sólo aparecen integristas marroquíes.
La nota número 11 se centra en las reivindicaciones de los grupos afines a Al Qaeda. Sobre el comunicado remitido por medio de un correo electrónico al diario Al Quds de Londres, los espías españoles afirman que es poco creíble. Sí dan valor al vídeo aparecido el sábado en las proximidades de la mezquita de Madrid.Dicen que la persona que reivindica el atentado no es árabe, sino más bien un europeo convertido al Islam.
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Carod y Otegi impulsaron una estrategia para que el 13-M hubiera la «mayor anormalidad posible
14-07-04
11-M LA INVESTIGACION / SEGUN UN DOCUMENTO SECRETO DEL CNI QUE EL GOBIERNO OCULTA A LA COMISION PARLAMENTARIA
Carod y Otegi impulsaron una estrategia para que el 13-M hubiera la «mayor anormalidad posible»
El propio día de reflexión, los servicios secretos avisaron de que el líder de ERC estaba desarrollando una maniobra de instrumentalización política para «forzar al PSOE a entrar abiertamente en una dinámica de presión sobre el Ejecutivo» - Para ello, Carod se puso en contacto con Otegi, instándole a transmitir a Ibarretxe y a Larreina el rumor de que un PP con mayoría absoluta suspendería la autonomía vasca y detendría en masa a líderes 'abertzales'
VICTORIA PREGO
MADRID.- Carod-Rovira ataca de nuevo. Carod ataca, explicaba el CNI en la nota informativa enviada al Gobierno el 13 de marzo y a la que ha tenido acceso EL MUNDO, apoyándose en Arnaldo Otegi, al que utiliza, además de como interlocutor, como palanca. El líder de ERC llega, a través del batasuno, hasta el PNV y EA y consigue que éstos acepten presionar al PSOE para que altere el clima electoral cuando faltan pocas horas para que se abran las urnas. Lo que Carod quiere es sacar a las masas a la calle contra la supuesta manipulación informativa del PP.
(.../...)
El actual Ejecutivo no ha enviado este documento a la Comisión de Investigación para ser examinado, a pesar de estar entre aquéllos cuya entrega había sido solicitada por el PP.
Si el recorrido de los contactos seguidos por el líder de ERC parece alambicado, mucho más lo es cuando se conoce el argumento empleado por Carod para movilizar el temor de los nacionalistas vascos. A saber: que tenía noticias de un rumor según el cual si, como consecuencia del trauma social padecido a raíz de la matanza terrorista del día 11, el PP lograba revalidar su mayoría absoluta, tenía el propósito de dar una suerte de golpe de estado autonómico, suspender la autonomía del País Vasco, hacerse con el control de la Ertzaintza (PAV, en el texto del CNI), y lanzarse a la detención masiva de miembros de la llamada izquierda abertzale (IA).
El intento de Carod de agitar la calle en el País Vasco requería de poco esfuerzo, porque esa agitación ya existía: la progresiva certeza por parte de los radicales de que los terroristas de ETA no eran los autores de la atroz matanza les había devuelto, según el CNI, la tranquilidad y las ganas de borroka. Así que la consigna estaba clara y la agitación servida. Pero se ve que Carod quería más: quería terminar de excitar al PSOE en sus ganas de denunciar al Gobierno y buscaba evitar por todos los medios una victoria del PP, que no convenía de ninguna manera a sus intereses políticos y personales.
Minigolpe de estado
El delirante argumento de ese proyecto de minigolpe de estado contra la autonomía vasca tuvo un recorrido inevitablemente corto en cuanto alcanzó un cierto nivel en la escala de la responsabilidad política. A Ibarretxe no le cuadró la tesis transmitida por el republicano catalán y decidió no comprar semejante mercancía.Pero sí le compró, sin embargo, la sugerencia de hacer presión sobre el PSOE. Y no es que en el Partido Socialista estuvieran ajenos a las formidables tensiones políticas y sociales que se vivieron en España en aquellos tristes días. La manifestación del viernes -«¿quién ha sido?», «¡queremos saber!»- no fue de ninguna manera el resultado de la pintoresca estrategia de la araña diseñada por Carod, que, como un espontáneo, se lanzó a la plaza sin invitación y al final de la corrida.
Es muy probable, además, que la intervención de los responsables socialistas durante el 13-M no tenga tampoco relación con los intentos de Carod, porque hay que dar por hecho que el PSOE diseña sus propias estrategias sin necesidad de que le defienda ningún compadre. Pero el contenido del documento del CNI es muy grave, por varias razones.
En primer lugar, porque lo que Carod buscaba es lo que luego efectivamente ocurrió, lo cual introduce ahora un nuevo elemento oscuro en el análisis de lo sucedido. Porque lo cierto es que los dirigentes del PSOE denunciaron en los medios de comunicación -y muchos de sus seguidores en la calle- la «supuesta ocultación de información por parte del Gobierno», como dice el CNI que Carod pretendía. La intervención, hasta hoy desconocida, del jefe de ERC no hace sino contaminar la actuación conocida del PSOE.
En segundo lugar, por el argumento que el político catalán empleó para intentar conseguir su objetivo, buscando -con esa formidable invención que sólo una mente iluminada o extraordinariamente sectaria puede considerar verosímil- provocar el miedo de los nacionalistas vascos y hacerles pasar a la acción.
En tercer lugar, por la manifiesta voluntad de manipulación de la opinión pública que los rumores esgrimidos por Carod evidencian de modo tan escandaloso y descalificatorio para un político de un mínimo nivel.
En cuarto lugar, porque quien hace estas llamadas al batasuno Otegi es el líder confirmado de un partido político que forma parte del Gobierno catalán. Y esas cosas no hay quien las pueda justificar.
Y, por último, porque este documento, enviado al Ejecutivo por el CNI, no ha sido puesto por el actual Gobierno a disposición de la Comisión, a pesar de que el PP había solicitado todas las notas enviadas por el Centro Nacional de Inteligencia al anterior Gobierno entre el 11 y el 14-M.
La aparición de documentación calificada como secreta, y pedida pero no entregada, no hace sino extender las dudas sobre los motivos de cada ocultación. La exigencia de limpieza acabará siendo un clamor.
Documento reproducido
Nota Informativa
Asunto: Situación de tensión en el País Vasco y Navarra
La posibilidad de que ETA fuese la autora del atentado ocurrido el pasado 11 de marzo sumió a su entramado de apoyo en un estado de profundo pesimismo que, tras la comunicación telefónica en la que un posible miembro de ETA exculpó a la organización terrorista de haber participado en el atentado de Madrid, se tornó en euforia y ha producido una significativa reactivación de la IA. La situación se ha complicado con el desarrollo de acciones de confrontación y violencia tras haberse producido hoy la muerte en Pamplona de un militante de la organización de apoyo a presos de ETA, Etxerat, tras una discusión con un miembro de la Policía Nacional.
