19.4.06
Policías del 'caso Bono' admiten ante el tribunal que alteraron el atestado
19-04-06
Policías del 'caso Bono' admiten ante el tribunal que alteraron el atestado
Los agentes que detuvieron a dos militantes del PP incluyeron, con fecha 22 de enero, que un escolta del ministro resultó herido, un dato que sólo conocieron el día 25 / Su superior, Rodolfo Ruiz, en cuya comisaría apareció la 'mochila de Vallecas', negó haber ordenado la manipulación
MARIA PERAL
MADRID.- El inspector jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid Javier F. y el inspector José Luis G., acusados de la detención ilegal de dos militantes del PP por el intento de agresión al ex ministro de Defensa José Bono, admitieron ayer ante el Tribunal que les juzga que rehicieron a posteriori varias diligencias incluidas en el atestado antes de enviarlo a la autoridad judicial.
El reconocimiento de ese hecho se produjo a preguntas del propio presidente del Tribunal, el magistrado Miguel Hidalgo, durante la primera sesión del juicio contra ambos agentes y contra su superior, el comisario jefe de la Brigada, Rodolfo Ruiz.
El PP, única parte acusadora, pide para los tres funcionarios policiales penas de 4 a 10 años de cárcel por presuntos delitos de detención ilegal, falsedad documental y coacciones. (.../...)
El abogado del PP, Juan Ramón Montero, sostiene que los militantes de ese partido Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz fueron detenidos sin que existiera contra ellos indicio alguno de responsabilidad en los altercados que se produjeron en Madrid el 22 de enero de 2005, cuando el ex ministro de Defensa se incorporó a una manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo.
Bono fue recibido con abucheos e insultos de una parte de los manifestantes, que zarandearon a los miembros de la cápsula de seguridad que se formó en torno al ministro.
Tres días después fueron conducidos a la Brigada Provincial de Información Barrios y De la Cruz, cuya identificación sólo fue posible después de que medios de comunicación afines al Gobierno difundieran sus nombres y su filiación política.
A lo largo de una intensa sesión de seis horas, los imputados rechazaron ante la Sección 16 de la Audiencia de Madrid que no hubiera indicios para que Barrios y De la Cruz comparecieran en calidad de imputados.
El peso de la tarea de contradecir la tesis de la acusación lo llevó el inspector jefe Javier F., que, pese a tener rango inferior al comisario Rodolfo R., negó que éste ordenase actuar contra los militantes del PP y afirmó que su superior sólo fue informado de la investigación.
Javier F. asumió en primera persona la decisión de haber citado a los dos afiliados del PP, haberles tomado declaración como imputados y figurar como instructor de la totalidad del atestado que se envió al Juzgado.
Después de que el letrado Montero le recordase que los policías que presenciaron los incidentes coincidieron en negar que Bono fuera agredido, el inspector jefe manifestó que «nunca se imputó a nadie una agresión, pero había indicios de otras modalidades delictivas».
Javier F. habló de atentado a la autoridad, amenazas e incluso de un delito relativo al ejercicio de derechos fundamentales «al haber obligado al ministro a abandonar la manifestación». Según él, en las cintas grabadas por las televisiones «se veía el palo de una bandera que es apartada por la cápsula de seguridad» y un «manotazo al paso del ministro que sólo podía proceder de Barrios».
Pero, sobre todo, el inspector jefe negó, al igual que los otros dos acusados, que los militantes del PP sufrieran detención alguna.
En respuesta a un detallado interrogatorio del abogado del Estado Ignacio Redondo, defensor de Javier F., éste manifestó que se envió un coche camuflado a recoger a Barrios «a la hora y en el lugar que él nos dijo porque no conocía la zona de Moratalaz [en la que está la Brigada] y, además, quería venir acompañado de sus familiares y de Antonia».
Tampoco se les tomó fotografías ni huellas dactilares ni permanecieron bajo custodia. «Estuvieron en distintas dependencias según les apetecía: la sala de visitas, mi despacho, en el pasillo con sus familiares», dijo el inspector jefe.
De esta forma, los acusados explicaron que hubo lectura de derechos al «detenido» y actas de «puesta en libertad» por un «error» motivado por el hecho de que «no hay impresos para comparecencias voluntarias».
Fue el propio presidente del Tribunal, que demostró un buen conocimiento de la causa, el que puso en aprietos al inspector jefe, y no en relación a la presunta detención ilegal sino en relación a la acusación de falsedad documental.
Hidalgo preguntó al inspector jefe cómo era posible que en la diligencia inicial del atestado, fechada el 22 de enero de 2005 a las 22 horas, apareciera un dato -que un escolta de Bono resultó herido en un brazo- que no se supo hasta tres días después, cuando el escolta compareció en la Brigada.
Javier F. acabó reconociendo, visiblemente descolocado, que «puede que se añadiera ese dato a posteriori».
El inspector José Luis G., que aparece como secretario del atestado, ofreció como explicación que «la diligencia inicial y la remisión del atestado al Juzgado no se imprimen y firman hasta el último día».
Pero lo cierto es que, además de la alteración de la diligencia inicial, en el cuerpo del atestado aparecen otras singularidades, como la presencia del inspector jefe en actuaciones que admitió no haber practicado (como la propia declaración del escolta lesionado) y la desaparición como instructor del atestado de un inspector que se negó a detener a los militantes del PP porque, a su juicio, no había base para ello.
