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TRIBUNA LIBRE

Inmigración: Zapatero toma el pelo a Rajoy

LUIS MARIA ANSON

El 19 de septiembre de 2004, escribí: «El entusiasmo inmigratorio de las huestes zapateriles no se deriva de la solidaridad y el respeto a los Derechos Humanos, sino de los cubileteos electorales.No atiende a la conveniencia de España sino a la puramente partidista El cálculo que el think tank socialista se ha hecho es que la inmensa mayoría de los inmigrantes votarían a favor de Zapatero, sobre todo si se abre la mano y se suministran papeles para todos, tras animarles a denunciar a sus patrones, en alto porcentaje, por cierto, amas de casa. 600.000 inmigrantes reconocidos actualmente en Madrid, cerca de 500.000 en Valencia, 130.000 en Baleares, otros tantos en Murcia, podrían alterar los resultados municipales y autonómicos en esos lugares. Así es que, al margen de la conveniencia de España y del bien común de los españoles, hala, que se incremente, sin el debido control, incluso por medio del matrimonio-divorcio exprés, el número de inmigrantes y que voten, que voten, a ver si se entera el PP de lo que vale un peine, si bien la inteligente vicepresidenta le ha salido al paso con cierta ambigüedad a Caldera».

El 11 de diciembre de 2004, publiqué: «El think tank socialista cree que el 85% de los votos de los inmigrantes caerán en el cesto electoral del PSOE. Se trata, pues, de legalizar cuanto antes la inmigración. Después vendrá la nacionalización para que tengan derecho a voto. Con esos sufragios, por ejemplo, Madrid comunidad votará socialista. Incluso Madrid capital podría llegar a hacerlo».

El 26 de febrero de 2005, añadí: «Hace muchos meses que en esta canela se vaticinó la política de inmigración que el PSOE llevaría adelante. Bajo la coartada de la lucha antirracista y laboral, los socialistas quieren legalizar a dos millones de inmigrantes que, unidos a los que trabajan legalmente, permitiría a la inmigración alcanzar un 10% de la población española... El planteamiento del PSOE es nítido. ¿A quién votarán los inmigrantes? De forma abrumadoramente mayoritaria a los socialistas. Se trata, pues, de legalizarlos y después, de forma selectiva, de otorgarles la nacionalidad para que puedan votar. Eso significa que el PSOE ganará en Madrid comunidad y que rozará la victoria en Madrid capital, que es electoralmente la pieza más suculenta y más lejana para la opción socialista».

El 14 de abril de 2005, publiqué: «Números redondos, ya hay cuatro millones de inmigrantes en España. Es una cifra cercana al 10% de la población. Si a la permisividad actual se suma la capacidad de procreación del inmigrante, nos situaremos en cinco años por encima de los 10 millones de extranjeros. Es decir, más del 20% de la población estará formada por inmigrantes e hijos de inmigrantes En muy pocos años tendremos otra España. Otra España. La democracia ha cristalizado en nuestra nación sobre la moderación del centro derecha y del centro izquierda. En España se estaba formando una mayoría moderada superadora del alud izquierdista de los años 80. Estamos inyectando ahora, en el cuerpo social español, un 20% de izquierdismo suplementario que es la inmigración, concentrada en Madrid y Barcelona».

El 14 de mayo de 2005, publiqué: «La regularización de los inmigrantes se ha hecho de forma alocada, incoherente, espasmódica. El efecto llamada no hará sino agravar el problema. Como tenemos fronteras comunes con Europa, Francia ha reaccionado airada golpeando sin piedad al Zapatero genuflexo. Ni amistades ni vainas. Usted regulariza a sus inmigrantes, se produce el efecto llamada y legales e ilegales se cuelan en Francia como Caldera por un piso de la Trujillo.El ministro Villepin le ha cantado las cuarenta a su colega español y ha tomado medidas para frenar los efectos de 'tanta estupidez'».

El 29 de agosto de 2005, y tras un editorial del diario adicto El País en el que se dictaminaba «el que cotiza, vota», desenmascarándose así la política inmigratoria del PSOE, escribí: «Según he denunciado reiteradamente desde esta canela fina, la disparatada política de legalizar inmigrantes, que tanta ira ha despertado en nuestros vecinos europeos, no era tan disparatada: primero, se les legaliza; después, que voten. Ante un PP paralizado y estupefacto, un poco merengoso, la verdad, los socialistas van a por todas, sin tapujos ni eufemismos. El País ha lanzado ya la gran consigna para vencer en los comicios madrileños: 'Al menos en las elecciones locales, el que cotiza, vota'».