Los dirigentes abertzales pretenden canalizar este estado de agitación de su militancia para «recuperar la calle» y han transmitido consignas a sus militantes para conseguir que las últimas horas previas a las elecciones discurran con la mayor anormalidad posible.Para ello han decidido convocar la celebración de movilizaciones tanto para la tarde del día de reflexión como a lo largo de la propia jornada electoral.
Paralelamente, se ha producido una maniobra de instrumentalización política por iniciativa y coordinada por el dirigente de ERC, José Luis Carod-Rovira, quien se ha puesto en contacto con el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, para transmitirle un supuesto rumor según el cual, en el caso de que el PP alcanzase la mayoría absoluta, se produciría la suspensión de la autonomía en la Comunidad Vasca, el traspaso de dependencia de la PAV al Ministerio del Interior y la detención masiva de dirigentes de la IA. Además, le ha mostrado su perplejidad por la falta de reacción del PSOE ante la supuesta manipulación informativa que estaría haciendo el Gobierno en torno al atentado del 11 de marzo.
El propósito de este contacto de Carod-Rovira sería, por una parte, impulsar la movilización de las fuerzas nacionalistas vascas en contra del Gobierno, y por otra, conseguir su colaboración para forzar al PSOE a entrar abiertamente en una dinámica de presión sobre el Ejecutivo. Con ambos propósitos el dirigente catalán pretendería obtener réditos electorales fruto de la situación de incertidumbre existente sobre la autoría del atentado.
Arnaldo Otegi se ha puesto en contacto con los dirigentes nacionalistas Juan José Ibarretxe y Rafael Larreina. Ambos le han restado credibilidad a lo comentado por Carod-Rovira, aunque se han mostrado partidarios de presionar al PSE para que denuncie la supuesta ocultación de información por parte del Gobierno.
Fecha de redacción: 13.03.2004
VICTORIA PREGO
MADRID.- Carod-Rovira ataca de nuevo. Carod ataca, explicaba el CNI en la nota informativa enviada al Gobierno el 13 de marzo y a la que ha tenido acceso EL MUNDO, apoyándose en Arnaldo Otegi, al que utiliza, además de como interlocutor, como palanca. El líder de ERC llega, a través del batasuno, hasta el PNV y EA y consigue que éstos acepten presionar al PSOE para que altere el clima electoral cuando faltan pocas horas para que se abran las urnas. Lo que Carod quiere es sacar a las masas a la calle contra la supuesta manipulación informativa del PP.
(.../...)
El actual Ejecutivo no ha enviado este documento a la Comisión de Investigación para ser examinado, a pesar de estar entre aquéllos cuya entrega había sido solicitada por el PP.
Si el recorrido de los contactos seguidos por el líder de ERC parece alambicado, mucho más lo es cuando se conoce el argumento empleado por Carod para movilizar el temor de los nacionalistas vascos. A saber: que tenía noticias de un rumor según el cual si, como consecuencia del trauma social padecido a raíz de la matanza terrorista del día 11, el PP lograba revalidar su mayoría absoluta, tenía el propósito de dar una suerte de golpe de estado autonómico, suspender la autonomía del País Vasco, hacerse con el control de la Ertzaintza (PAV, en el texto del CNI), y lanzarse a la detención masiva de miembros de la llamada izquierda abertzale (IA).
El intento de Carod de agitar la calle en el País Vasco requería de poco esfuerzo, porque esa agitación ya existía: la progresiva certeza por parte de los radicales de que los terroristas de ETA no eran los autores de la atroz matanza les había devuelto, según el CNI, la tranquilidad y las ganas de borroka. Así que la consigna estaba clara y la agitación servida. Pero se ve que Carod quería más: quería terminar de excitar al PSOE en sus ganas de denunciar al Gobierno y buscaba evitar por todos los medios una victoria del PP, que no convenía de ninguna manera a sus intereses políticos y personales.
Minigolpe de estado
El delirante argumento de ese proyecto de minigolpe de estado contra la autonomía vasca tuvo un recorrido inevitablemente corto en cuanto alcanzó un cierto nivel en la escala de la responsabilidad política. A Ibarretxe no le cuadró la tesis transmitida por el republicano catalán y decidió no comprar semejante mercancía.Pero sí le compró, sin embargo, la sugerencia de hacer presión sobre el PSOE. Y no es que en el Partido Socialista estuvieran ajenos a las formidables tensiones políticas y sociales que se vivieron en España en aquellos tristes días. La manifestación del viernes -«¿quién ha sido?», «¡queremos saber!»- no fue de ninguna manera el resultado de la pintoresca estrategia de la araña diseñada por Carod, que, como un espontáneo, se lanzó a la plaza sin invitación y al final de la corrida.
Es muy probable, además, que la intervención de los responsables socialistas durante el 13-M no tenga tampoco relación con los intentos de Carod, porque hay que dar por hecho que el PSOE diseña sus propias estrategias sin necesidad de que le defienda ningún compadre. Pero el contenido del documento del CNI es muy grave, por varias razones.
En primer lugar, porque lo que Carod buscaba es lo que luego efectivamente ocurrió, lo cual introduce ahora un nuevo elemento oscuro en el análisis de lo sucedido. Porque lo cierto es que los dirigentes del PSOE denunciaron en los medios de comunicación -y muchos de sus seguidores en la calle- la «supuesta ocultación de información por parte del Gobierno», como dice el CNI que Carod pretendía. La intervención, hasta hoy desconocida, del jefe de ERC no hace sino contaminar la actuación conocida del PSOE.
En segundo lugar, por el argumento que el político catalán empleó para intentar conseguir su objetivo, buscando -con esa formidable invención que sólo una mente iluminada o extraordinariamente sectaria puede considerar verosímil- provocar el miedo de los nacionalistas vascos y hacerles pasar a la acción.
En tercer lugar, por la manifiesta voluntad de manipulación de la opinión pública que los rumores esgrimidos por Carod evidencian de modo tan escandaloso y descalificatorio para un político de un mínimo nivel.
En cuarto lugar, porque quien hace estas llamadas al batasuno Otegi es el líder confirmado de un partido político que forma parte del Gobierno catalán. Y esas cosas no hay quien las pueda justificar.
Y, por último, porque este documento, enviado al Ejecutivo por el CNI, no ha sido puesto por el actual Gobierno a disposición de la Comisión, a pesar de que el PP había solicitado todas las notas enviadas por el Centro Nacional de Inteligencia al anterior Gobierno entre el 11 y el 14-M.
La aparición de documentación calificada como secreta, y pedida pero no entregada, no hace sino extender las dudas sobre los motivos de cada ocultación. La exigencia de limpieza acabará siendo un clamor.
