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El secuestro de Miguel Angel Blanco fue un órdago siniestro de ETA al Gobierno de Aznar, lanzado desde la rabia que produjo a la banda la liberación de José Antonio Ortega Lara por la Guardia Civil. El funcionario de prisiones había pasado 532 días encerrado en un ataúd subterráneo, sometido a la peor tortura que quepa imaginar, mientras los terroristas exigían al Ejecutivo el acercamiento de todos sus presos a cárceles del País Vasco. El presidente y su ministro del Interior no sólo rechazaron con firmeza esa extorsión, sino que lograron averiguar el paradero del secuestrado y poner fin a su calvario, en una operación que se saldó con la detención de los cuatro criminales que le custodiaban. Unos días más tarde, un anónimo concejal del PP en Ermua pagó ese éxito del Estado de Derecho a un precio exorbitante.

Una vez capturado a punta de pistola e introducido en el corredor de la muerte que le habían preparado Txapote y sus secuaces, Miguel Angel sólo tenía una oportunidad de salvar la vida: que se hubiese anunciado a través de los medios de comunicación el inmediato traslado de todos los reclusos etarras a centros penitenciarios vascos. El grupo que le retenía estaba tan decidido a llevar su ultimátum hasta el final que se preocupó de que nadie, ni siquiera en las altas instancias de la organización terrorista, supiera dónde encontrarles. Eso le comunicó cierto dirigente etarra a una de las personas que intentó abogar por el edil, explicando que se trataba de una «operación cerrada», sin posibilidad de negociación alguna. El único contacto de los secuestradores con el exterior era una radio que, como cabía esperar, jamás dio la noticia de la cesión al chantaje. Dicho de otro modo; que Francisco Javier García Gaztelu, Irantzu Gallastegi y los restantes cómplices de este asesinato lo llevaron a cabo con premeditación, alevosía (el calibre empleado para dispararle en la cabeza era más pequeño de lo habitual, con el fin de prolongar su agonía), crueldad infinita (más de 24 horas estuvo llorando el muchacho, consciente de lo que le esperaba, sin que sus lágrimas ablandaran la fría determinación de sus verdugos) y el refinamiento sádico de aplazar dos días una ejecución prevista de antemano.

Miguel Angel Blanco murió, después de sufrir un martirio, para que la democracia española salvase su dignidad. Murió para que la Ley y la Justicia no resultaran dañadas. Si ahora el Gobierno de Zapatero decide doblegarse, «dialogar», emprender un «proceso de paz» con las condiciones fijadas por los terroristas, habrá muerto para nada.