7.5.06
Al año de la regularización vuelve a haber un millón de 'sin papeles'
7-05-06
Al año de la regularización vuelve a haber un millón de 'sin papeles'
A los 770.000 inmigrantes empadronados en 2005 que quedaron fuera del proceso hay que sumar los nuevos inscritos, que anualmente superan los 500.000 - Otros 259 'ilegales' llegaron ayer a la costa de Tenerife
PEDRO SIMON
MADRID.- Más de un millón de inmigrantes continúan actualmente en situación irregular en España, un año después del último proceso de legalización que acometió el Gobierno. A pesar de que la sexta regularización extraordinaria de los últimos 20 años (cuyo primer aniversario se cumple hoy) ha hecho aflorar buena parte del empleo sumergido y ha dado lugar a que centenares de miles de extranjeros empiecen a cotizar en la Seguridad Social, los datos oficiales señalan que aún existe una bolsa considerable de sin papeles.Más de la mitad de quienes estaban indocumentados al inicio del proceso sigue igual. A ellos hay que sumar los que nunca se han empadronado y quienes han llegado desde entonces a nuestro país.
Según cifras de la Secretaría de Estado de Inmigración, a día 2 de mayo de 2006 se han recogido 691.655 solicitudes de documentación legal, de las que se han resuelto favorablemente 577.049. Dado que al inicio del proceso de normalización, el 7 de febrero de 2005, el padrón indicaba que en España había en torno a 1.350.000 extranjeros sin documentación, la cantidad de personas que aún resta por obtener los papeles en regla rondaría la cifra de 770.000.
A esta cantidad habría que sumar todos los inmigrantes que ni siquiera se han empadronado, una cifra que las ONG estiman entre 100.000 y 150.000 personas. (.../...)
Igualmente, a los 1.350.000 extranjeros sin documentación que había en España a primeros de 2005 hay que añadir todos los que han ido llegando desde entonces. Tomando como referencia los datos del padrón ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), éstos indican que desde 2000 el incremento anual de extranjeros no comunitarios ha sido, de media, de medio millón.
Entre 2004 y 2005 -último periodo completo ofrecido por el INE-, este incremento fue de 586.970 personas. Sin embargo, los expertos subrayan que es previsible una reducción sustancial de esta cifra en el último año debido a las modificaciones introducidas en la Ley de Extranjería.
Las cuentas que hace el Ejecutivo arrojan en cualquier caso puntos de luz. Se ha dado el visto bueno al 83,4% de los expedientes que se presentaron en su día, y el 98% de ese porcentaje ha supuesto un alta en la Seguridad Social; con lo que, de resultas del proceso abierto que se cerró el 7 de mayo de 2005, en España hay en torno 567.000 nuevos cotizantes.
«Hemos puesto legalidad donde había ilegalidad, orden donde había desorden», señala a EL MUNDO Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración. «Un año después del proceso que se abrió, los datos avalan nuestras satisfacción. Se ha cumplido el objetivo del Gobierno, sindicatos y empresarios, y podemos asegurar que se ha asestado el mayor golpe nunca dado en este país a la economía sumergida».
A pesar de la autocomplacencia del Ejecutivo, la última regularización extraordinaria (de las que el PSOE siempre ha rehuido: en septiembre de 2002 llegó incluso a presentar una proposición no de ley para que no se llevaran a cabo) ha generado numerosos problemas y no ha resuelto otras carencias endémicas de la población extranjera en España. Estos son algunos de los aspectos a destacar un año después de la legalización acometida en 2005 por los socialistas.
Sin el 'marcador a cero'
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, vaticinó que, después del proceso de regularización, quedaría una «bolsa de inmigrantes indocumentados de 100.000 o menos».Nada más lejos de la realidad.
Según denuncia la organización SOS Racismo en su informe anual, «las expectativas del Gobierno de poner el marcador a cero» (legalizar a prácticamente todos los sin papeles) no se ha cumplido. «El número de población en situación irregular es cada vez mayor», señala la ONG, «porque se achica el agua pero no se repara la avería»;léase, una ley que condena a la clandestinidad. El informe revela que la irregularidad «es la mayor que nunca ha quedado después de un proceso de regularización».
Mayor represión
Inmediatamente después del proceso, denuncian las ONG, han aumentado los controles policiales y expulsión de inmigrantes en situación ilegal, a la vez que se han incrementado las inspecciones de trabajo que comportan la expulsión de extranjeros.
En noviembre pasado, el Defensor del Pueblo denunció irregularidades en la asistencia jurídica a inmigrantes (un solo abogado para 95 paquistaníes, por ejemplo) y criticó que las personas sometidas a procedimientos de extranjería estaban siendo tratados «como delincuentes».