Documento reproducido
Nota Informativa
Asunto: Situación de tensión en el País Vasco y Navarra
La posibilidad de que ETA fuese la autora del atentado ocurrido el pasado 11 de marzo sumió a su entramado de apoyo en un estado de profundo pesimismo que, tras la comunicación telefónica en la que un posible miembro de ETA exculpó a la organización terrorista de haber participado en el atentado de Madrid, se tornó en euforia y ha producido una significativa reactivación de la IA. La situación se ha complicado con el desarrollo de acciones de confrontación y violencia tras haberse producido hoy la muerte en Pamplona de un militante de la organización de apoyo a presos de ETA, Etxerat, tras una discusión con un miembro de la Policía Nacional.
Los dirigentes abertzales pretenden canalizar este estado de agitación de su militancia para «recuperar la calle» y han transmitido consignas a sus militantes para conseguir que las últimas horas previas a las elecciones discurran con la mayor anormalidad posible.Para ello han decidido convocar la celebración de movilizaciones tanto para la tarde del día de reflexión como a lo largo de la propia jornada electoral.
Paralelamente, se ha producido una maniobra de instrumentalización política por iniciativa y coordinada por el dirigente de ERC, José Luis Carod-Rovira, quien se ha puesto en contacto con el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, para transmitirle un supuesto rumor según el cual, en el caso de que el PP alcanzase la mayoría absoluta, se produciría la suspensión de la autonomía en la Comunidad Vasca, el traspaso de dependencia de la PAV al Ministerio del Interior y la detención masiva de dirigentes de la IA. Además, le ha mostrado su perplejidad por la falta de reacción del PSOE ante la supuesta manipulación informativa que estaría haciendo el Gobierno en torno al atentado del 11 de marzo.
El propósito de este contacto de Carod-Rovira sería, por una parte, impulsar la movilización de las fuerzas nacionalistas vascas en contra del Gobierno, y por otra, conseguir su colaboración para forzar al PSOE a entrar abiertamente en una dinámica de presión sobre el Ejecutivo. Con ambos propósitos el dirigente catalán pretendería obtener réditos electorales fruto de la situación de incertidumbre existente sobre la autoría del atentado.
Arnaldo Otegi se ha puesto en contacto con los dirigentes nacionalistas Juan José Ibarretxe y Rafael Larreina. Ambos le han restado credibilidad a lo comentado por Carod-Rovira, aunque se han mostrado partidarios de presionar al PSE para que denuncie la supuesta ocultación de información por parte del Gobierno.
Fecha de redacción: 13.03.2004
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UNA ESTRATEGIA INDECENTE DE CAROD, QUE SU SOCIO TRATA DE OCULTAR
14-07-04
EDITORIAL
UNA ESTRATEGIA INDECENTE DE CAROD, QUE SU SOCIO TRATA DE OCULTAR
Los diputados de la comisión del 11-M dedicaron ayer más de cinco horas a examinar a puerta cerrada los documentos clasificados del CNI, sobre los que la ley les obliga a guardar silencio. Había, sin embargo, un informe de los servicios secretos al Gobierno que los miembros de la comisión no pudieron ver. EL MUNDO ha tenido acceso a este trascendental documento, hurtado por el Ejecutivo a los diputados.
Lo que revela este informe clasificado del CNI -fechado el día 13 de marzo, jornada de reflexión electoral- es que los líderes de ERC y de Batasuna, Carod-Rovira y Otegi, concertaron una estrategia para provocar «la mayor anormalidad posible» e influir sobre los resultados electorales.
La iniciativa partió de Carod-Rovira, que se puso en contacto en la mañana del día 13 con Otegi para que divulgara la falaz especie de que, si el PP ganaba de nuevo las elecciones, el Gobierno pondría fin a la autonomía vasca, se haría con el control de la Ertzaintza y detendría a los principales líderes de la izquierda abertzale.
Carod-Rovira convenció a Otegi para que hablara con el lehendakari Ibarretxe y con Rafael Larreina, dirigente de EA, a los que transmitió los falsos planes del PP e instó a presionar al PSOE para que se movilizara.
El documento del CNI pone de relieve que Carod-Rovira y Otegi eran partidarios de sacar a la calle a los nacionalistas y los militantes del PSOE para dañar la imagen del Gobierno y derrotar al PP en las urnas.
Al margen del éxito o del fracaso de su propósito -hay quien pensara que lo que hizo y dijo Rubalcaba encaja en esa busqueda de la «anormalidad»-, queda en evidencia la catadura moral y política de Carod-Rovira y de Otegi, embarcados en la tarea común de desestabilizar la democracia y manipular al electorado.
No es una sorpresa teniendo en cuenta la trayectoria de ambos políticos, pero sí resulta desconcertante la ocultación por parte del Gobierno de este documento a la comisión que investiga no sólo los atentados del 11-M sino además los hechos posteriores y, muy especialmente, lo sucedido en la jornada electoral.
El Gobierno ha argumentado que hay documentos del CNI que no pueden ser mostrados a los diputados porque pondrían en peligro la seguridad nacional o perjudicarían a servicios secretos de otros países. Pero ni una ni otra razón pueden ser esgrimidas para ocultar la existencia del informe de cuyo contenido damos hoy noticia.
Si el Ejecutivo ha decidido sepultar este documento entre otros cuyo secreto podría estar justificado es porque perjudica a su socio político en el Gobierno de Cataluña y a uno de sus principales apoyos en el Congreso. Sin duda, Zapatero ha querido evitar una nueva crisis con ERC, como la que se produjo cuando se filtraron los contactos de Carod-Rovira con ETA.
El Gobierno sigue insistiendo en que desea colaborar con la comisión, pero el grupo parlamentario del PSOE volvió a oponerse ayer a las comparecencias de los confidentes policiales, solicitadas por el PP.
Son demasiadas zancadillas para poder creer que Zapatero y su partido están interesados en que resplandezca toda la verdad sobre lo sucedido antes y después del 11-M, que debería ser investigado por la comisión sin restricciones ni cortapisas.
Lo que revela este informe clasificado del CNI -fechado el día 13 de marzo, jornada de reflexión electoral- es que los líderes de ERC y de Batasuna, Carod-Rovira y Otegi, concertaron una estrategia para provocar «la mayor anormalidad posible» e influir sobre los resultados electorales.
La iniciativa partió de Carod-Rovira, que se puso en contacto en la mañana del día 13 con Otegi para que divulgara la falaz especie de que, si el PP ganaba de nuevo las elecciones, el Gobierno pondría fin a la autonomía vasca, se haría con el control de la Ertzaintza y detendría a los principales líderes de la izquierda abertzale.
Carod-Rovira convenció a Otegi para que hablara con el lehendakari Ibarretxe y con Rafael Larreina, dirigente de EA, a los que transmitió los falsos planes del PP e instó a presionar al PSOE para que se movilizara.
El documento del CNI pone de relieve que Carod-Rovira y Otegi eran partidarios de sacar a la calle a los nacionalistas y los militantes del PSOE para dañar la imagen del Gobierno y derrotar al PP en las urnas.