Este inspector fue apartado del caso Bono y relevado como jefe de grupo, decisión que Javier F. y el comisario de la Brigada dijeron ayer que se debió a su «falta de celo profesional» y a que «no daba el perfil» para el puesto que ocupaba.
MARIA PERAL
MADRID.- El inspector jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid Javier F. y el inspector José Luis G., acusados de la detención ilegal de dos militantes del PP por el intento de agresión al ex ministro de Defensa José Bono, admitieron ayer ante el Tribunal que les juzga que rehicieron a posteriori varias diligencias incluidas en el atestado antes de enviarlo a la autoridad judicial.
El reconocimiento de ese hecho se produjo a preguntas del propio presidente del Tribunal, el magistrado Miguel Hidalgo, durante la primera sesión del juicio contra ambos agentes y contra su superior, el comisario jefe de la Brigada, Rodolfo Ruiz.
El PP, única parte acusadora, pide para los tres funcionarios policiales penas de 4 a 10 años de cárcel por presuntos delitos de detención ilegal, falsedad documental y coacciones. (.../...)
El abogado del PP, Juan Ramón Montero, sostiene que los militantes de ese partido Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz fueron detenidos sin que existiera contra ellos indicio alguno de responsabilidad en los altercados que se produjeron en Madrid el 22 de enero de 2005, cuando el ex ministro de Defensa se incorporó a una manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo.
Bono fue recibido con abucheos e insultos de una parte de los manifestantes, que zarandearon a los miembros de la cápsula de seguridad que se formó en torno al ministro.
Tres días después fueron conducidos a la Brigada Provincial de Información Barrios y De la Cruz, cuya identificación sólo fue posible después de que medios de comunicación afines al Gobierno difundieran sus nombres y su filiación política.
A lo largo de una intensa sesión de seis horas, los imputados rechazaron ante la Sección 16 de la Audiencia de Madrid que no hubiera indicios para que Barrios y De la Cruz comparecieran en calidad de imputados.
El peso de la tarea de contradecir la tesis de la acusación lo llevó el inspector jefe Javier F., que, pese a tener rango inferior al comisario Rodolfo R., negó que éste ordenase actuar contra los militantes del PP y afirmó que su superior sólo fue informado de la investigación.
Javier F. asumió en primera persona la decisión de haber citado a los dos afiliados del PP, haberles tomado declaración como imputados y figurar como instructor de la totalidad del atestado que se envió al Juzgado.
Después de que el letrado Montero le recordase que los policías que presenciaron los incidentes coincidieron en negar que Bono fuera agredido, el inspector jefe manifestó que «nunca se imputó a nadie una agresión, pero había indicios de otras modalidades delictivas».
Javier F. habló de atentado a la autoridad, amenazas e incluso de un delito relativo al ejercicio de derechos fundamentales «al haber obligado al ministro a abandonar la manifestación». Según él, en las cintas grabadas por las televisiones «se veía el palo de una bandera que es apartada por la cápsula de seguridad» y un «manotazo al paso del ministro que sólo podía proceder de Barrios».
Pero, sobre todo, el inspector jefe negó, al igual que los otros dos acusados, que los militantes del PP sufrieran detención alguna.
En respuesta a un detallado interrogatorio del abogado del Estado Ignacio Redondo, defensor de Javier F., éste manifestó que se envió un coche camuflado a recoger a Barrios «a la hora y en el lugar que él nos dijo porque no conocía la zona de Moratalaz [en la que está la Brigada] y, además, quería venir acompañado de sus familiares y de Antonia».
Tampoco se les tomó fotografías ni huellas dactilares ni permanecieron bajo custodia. «Estuvieron en distintas dependencias según les apetecía: la sala de visitas, mi despacho, en el pasillo con sus familiares», dijo el inspector jefe.
De esta forma, los acusados explicaron que hubo lectura de derechos al «detenido» y actas de «puesta en libertad» por un «error» motivado por el hecho de que «no hay impresos para comparecencias voluntarias».
Fue el propio presidente del Tribunal, que demostró un buen conocimiento de la causa, el que puso en aprietos al inspector jefe, y no en relación a la presunta detención ilegal sino en relación a la acusación de falsedad documental.
Hidalgo preguntó al inspector jefe cómo era posible que en la diligencia inicial del atestado, fechada el 22 de enero de 2005 a las 22 horas, apareciera un dato -que un escolta de Bono resultó herido en un brazo- que no se supo hasta tres días después, cuando el escolta compareció en la Brigada.
Javier F. acabó reconociendo, visiblemente descolocado, que «puede que se añadiera ese dato a posteriori».
El inspector José Luis G., que aparece como secretario del atestado, ofreció como explicación que «la diligencia inicial y la remisión del atestado al Juzgado no se imprimen y firman hasta el último día».
Pero lo cierto es que, además de la alteración de la diligencia inicial, en el cuerpo del atestado aparecen otras singularidades, como la presencia del inspector jefe en actuaciones que admitió no haber practicado (como la propia declaración del escolta lesionado) y la desaparición como instructor del atestado de un inspector que se negó a detener a los militantes del PP porque, a su juicio, no había base para ello.
Este inspector fue apartado del caso Bono y relevado como jefe de grupo, decisión que Javier F. y el comisario de la Brigada dijeron ayer que se debió a su «falta de celo profesional» y a que «no daba el perfil» para el puesto que ocupaba.
# Mensaje enviado por Kickjor @ 5:05 a. m. 