Indefensión tras denegaciones
Muchos de los permisos rechazados en el proceso de regularización lo han sido por «un informe gubernativo desfavorable y sin dar mayor explicación», se quejan en SOS Racismo.Hasta el punto de que «se han denegado permisos porque el solicitante había sido denunciado por otra persona ante la Policía, tuviese o no fundamento esta denuncia». Fue el caso de H. G., marroquí, que vio tumbado su expediente por la citada razón. Lo único que figura en contra suya es su detención en octubre de 2004. Fue maltratado tras ser confundido con un delincuente. Aquella mancha errónea continúa indeleble.
Contratos precarios
Guardaron cola, pidieron los papeles, se los dieron, pero van a necesitar Dios y ayuda para lograr la renovación anual de los permisos de residencia y trabajo.El motivo es que buena parte de los contratos que sirvieron para regularizar a los inmigrantes en el último proceso de normalización se hicieron sobre contratos muy precarios. Y el derecho a ser llamado, en el caso de reinicio de la actividad productiva (sectores de construcción y hostelería) no se está cumpliendo. Si sus permisos no son renovados, volverán a ser inmigrantes irregulares.
Pagan los trabajadores
Muchos empleados son obligados por los empresarios a abonar las tasas por expedición de las tarjetas o la totalidad de las cotizaciones de la Seguridad Social. Las que más sufren esta práctica son las empleadas del hogar (que suponen cuatro de cada diez permisos de residencia otorgados): cobran en torno a 525-600 euros, de lo que hay que quitar el citado pago irregular de su bolsillo a las arcas públicas. La exigua cantidad que les resta impide, en muchos casos, la reagrupación familiar.
Repatriaciones en cuadro
Los menores están siendo repatriados de forma ilegal en muchos casos, sin ser escuchados y sin tener en cuenta el «interés superior del menor», tal y como dice la legislación internacional. Las administraciones incumplen sistemáticamente la norma que señala que, después de estar nueve meses tutelados, debe ser tramitado su permiso de residencia.
Entre los adultos, sólo tres de cada 10 subsaharianos que hay en España proceden de países que tienen convenio de readmisión con nuestro país, con lo que el resto está condenado a ser ciudadano de la tierra de nadie. Oficialmente, desde mediados de 2004 hasta finales de 2005 unos 7.000 inmigrantes del Africa negra cruzaron nuestras fronteras. El Gobierno expulsó a 1.556.
Eterna espera
Hasta ocho años de espera tienen que soportar los inmigrantes que solicitan permiso de residencia. La consecuencia más directa es la imposibilidad de adquirir una vivienda, con lo que, arrojados al prohibitivo mercado libre del alquiler, son condenados a la infravivienda, el hacinamiento y la marginalidad.
Según cifras de la Secretaría de Estado de Inmigración, a día 2 de mayo de 2006 se han recogido 691.655 solicitudes de documentación legal, de las que se han resuelto favorablemente 577.049. Dado que al inicio del proceso de normalización, el 7 de febrero de 2005, el padrón indicaba que en España había en torno a 1.350.000 extranjeros sin documentación, la cantidad de personas que aún resta por obtener los papeles en regla rondaría la cifra de 770.000.
A esta cantidad habría que sumar todos los inmigrantes que ni siquiera se han empadronado, una cifra que las ONG estiman entre 100.000 y 150.000 personas. (.../...)
Igualmente, a los 1.350.000 extranjeros sin documentación que había en España a primeros de 2005 hay que añadir todos los que han ido llegando desde entonces. Tomando como referencia los datos del padrón ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), éstos indican que desde 2000 el incremento anual de extranjeros no comunitarios ha sido, de media, de medio millón.
Entre 2004 y 2005 -último periodo completo ofrecido por el INE-, este incremento fue de 586.970 personas. Sin embargo, los expertos subrayan que es previsible una reducción sustancial de esta cifra en el último año debido a las modificaciones introducidas en la Ley de Extranjería.
Las cuentas que hace el Ejecutivo arrojan en cualquier caso puntos de luz. Se ha dado el visto bueno al 83,4% de los expedientes que se presentaron en su día, y el 98% de ese porcentaje ha supuesto un alta en la Seguridad Social; con lo que, de resultas del proceso abierto que se cerró el 7 de mayo de 2005, en España hay en torno 567.000 nuevos cotizantes.