Al margen del éxito o del fracaso de su propósito -hay quien pensara que lo que hizo y dijo Rubalcaba encaja en esa busqueda de la «anormalidad»-, queda en evidencia la catadura moral y política de Carod-Rovira y de Otegi, embarcados en la tarea común de desestabilizar la democracia y manipular al electorado.
No es una sorpresa teniendo en cuenta la trayectoria de ambos políticos, pero sí resulta desconcertante la ocultación por parte del Gobierno de este documento a la comisión que investiga no sólo los atentados del 11-M sino además los hechos posteriores y, muy especialmente, lo sucedido en la jornada electoral.
El Gobierno ha argumentado que hay documentos del CNI que no pueden ser mostrados a los diputados porque pondrían en peligro la seguridad nacional o perjudicarían a servicios secretos de otros países. Pero ni una ni otra razón pueden ser esgrimidas para ocultar la existencia del informe de cuyo contenido damos hoy noticia.
Si el Ejecutivo ha decidido sepultar este documento entre otros cuyo secreto podría estar justificado es porque perjudica a su socio político en el Gobierno de Cataluña y a uno de sus principales apoyos en el Congreso. Sin duda, Zapatero ha querido evitar una nueva crisis con ERC, como la que se produjo cuando se filtraron los contactos de Carod-Rovira con ETA.
El Gobierno sigue insistiendo en que desea colaborar con la comisión, pero el grupo parlamentario del PSOE volvió a oponerse ayer a las comparecencias de los confidentes policiales, solicitadas por el PP.
Son demasiadas zancadillas para poder creer que Zapatero y su partido están interesados en que resplandezca toda la verdad sobre lo sucedido antes y después del 11-M, que debería ser investigado por la comisión sin restricciones ni cortapisas.
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13.7.04
13-07-04 Informaciones
13-07-04
11-M LA INVESTIGACION / LAS PRESIONES A UN CONFIDENTE
Prisiones admite ahora dos visitas de guardias a Zouhier
11-M LA INVESTIGACION / LAS PRESIONES A UN CONFIDENTE
EL 'DESMENTIDO' DE PRISIONES
11-M LA INVESTIGACION / LAS PRESIONES A UN CONFIDENTE
Zaplana: «Lo sabían y lo intentaron ocultar»
11-M LA INVESTIGACION
Un ministro en apuros
11-M LA INVESTIGACION / EL ENFRENTAMIENTO POLITICO
Rajoy acusa a Prisiones de «mentir» sobre Zouhier
11-M LA INVESTIGACION / EL ENFRENTAMIENTO POLITICO
Los guardias civiles quieren que sus mandos declaren
11-M LA INVESTIGACION / LAS PRESIONES A UN CONFIDENTE
Prisiones admite ahora dos visitas de guardias a Zouhier
Dice que estos encuentros se produjeron el 9 y el 14 de abril, con el gobierno en funciones del PP
FERNANDO LAZARO / GUACIMARA CASTRILLO
MADRID/EL ESCORIAL.- La Dirección General de Prisiones remitió a media tarde de ayer una nueva nota informativa en la que ya reconoce que, como informó EL MUNDO, agentes de la Guardia Civil visitaron en prisión en dos ocasiones al confidente Rafá Zouhier, encarcelado por su presunta implicación en el 11-M.
Prisiones trató de contestar a las acusaciones lanzadas ayer por el secretario general del PP, Mariano Rajoy, en las que acusaba de mentir a Instituciones Penitenciarias. El estamento dirigido por Mercedes Gallizo recuerda que el pasado 6 de julio desmintió que cualquier miembro de la Guardia Civil visitara a Zouhier los días 22 y 23 de mayo en el centro penitenciario de Madrid III.
En su comunicación de ayer, Prisiones reitera el desmentido de que estas visitas se produjeran en esas fechas. Pero aclara en un segundo punto lo siguiente: «Revisado el registro de visitas del centro penitenciario Madrid III y de otros centros penitenciarios, los únicos contactos de miembros de la Guardia Civil con Rafá Zouhier se produjeron los días 9 y 14 de abril de 2004. En estas fechas era ministro del Interior en funciones Angel Acebes y el director general de Instituciones Penitenciarias en funciones, Angel Yuste».
La nota del Departamento de Gallizo finaliza asegurando que toda la información relativa a las «visitas y comunicaciones a Rafá Zouhier ha sido puesta en conocimiento de la autoridad judicial competente».
Horas antes de que se difundiera esta nota, el ministro del Interior, José Antonio Alonso, compareció en rueda de prensa junto a su colega francés, Dominique de Villepin. Cuando fue preguntado sobre la apertura de la investigación judicial, a instancias de la Fiscalía, sobre las visitas de guardias civiles a Zouhier, Alonso fue preciso, muy preciso: «Me remito en sus justos términos a la nota emitida por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias».En dicha nota, se negaba que agentes de la Guardia Civil hubieran visitado a Rafá Zouhier, confidente del Instituto Armado encarcelado en la prisión de Valdemoro por su presunta implicación en los atentados, los días 22 y 23 de mayo. En dicha nota no se hablaba nada de las visitas, ahora sí reconocidas, de los días 9 y 14 de abril.
Ante la mirada un tanto sorprendida de su colega Villepin, Alonso aseguró que desde su Departamento se colaboraría en todo lo que la Justicia requiera, «como no podía ser de otra manera». «Por lo demás, el criterio es muy claro. Lo he repetido muchas veces y lo repito una vez más. La posición del Gobierno, del Estado y del Ministerio del Interior es de plena y absoluta colaboración con los jueces por una parte y con el Parlamento con la otra», añadió el ministro.
«Dimensión institucional»
En este sentido, reiteró su «plena confianza» en el funcionamiento de las Instituciones del Estado de Derecho y deseó que éstas finalicen sus investigaciones, tanto por la vía parlamentaria como por la judicial, «con la mayor prontitud posible». «Nosotros estamos al servicio de los jueces y del Parlamento», indicó el titular de Interior quien añadió que en este asunto de los confidentes presuntamente implicados en el 11-M, su departamento se mueve en el marco de la «dimensión institucional».
Alonso había sido preguntado por la reacción a esta noticia del secretario general del PP, Mariano Rajoy, quien poco antes había asegurado que tenía «la convicción de que alguien está mintiendo en Instituciones Penitenciarias». «Nosotros sí vamos a dejar trabajar a los jueces, y nosotros sí vamos a dejar trabajar al Parlamento», dijo el ministro del Interior.
Por su parte, el secretario de Estado de seguridad, Antonio Camacho, también se refirió a la polémica de los confidentes desde El Escorial (Madrid) donde participó en uno curso de verano. «Creo que hay una investigación policial muy clara que dice que no existen irregularidades». Así de contundente se mostró Camacho al ser preguntado por las denuncias realizadas por el confidente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de que había sido presionado por agentes de éste cuerpo estando ya encarcelado.
Camacho explicó con tono rotundo que ya existe un comunicado, realizado por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.«Yo creo que el tema está bastante claro», aseguró.
