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Al día siguiente de la puesta en libertad de Saed el Harrak, la Fiscalía General del Estado anunció la apertura de diligencias informativas sobre la actuación de la encargada del caso, la polémica Olga Sánchez. A partir de ahora, la inspección solicitará un informe al fiscal jefe de la Audiencia, Jesús Santos, recabará documentación sobre lo sucedido y, previsiblemente, llamará a declarar a la protagonista. Una vez concluida esta primera fase, será Cándido Conde-Pumpido quien decida si a la fiscal encargada del 11-M se le abre expediente y si debe o no ser apartada del caso. El error de Olga Sánchez es muy similar al que el fiscal general utilizó hace sólo tres meses para justificar la salida de Eduardo Fungairiño de la Audiencia Nacional. Conde-Pumpido acusó entonces a Fungairiño de propiciar la liberación de los islamistas de la operación Dátil incumpliendo la instrucción de informar sobre las excarcelaciones más inminentes. Tal instrucción -promulgada por el propio Conde-Pumpido el 8 de noviembre de 2004 a raíz de la puesta en libertad de Allekema Lamari- dice que los fiscales deben mantener «el control individualizado de la situación personal de todos los imputados que se encuentren en prisión preventiva». Si este criterio precipitó la caída de un digno servidor del Estado como Fungairiño, nadie entendería que el fiscal general no se lo aplicara también a Olga Sánchez.En vez de conceder entrevistas a los medios dóciles y perturbarse con cada nueva revelación de los que no lo son, la fiscal debería haber encontrado un momento para avisar al juez Del Olmo de cuándo vencía la prisión provisional de El Harrak. Si Conde-Pumpido no aplica en este caso su propia jurisprudencia, quedará más que nunca en evidencia que al Gobierno, además de un juez incompetente, le conviene una fiscal desidiosa.