«Hemos puesto legalidad donde había ilegalidad, orden donde había desorden», señala a EL MUNDO Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración. «Un año después del proceso que se abrió, los datos avalan nuestras satisfacción. Se ha cumplido el objetivo del Gobierno, sindicatos y empresarios, y podemos asegurar que se ha asestado el mayor golpe nunca dado en este país a la economía sumergida».
A pesar de la autocomplacencia del Ejecutivo, la última regularización extraordinaria (de las que el PSOE siempre ha rehuido: en septiembre de 2002 llegó incluso a presentar una proposición no de ley para que no se llevaran a cabo) ha generado numerosos problemas y no ha resuelto otras carencias endémicas de la población extranjera en España. Estos son algunos de los aspectos a destacar un año después de la legalización acometida en 2005 por los socialistas.
Sin el 'marcador a cero'
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, vaticinó que, después del proceso de regularización, quedaría una «bolsa de inmigrantes indocumentados de 100.000 o menos».Nada más lejos de la realidad.
Según denuncia la organización SOS Racismo en su informe anual, «las expectativas del Gobierno de poner el marcador a cero» (legalizar a prácticamente todos los sin papeles) no se ha cumplido. «El número de población en situación irregular es cada vez mayor», señala la ONG, «porque se achica el agua pero no se repara la avería»;léase, una ley que condena a la clandestinidad. El informe revela que la irregularidad «es la mayor que nunca ha quedado después de un proceso de regularización».
Mayor represión
Inmediatamente después del proceso, denuncian las ONG, han aumentado los controles policiales y expulsión de inmigrantes en situación ilegal, a la vez que se han incrementado las inspecciones de trabajo que comportan la expulsión de extranjeros.
En noviembre pasado, el Defensor del Pueblo denunció irregularidades en la asistencia jurídica a inmigrantes (un solo abogado para 95 paquistaníes, por ejemplo) y criticó que las personas sometidas a procedimientos de extranjería estaban siendo tratados «como delincuentes».
Indefensión tras denegaciones
Muchos de los permisos rechazados en el proceso de regularización lo han sido por «un informe gubernativo desfavorable y sin dar mayor explicación», se quejan en SOS Racismo.Hasta el punto de que «se han denegado permisos porque el solicitante había sido denunciado por otra persona ante la Policía, tuviese o no fundamento esta denuncia». Fue el caso de H. G., marroquí, que vio tumbado su expediente por la citada razón. Lo único que figura en contra suya es su detención en octubre de 2004. Fue maltratado tras ser confundido con un delincuente. Aquella mancha errónea continúa indeleble.
Contratos precarios
Guardaron cola, pidieron los papeles, se los dieron, pero van a necesitar Dios y ayuda para lograr la renovación anual de los permisos de residencia y trabajo.El motivo es que buena parte de los contratos que sirvieron para regularizar a los inmigrantes en el último proceso de normalización se hicieron sobre contratos muy precarios. Y el derecho a ser llamado, en el caso de reinicio de la actividad productiva (sectores de construcción y hostelería) no se está cumpliendo. Si sus permisos no son renovados, volverán a ser inmigrantes irregulares.
Pagan los trabajadores
Muchos empleados son obligados por los empresarios a abonar las tasas por expedición de las tarjetas o la totalidad de las cotizaciones de la Seguridad Social. Las que más sufren esta práctica son las empleadas del hogar (que suponen cuatro de cada diez permisos de residencia otorgados): cobran en torno a 525-600 euros, de lo que hay que quitar el citado pago irregular de su bolsillo a las arcas públicas. La exigua cantidad que les resta impide, en muchos casos, la reagrupación familiar.
Repatriaciones en cuadro
Los menores están siendo repatriados de forma ilegal en muchos casos, sin ser escuchados y sin tener en cuenta el «interés superior del menor», tal y como dice la legislación internacional. Las administraciones incumplen sistemáticamente la norma que señala que, después de estar nueve meses tutelados, debe ser tramitado su permiso de residencia.
Entre los adultos, sólo tres de cada 10 subsaharianos que hay en España proceden de países que tienen convenio de readmisión con nuestro país, con lo que el resto está condenado a ser ciudadano de la tierra de nadie. Oficialmente, desde mediados de 2004 hasta finales de 2005 unos 7.000 inmigrantes del Africa negra cruzaron nuestras fronteras. El Gobierno expulsó a 1.556.
Eterna espera
Hasta ocho años de espera tienen que soportar los inmigrantes que solicitan permiso de residencia. La consecuencia más directa es la imposibilidad de adquirir una vivienda, con lo que, arrojados al prohibitivo mercado libre del alquiler, son condenados a la infravivienda, el hacinamiento y la marginalidad.
# Mensaje enviado por Kickjor @ 6:39 a. m. 