El secretario de Estado aclaró, además, sobre los confidentes del 11-M: «Yo no tengo que decidir, es algo es algo que tiene que decidir la Comisión de Investigación parlamentaria. Por lo tanto, no me puedo pronunciar acerca de cuál va a ser la decisión que adopte el Parlamento en relación a este tema».
El Secretario de Estado de Seguridad, número dos de Alonso, realizó estas declaraciones en el marco de los Cursos de Verano de El Escorial, dónde inauguraba un ciclo sobre Ciencia y Tecnología Policial.
11-M LA INVESTIGACION / LAS PRESIONES A UN CONFIDENTE
EL 'DESMENTIDO' DE PRISIONES
El mismo día que EL MUNDO publicaba la noticia, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias hizo pública una nota, en la que desmentía que en los días 22 y 23 de mayo el confidente Zouhier hubiera recibido la visita de miembros de la Guardia Civil, con un titular ambiguo que generó confusión. Así, en la jornada siguiente, tanto emisoras de radio como algún periódico negaron las presiones, y ayer mismo, como reproduce el titular del teletipo de Efe, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, seguía ofreciendo la versión de que Zouhier no recibió ninguna visita.
11-M LA INVESTIGACION / LAS PRESIONES A UN CONFIDENTE
Zaplana: «Lo sabían y lo intentaron ocultar»
MADRID.- Eduardo Zaplana declaró ayer que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mintió cuando afirmó que el confidente Rafá Zouhier no recibió visitas por parte de agentes de la Guardia Civil y, en este sentido, destacó que el Ejecutivo central ha tenido que «rectificar» y reconocer que, «al menos el 9 y el 14 de abril», se produjeron estos encuentros.
Tras destacar que la fecha en la que se produjeron las visitas «es, sin duda, lo de menos», el portavoz del PP en el Congreso criticó que el día en que el Gobierno informó de que no existía constancia de las visitas «ya sabía de sobra que se habían producido, y lo intentaron ocultar». En la misma línea, señaló que el comunicado emitido ayer por Interior en el que anuncia la existencia de estos encuentros en las fechas señaladas lo podían «haber facilitado anteriormente, y no lo han hecho de forma intencionada, queriendo ocultar la verdad».
«Esto», añadió el portavoz 'popular', «nos lleva a pensar que tal vez algunas noticias que están apareciendo en los medios pueden tener más sentido del que el Gobierno les quiere dar y reconocer».
«Parece evidente que ya no queda ningún argumento para seguir oponiéndose a las comparecencias solicitadas por el PP», concluyó Zaplana.
11-M LA INVESTIGACION
Un ministro en apuros
FERNANDO LOPEZ AGUDIN
Se apellida Alonso, se llama José Antonio, fue temprano compañero de pupitre de Zapatero, es juez y ocupa, inesperadamente, la cartera de Interior cuando todos pensaban que iba hacerse cargo de un Ministerio de Justicia finalmente ocupado por López Aguilar.Desde ayer, desde el mismo instante en que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ordenase la apertura de una investigación sobre las supuestas amenazas de la Guardia Civil sobre el confidente Rafá Zouhier, es un ministro en apuros.
Sucesor de Acebes, el primer cadáver político de los trabajos de la Comisión de Investigación parlamentaria sobre la matanza del 11-M, puede acabar también compartiendo su sepultura política si la indagación ordenada por la Fiscalía General concluye encontrando las huellas que prueben los esfuerzos persuasivos de los agentes de la Benemérita sobre Zouhier. Entonces, sería algo más que un ministro en apuros. Sería un ministro caído en desgracia, apenas rebasados los 100 días de gracia del Gobierno Zapatero, que no habría escapado a la maldición de Interior que padecen todos sus anteriores ministros.
No cabe llamarse a engaño. Cualquier comisión de investigación sobre el trabajo policial de los aparatos de seguridad del Estado suscita no pocas dudas, muchos problemas e innumerables resistencias.Tanto gremiales como corporativas, puesto que, tanto la Guardia Civil como la policía, rechazan abrirse en canal para someterse a la disección de sus tan evidentes como lógicos fallos orgánicos, profesionales y políticos.
Apenas cicatrizadas las heridas de las penúltimas investigaciones, sobre las sucesivas siglas de la guerra sucia, son literalmente empujados a volver a entrar en el quirófano del Congreso de los Diputados donde les espera, una vez más, el implacable bisturí que la clase política se niega a utilizar sobre su mismo cuerpo político.
Si en Defensa niegan la desclasificación de algunos de los informes secretos que Zapatero prometiera desclasificar, no sería extraño que en Interior negaran la declaración de quienes pudieran dejarles con el trasero profesional al aire. Ocurrió ayer, ocurre hoy y ocurrirá mañana. Sucedió allí, sucede aquí y sucederá allá.La razón de Estado es tan omnipotente e omnipresente como lo son los intereses corporativos. Nadie, llamase Aznar o Acebes, prestó la atención necesaria al potente terrorismo internacional.Por lo tanto, no hubo hombres, expertos, medios y recursos, cuando optaban por jugar a las cruzadas interpretando el papel de mucamas de Ricardo Corazón de León contra Saladino.
Pero si estas presiones traspasan una línea roja, como la supuestamente rebasada en el caso Zouhier, debieran encontrar una contundente respuesta por parte del Ministerio del Interior. Caiga quien caiga, afecte a quien afecte. No cabe ningún tipo de dilación ni, por supuesto, de encubrimiento. De igual modo que Bono no se lo ha pensado al destituir a todos los militares implicados en el caso Yak-42, Alonso no debería vacilar en cesar a todos los profesionales policiales implicados en el caso Zouhier si la investigación ordenada por el fiscal Conde-Pumpido concluyese dando la razón al confidente supuestamente amenazado. Más le valdría ponerse una vez colorado, entonces, que ciento morado, después.
Si lo duda, puede pedir consejo a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que padeció en el desaparecido Ministerio de Justicia e Interior lo que él padece en Interior.Si quiere dejar de ser un ministro en apuros, más vale que la escuche.
11-M LA INVESTIGACION / EL ENFRENTAMIENTO POLITICO
Rajoy acusa a Prisiones de «mentir» sobre Zouhier
Solicita que comparezca Alonso para explicar las reuniones con el confidente en la cárcel y la visita de Rubio a Gobelas
CARMEN REMIREZ DE GANUZA
MADRID.- El secretario general del PP, Mariano Rajoy, tomó ayer por primera vez el testigo de la Comisión de Investigación del 11-M para pasar del silencio a la ofensiva frente al Gobierno y al Partido Socialista. Rajoy arremetió ayer contra Instituciones Penitenciarias por «mentir» respecto de las visitas y las presiones sobre el confidente de la Guardia Civil, Rafá Zouhier, en prisión provisional por su implicación en el 11-M.
