Hemeroteca de kickjor

A veces, en el fragor del debate partidista, se pierden de vista los asuntos que deberían quedar al margen de esa diaria lucha por el poder. Y es una lástima, porque, al final, la diferencia entre unos países y otros no está en la población, ni en las reservas naturales, ni en la forma de Estado, ni en el Producto Interior Bruto, ni siquiera en la renta per cápita, sino en las instituciones que se sitúan por encima de la querella por el poder.

En rigor, lo que hace prósperos y respetables o pobres y miserables a los países es todo lo que por ley escapa al Gobierno de turno, porque no entra dentro de sus atribuciones cambiar determinadas cosas. O, al revés, si el Gobierno tiene derecho a cambiarlo todo aunque su estancia en el poder sea tasada y limitada en el tiempo. El gran cambio en España, la gran estafa del zapaterismo, es que había cosas que no podía cambiar el Gobierno de turno porque era exactamente eso: de turno. Zapatero no ha respetado las reglas del juego, ha demolido el régimen constitucional de 1978 y se ha saltado a la torera todas las cauciones legales, políticas y morales que nos permitían estar relativamente tranquilos en cuanto al alcance de las reformas que un Gobierno llegado a través de las urnas podía imponer sobre lo que no pasa ni debe pasar por las urnas, porque está fuera de su alcance. Y claro que todo régimen constitucional puede cambiar según sus propias reglas, pero eso exige siempre acudir a los dueños de la parcela para ver si dan el visto bueno y aceptan la edificabilidad de nuevos edificios. No se puede edificar por las bravas o demoler porque sí cuando la propiedad es de otro.

El debate de ayer en el Congreso enfrentaba a Rajoy, que es Registrador de la Propiedad, con una clase política que, en contra de todos los principios liberales y del sentido real de la democracia, cree que puede hacer lo que le dé la gana con España; unos, los nacionalistas, porque piensan que España no existe o no debe existir y aspiran a destruirla; otros, los socialistas, porque piensan que no existe como sujeto de derecho, sino como objeto inerte de su voluntad. En el fondo, el debate sobre si los españoles como tales tenemos derecho a opinar sobre el futuro de la Nación se convirtió en una disputa sobre un principio esencial de cualquier sociedad, que es el de propiedad. Rajoy dice que «los dueños de esto», o sea, los españoles, tenemos derecho a opinar. Y cuatro millones de firmas lo avalan. Socialistas, comunistas y nacionalistas niegan que España sea propiedad de los españoles en conjunto y no por partes autoproclamadas soberanas, que eso supone el Estatuto de Cataluña.

En todas partes, el derecho de propiedad «bien habida» levanta un muro entre el Gobierno fuerte y el ciudadano débil. Allá donde hay propiedad suele haber libertad. Pero en este Parlamento son mayoría los amigos de Evo.