Rajoy dio por «demostrado», en una conferencia pronunciada en los cursos de verano de El Escorial, que en «la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se falta a la verdad de una manera patente y sorprendente» por haber desmentido la semana pasada dichas visitas, ahora atestiguadas mediante una carta enviada por el propio preso marroquí a EL MUNDO. Y aún afinó más, a preguntas de los periodistas, cuando aseguró: «Tengo la convicción moral de que alguien está mintiendo en Instituciones Penitenciarias».Se preguntó a continuación «por qué miente» la directora general.
Rajoy, quien hasta ahora había dejado hablar a Acebes y a Zaplana sobre el rumbo de la comisión parlamentaria, abanderó ayer la protesta popular por el «veto» que el Partido Socialista ha impuesto sobre la comparecencia de los confidentes policiales, que ayer volvió a solicitar el Partido Popular. «El PP no ha vetado a nadie», enfatizó.
Además, el líder de la oposición retomó el reto lanzado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado viernes al recordarle que no ha contestado a su propuesta de debatir en pleno las conclusiones de la Comisión del 11-M. Rajoy dijo ayer que, «yo, si fuera él, aceptaría debatirlas conmigo». «Si no lo acepta», aseveró, es «porque tiene algo que ocultar».
Para el líder del PP, «lo más grave» que ha ocurrido en la primera semana de investigación, además de la descubierta llamada del vicepresidente de la Comisión al primer compareciente, el portero de Alcalá, es el conocimiento de la visita del comisario general de Información a la sede socialista de Gobelas, antes de su propia comparecencia.
«¿Qué pinta el jefe de la lucha antiterrorista en la sede de un partido político como el PSOE?», se preguntó públicamente.«Voy a exigirle que venga al PP a contarnos lo que ha contado al PSOE», ironizó antes. Por fin, con la máxima solemnidad, Rajoy declaró que «el ministro del Interior tiene que comparecer para explicar qué hace el comisario general de Información en la sede socialista». Además, envió un dardo envenenado a algunos medios de comunicación cuando consideró «aún más sorprendente que no se dé importancia a esto desde la opinión pública».
El secretario general del PP eludió referirse a estrategias de choque en la Comisión para forzar las comparecencias solicitadas, incluida la de su propia retirada, que no fue descartada por el portavoz del grupo parlamentario, Eduardo Zaplana. De momento, dijo, el PP invitó al PSOE a «la reflexión», no sin añadir que, «pese a quienes creían que la comisión iba a ser un mal trago para el PP, está ocurriendo todo lo contrario».
Síntoma de la confianza con que el secretario general del PP encaró ayer la «tranquilidad» de su grupo ante la Comisión fue el público y renovado apoyo que hizo a Angel Acebes como su próximo secretario general. Rajoy desmintió ayer a quienes han visto debilitada la posición del ex ministro del Interior de cara al Congreso del PP de octubre al confirmar, una vez más, su nombramiento -el único con el que se ha comprometido-, sea cual sea el resultado de la Comisión de Investigación.
«Yo tengo la mejor opinión del señor Acebes», explicó, «y prueba de ello es que le he nombrado secretario general adjunto en cuanto he tenido oportunidad. Es muy querido en el partido, ha trabajado muy bien, se conoce la organización y ha ocupado tres carteras ministeriales con acierto». «Y la Comisión del 11-M» añadió, «servirá para confirmar lo que ya se sabía, que dijo la verdad y que la contó minuto a minuto».
El curso de verano de El Escorial dirigido por el juez Baltasar Garzón bajo el título La lucha contra el terrorismo y sus límites fue el escenario de otras arremetidas del PP. José María Michavila, coordinador de Comunicación del partido, declaró que el Gobierno está «manipulando, manejando y gobernando» la investigación sobre el 11-M.
Michavila denunció las «continuas filtraciones» del sumario a pesar de que está sometido a secreto judicial, y acusó al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido de «tapar las vergüenzas del ministro del Interior» por no haber investigado las diligencias policiales publicadas hace un mes por El País.
11-M LA INVESTIGACION / EL ENFRENTAMIENTO POLITICO
Los guardias civiles quieren que sus mandos declaren
MADRID.- Las asociaciones de guardias civiles AUGC y AIGC consideran que la presencia de mandos de la Benemérita en el Congreso podría servir para despejar las dudas sobre los contactos que agentes del instituto armado mantuvieron con los confidentes del 11-M.
Miembros de ambas asociaciones creen positivo que la Comisión del Congreso vuelva a llamar a los dos mandos citados para el pasado martes, cuya comparecencia no pudo llevarse a cabo al prolongarse las declaraciones de miembros de la Policía Nacional.
Los responsables de la Guardia Civil que no pudieron comparecer son José Manuel García Varela, subdirector general de Operaciones del Instituto Armado y ex jefe de Información y Policía Judicial, y Vicente Faustino Pellicer, subdirector operativo.
Un portavoz de la AUGC dijo a Servimedia que sería bueno que mandos de su institución vayan al Congreso para explicar que en la Benemérita no se tuvo constancia «de que los confidentes tuvieran relaciones con el terrorismo islamista».
Prisiones trató de contestar a las acusaciones lanzadas ayer por el secretario general del PP, Mariano Rajoy, en las que acusaba de mentir a Instituciones Penitenciarias. El estamento dirigido por Mercedes Gallizo recuerda que el pasado 6 de julio desmintió que cualquier miembro de la Guardia Civil visitara a Zouhier los días 22 y 23 de mayo en el centro penitenciario de Madrid III.
En su comunicación de ayer, Prisiones reitera el desmentido de que estas visitas se produjeran en esas fechas. Pero aclara en un segundo punto lo siguiente: «Revisado el registro de visitas del centro penitenciario Madrid III y de otros centros penitenciarios, los únicos contactos de miembros de la Guardia Civil con Rafá Zouhier se produjeron los días 9 y 14 de abril de 2004. En estas fechas era ministro del Interior en funciones Angel Acebes y el director general de Instituciones Penitenciarias en funciones, Angel Yuste».
La nota del Departamento de Gallizo finaliza asegurando que toda la información relativa a las «visitas y comunicaciones a Rafá Zouhier ha sido puesta en conocimiento de la autoridad judicial competente».
Horas antes de que se difundiera esta nota, el ministro del Interior, José Antonio Alonso, compareció en rueda de prensa junto a su colega francés, Dominique de Villepin. Cuando fue preguntado sobre la apertura de la investigación judicial, a instancias de la Fiscalía, sobre las visitas de guardias civiles a Zouhier, Alonso fue preciso, muy preciso: «Me remito en sus justos términos a la nota emitida por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias».En dicha nota, se negaba que agentes de la Guardia Civil hubieran visitado a Rafá Zouhier, confidente del Instituto Armado encarcelado en la prisión de Valdemoro por su presunta implicación en los atentados, los días 22 y 23 de mayo. En dicha nota no se hablaba nada de las visitas, ahora sí reconocidas, de los días 9 y 14 de abril.
Ante la mirada un tanto sorprendida de su colega Villepin, Alonso aseguró que desde su Departamento se colaboraría en todo lo que la Justicia requiera, «como no podía ser de otra manera». «Por lo demás, el criterio es muy claro. Lo he repetido muchas veces y lo repito una vez más. La posición del Gobierno, del Estado y del Ministerio del Interior es de plena y absoluta colaboración con los jueces por una parte y con el Parlamento con la otra», añadió el ministro.
«Dimensión institucional»
En este sentido, reiteró su «plena confianza» en el funcionamiento de las Instituciones del Estado de Derecho y deseó que éstas finalicen sus investigaciones, tanto por la vía parlamentaria como por la judicial, «con la mayor prontitud posible». «Nosotros estamos al servicio de los jueces y del Parlamento», indicó el titular de Interior quien añadió que en este asunto de los confidentes presuntamente implicados en el 11-M, su departamento se mueve en el marco de la «dimensión institucional».
Alonso había sido preguntado por la reacción a esta noticia del secretario general del PP, Mariano Rajoy, quien poco antes había asegurado que tenía «la convicción de que alguien está mintiendo en Instituciones Penitenciarias». «Nosotros sí vamos a dejar trabajar a los jueces, y nosotros sí vamos a dejar trabajar al Parlamento», dijo el ministro del Interior.
Por su parte, el secretario de Estado de seguridad, Antonio Camacho, también se refirió a la polémica de los confidentes desde El Escorial (Madrid) donde participó en uno curso de verano. «Creo que hay una investigación policial muy clara que dice que no existen irregularidades». Así de contundente se mostró Camacho al ser preguntado por las denuncias realizadas por el confidente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de que había sido presionado por agentes de éste cuerpo estando ya encarcelado.
Camacho explicó con tono rotundo que ya existe un comunicado, realizado por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.«Yo creo que el tema está bastante claro», aseguró.
El secretario de Estado aclaró, además, sobre los confidentes del 11-M: «Yo no tengo que decidir, es algo es algo que tiene que decidir la Comisión de Investigación parlamentaria. Por lo tanto, no me puedo pronunciar acerca de cuál va a ser la decisión que adopte el Parlamento en relación a este tema».
El Secretario de Estado de Seguridad, número dos de Alonso, realizó estas declaraciones en el marco de los Cursos de Verano de El Escorial, dónde inauguraba un ciclo sobre Ciencia y Tecnología Policial.
11-M LA INVESTIGACION / LAS PRESIONES A UN CONFIDENTE
EL 'DESMENTIDO' DE PRISIONES
El mismo día que EL MUNDO publicaba la noticia, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias hizo pública una nota, en la que desmentía que en los días 22 y 23 de mayo el confidente Zouhier hubiera recibido la visita de miembros de la Guardia Civil, con un titular ambiguo que generó confusión. Así, en la jornada siguiente, tanto emisoras de radio como algún periódico negaron las presiones, y ayer mismo, como reproduce el titular del teletipo de Efe, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, seguía ofreciendo la versión de que Zouhier no recibió ninguna visita.
11-M LA INVESTIGACION / LAS PRESIONES A UN CONFIDENTE
Zaplana: «Lo sabían y lo intentaron ocultar»
MADRID.- Eduardo Zaplana declaró ayer que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mintió cuando afirmó que el confidente Rafá Zouhier no recibió visitas por parte de agentes de la Guardia Civil y, en este sentido, destacó que el Ejecutivo central ha tenido que «rectificar» y reconocer que, «al menos el 9 y el 14 de abril», se produjeron estos encuentros.
Tras destacar que la fecha en la que se produjeron las visitas «es, sin duda, lo de menos», el portavoz del PP en el Congreso criticó que el día en que el Gobierno informó de que no existía constancia de las visitas «ya sabía de sobra que se habían producido, y lo intentaron ocultar». En la misma línea, señaló que el comunicado emitido ayer por Interior en el que anuncia la existencia de estos encuentros en las fechas señaladas lo podían «haber facilitado anteriormente, y no lo han hecho de forma intencionada, queriendo ocultar la verdad».
«Esto», añadió el portavoz 'popular', «nos lleva a pensar que tal vez algunas noticias que están apareciendo en los medios pueden tener más sentido del que el Gobierno les quiere dar y reconocer».
«Parece evidente que ya no queda ningún argumento para seguir oponiéndose a las comparecencias solicitadas por el PP», concluyó Zaplana.
11-M LA INVESTIGACION
Un ministro en apuros
FERNANDO LOPEZ AGUDIN
Se apellida Alonso, se llama José Antonio, fue temprano compañero de pupitre de Zapatero, es juez y ocupa, inesperadamente, la cartera de Interior cuando todos pensaban que iba hacerse cargo de un Ministerio de Justicia finalmente ocupado por López Aguilar.Desde ayer, desde el mismo instante en que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ordenase la apertura de una investigación sobre las supuestas amenazas de la Guardia Civil sobre el confidente Rafá Zouhier, es un ministro en apuros.
Sucesor de Acebes, el primer cadáver político de los trabajos de la Comisión de Investigación parlamentaria sobre la matanza del 11-M, puede acabar también compartiendo su sepultura política si la indagación ordenada por la Fiscalía General concluye encontrando las huellas que prueben los esfuerzos persuasivos de los agentes de la Benemérita sobre Zouhier. Entonces, sería algo más que un ministro en apuros. Sería un ministro caído en desgracia, apenas rebasados los 100 días de gracia del Gobierno Zapatero, que no habría escapado a la maldición de Interior que padecen todos sus anteriores ministros.
No cabe llamarse a engaño. Cualquier comisión de investigación sobre el trabajo policial de los aparatos de seguridad del Estado suscita no pocas dudas, muchos problemas e innumerables resistencias.Tanto gremiales como corporativas, puesto que, tanto la Guardia Civil como la policía, rechazan abrirse en canal para someterse a la disección de sus tan evidentes como lógicos fallos orgánicos, profesionales y políticos.
Apenas cicatrizadas las heridas de las penúltimas investigaciones, sobre las sucesivas siglas de la guerra sucia, son literalmente empujados a volver a entrar en el quirófano del Congreso de los Diputados donde les espera, una vez más, el implacable bisturí que la clase política se niega a utilizar sobre su mismo cuerpo político.
Si en Defensa niegan la desclasificación de algunos de los informes secretos que Zapatero prometiera desclasificar, no sería extraño que en Interior negaran la declaración de quienes pudieran dejarles con el trasero profesional al aire. Ocurrió ayer, ocurre hoy y ocurrirá mañana. Sucedió allí, sucede aquí y sucederá allá.La razón de Estado es tan omnipotente e omnipresente como lo son los intereses corporativos. Nadie, llamase Aznar o Acebes, prestó la atención necesaria al potente terrorismo internacional.Por lo tanto, no hubo hombres, expertos, medios y recursos, cuando optaban por jugar a las cruzadas interpretando el papel de mucamas de Ricardo Corazón de León contra Saladino.
Pero si estas presiones traspasan una línea roja, como la supuestamente rebasada en el caso Zouhier, debieran encontrar una contundente respuesta por parte del Ministerio del Interior. Caiga quien caiga, afecte a quien afecte. No cabe ningún tipo de dilación ni, por supuesto, de encubrimiento. De igual modo que Bono no se lo ha pensado al destituir a todos los militares implicados en el caso Yak-42, Alonso no debería vacilar en cesar a todos los profesionales policiales implicados en el caso Zouhier si la investigación ordenada por el fiscal Conde-Pumpido concluyese dando la razón al confidente supuestamente amenazado. Más le valdría ponerse una vez colorado, entonces, que ciento morado, después.
Si lo duda, puede pedir consejo a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que padeció en el desaparecido Ministerio de Justicia e Interior lo que él padece en Interior.Si quiere dejar de ser un ministro en apuros, más vale que la escuche.
11-M LA INVESTIGACION / EL ENFRENTAMIENTO POLITICO
Rajoy acusa a Prisiones de «mentir» sobre Zouhier
Solicita que comparezca Alonso para explicar las reuniones con el confidente en la cárcel y la visita de Rubio a Gobelas
CARMEN REMIREZ DE GANUZA
MADRID.- El secretario general del PP, Mariano Rajoy, tomó ayer por primera vez el testigo de la Comisión de Investigación del 11-M para pasar del silencio a la ofensiva frente al Gobierno y al Partido Socialista. Rajoy arremetió ayer contra Instituciones Penitenciarias por «mentir» respecto de las visitas y las presiones sobre el confidente de la Guardia Civil, Rafá Zouhier, en prisión provisional por su implicación en el 11-M.
Rajoy dio por «demostrado», en una conferencia pronunciada en los cursos de verano de El Escorial, que en «la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se falta a la verdad de una manera patente y sorprendente» por haber desmentido la semana pasada dichas visitas, ahora atestiguadas mediante una carta enviada por el propio preso marroquí a EL MUNDO. Y aún afinó más, a preguntas de los periodistas, cuando aseguró: «Tengo la convicción moral de que alguien está mintiendo en Instituciones Penitenciarias».Se preguntó a continuación «por qué miente» la directora general.
Rajoy, quien hasta ahora había dejado hablar a Acebes y a Zaplana sobre el rumbo de la comisión parlamentaria, abanderó ayer la protesta popular por el «veto» que el Partido Socialista ha impuesto sobre la comparecencia de los confidentes policiales, que ayer volvió a solicitar el Partido Popular. «El PP no ha vetado a nadie», enfatizó.
Además, el líder de la oposición retomó el reto lanzado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado viernes al recordarle que no ha contestado a su propuesta de debatir en pleno las conclusiones de la Comisión del 11-M. Rajoy dijo ayer que, «yo, si fuera él, aceptaría debatirlas conmigo». «Si no lo acepta», aseveró, es «porque tiene algo que ocultar».
Para el líder del PP, «lo más grave» que ha ocurrido en la primera semana de investigación, además de la descubierta llamada del vicepresidente de la Comisión al primer compareciente, el portero de Alcalá, es el conocimiento de la visita del comisario general de Información a la sede socialista de Gobelas, antes de su propia comparecencia.
«¿Qué pinta el jefe de la lucha antiterrorista en la sede de un partido político como el PSOE?», se preguntó públicamente.«Voy a exigirle que venga al PP a contarnos lo que ha contado al PSOE», ironizó antes. Por fin, con la máxima solemnidad, Rajoy declaró que «el ministro del Interior tiene que comparecer para explicar qué hace el comisario general de Información en la sede socialista». Además, envió un dardo envenenado a algunos medios de comunicación cuando consideró «aún más sorprendente que no se dé importancia a esto desde la opinión pública».
El secretario general del PP eludió referirse a estrategias de choque en la Comisión para forzar las comparecencias solicitadas, incluida la de su propia retirada, que no fue descartada por el portavoz del grupo parlamentario, Eduardo Zaplana. De momento, dijo, el PP invitó al PSOE a «la reflexión», no sin añadir que, «pese a quienes creían que la comisión iba a ser un mal trago para el PP, está ocurriendo todo lo contrario».
Síntoma de la confianza con que el secretario general del PP encaró ayer la «tranquilidad» de su grupo ante la Comisión fue el público y renovado apoyo que hizo a Angel Acebes como su próximo secretario general. Rajoy desmintió ayer a quienes han visto debilitada la posición del ex ministro del Interior de cara al Congreso del PP de octubre al confirmar, una vez más, su nombramiento -el único con el que se ha comprometido-, sea cual sea el resultado de la Comisión de Investigación.
«Yo tengo la mejor opinión del señor Acebes», explicó, «y prueba de ello es que le he nombrado secretario general adjunto en cuanto he tenido oportunidad. Es muy querido en el partido, ha trabajado muy bien, se conoce la organización y ha ocupado tres carteras ministeriales con acierto». «Y la Comisión del 11-M» añadió, «servirá para confirmar lo que ya se sabía, que dijo la verdad y que la contó minuto a minuto».
El curso de verano de El Escorial dirigido por el juez Baltasar Garzón bajo el título La lucha contra el terrorismo y sus límites fue el escenario de otras arremetidas del PP. José María Michavila, coordinador de Comunicación del partido, declaró que el Gobierno está «manipulando, manejando y gobernando» la investigación sobre el 11-M.
Michavila denunció las «continuas filtraciones» del sumario a pesar de que está sometido a secreto judicial, y acusó al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido de «tapar las vergüenzas del ministro del Interior» por no haber investigado las diligencias policiales publicadas hace un mes por El País.
11-M LA INVESTIGACION / EL ENFRENTAMIENTO POLITICO
Los guardias civiles quieren que sus mandos declaren
MADRID.- Las asociaciones de guardias civiles AUGC y AIGC consideran que la presencia de mandos de la Benemérita en el Congreso podría servir para despejar las dudas sobre los contactos que agentes del instituto armado mantuvieron con los confidentes del 11-M.
Miembros de ambas asociaciones creen positivo que la Comisión del Congreso vuelva a llamar a los dos mandos citados para el pasado martes, cuya comparecencia no pudo llevarse a cabo al prolongarse las declaraciones de miembros de la Policía Nacional.
Los responsables de la Guardia Civil que no pudieron comparecer son José Manuel García Varela, subdirector general de Operaciones del Instituto Armado y ex jefe de Información y Policía Judicial, y Vicente Faustino Pellicer, subdirector operativo.
Un portavoz de la AUGC dijo a Servimedia que sería bueno que mandos de su institución vayan al Congreso para explicar que en la Benemérita no se tuvo constancia «de que los confidentes tuvieran relaciones con el terrorismo islamista».
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