El 2 de enero de 2006, añadí: «Pocas operaciones se han hecho en España más inteligentes que la legalización masiva de inmigrantes, enmascarada tras posiciones de solidaridad y progresía. Algunos nos dimos cuenta de que se trataba de introducir, en la cesta de los votos, nuevos huevos socialistas. En su estrategia global, el PSOE, que aspira a la mayoría absoluta o casi absoluta en las generales, sabe que el paso previo es ganar dentro de año y medio Madrid. Y ha puesto en marcha la operación inmigrante.Se trata de una estrategia de gran dificultad. Había que legalizar a los inmigrantes, aún a costa de irritar a media Europa. Una vez legalizados los presuntos votantes del PSOE y del partido comunista, llega la hora de acelerar la nacionalización y de apelar a los Derechos Humanos y a la progresía de salón para crear el clima necesario que desbroce el camino de la sagaz consigna, deslizada el pasado verano por el grupo mediático adicto: el que cotiza, vota.»

El que cotiza, vota. Aún más: el que tiene permiso de residencia, vota. El País se ha despendolado ya dedicando dos recientes editoriales a la maniobra, aparte del inicial con el que nos obsequió el verano pasado: Cotizo, luego voto (16-8-2006) y Voto inmigrante (22-8-2006). Socialistas y comunistas han presentado, claro es, como estaba previsto, una iniciativa en el Congreso para que los inmigrantes voten en las municipales de 2007. La cifra de extranjeros con derecho a voto en 2007 superará el 1.200.000, con incidencia especial en Madrid, Gallardón contrito, si bien María Teresa Fernández de la Vega, que se da cuenta de lo burda que es la operación, ha dulcificado las cosas asegurando que para las municipales del año que viene difícilmente podrán votar los inmigrantes legalizados. ¿Se refiere a todos, a una parte, a la mayoría? Eso queda en los desvanes de la incertidumbre.Está claro, sin embargo, que el PSOE no regateará esfuerzos para sumar un voto que ha puesto en marcha a través de una maniobra audaz. La vicepresidenta teme la reacción de una parte del pueblo español, atónito ante lo que está ocurriendo, ante el espectáculo de cayucos, pateras, aeropuertos y trapisonderías.

Ah, y sin perder de vista autonómicas y generales, porque para las municipales vale la fórmula «el que cotiza, vota» o «el que tiene permiso de residencia, vota». Sin embargo, para las regiones y la nación se exigen otros requisitos. Así es que en 2005 se ha concedido la nacionalidad española a 51.107 inmigrantes, lo que significa un ligero incremento del 326%. Para 2006 se espera añadir otros 70.000 y arribar a la orilla de 100.000 más en 2007.En las elecciones generales de 2008 tendremos cerca de 500.000 inmigrantes nacionalizados, es decir, ciudadanos españoles de pleno derecho. Esperanza Aguirre situó a la eficaz Lucía Figar al frente de la política de inmigración en un intento de frenar el alud que se le ha venido encima. No sé si será capaz de detener las olas con las manos.

Salvo Acebes, que se dio cuenta en su día de la estratagema socialista, el PP se sigue chupando el dedo candorosamente. No se trata de embestir la muleta de los Derechos Humanos, las tentaciones racistas, la sombra de la delincuencia, las torpezas gubernamentales en Canarias, sino ir al fondo de la cuestión que es la vasta maniobra electorera. Zapatero le ha tomado el pelo a Rajoy. Está exultante.Cree que si la jugada de ETA le sale medio decorosa, se aproximará en 2008, contando con el voto inmigrante, a la mayoría absoluta.Así, durante la próxima legislatura podrá construir el disparate de la España en la que cree, sobre los escombros de la gran nación que durante 500 años mantuvo su unidad y escribió una de las tres grandes historias del Occidente moderno.

Luis María Anson es miembro de la Real Academia Española.

La opinión pública está preparada para creer que fue un comando del PP, y no de ETA, el que probó explosivos en un coche a las afueras de Burdeos para sabotear el proceso como lo hacen esos empresarios que ponen su buzón en la trayectoria de una carta de extorsión con las mismas ganas de fastidiar a Zetapé, que animaban a quienes pusieron la nuca en la trayectoria de una bala en vías de legalización. O de una técnica moderna de vindicación política, que dijo el oso Yogui, euskaldún.

Si los mecanismos de agit-prop activados durante los incendios de Galicia instalaron la sospecha de que Mariano Rajoy viajaba con un bidón de gasolina en el maletero del coche, y de que incluso es posible que mantenga cautiva desde hace ocho años a una niña en un sótano de la calle Génova, ahora aguardamos con impaciencia la intervención del intelectual orgánico al que le haya sido encomendado relacionar la actividad terrorista que aún persiste con una trama que lo mismo implicaría a elementos de FAES y de la AVT, a periodistas todavía no bajo control, a algún judío que eso siempre luce, al españolazo de Manolo 'el del Bombo' y hasta a la Conferencia Episcopal al completo. Si he olvidado a algún habitante de la Caverna, de la ultraderecha más rancia, tengan a bien agregarlo a esta lista ustedes mismos previa consulta con Pepiño Blanco despachada en su barril de salmuera.

Lo que en ningún caso resultaría admisible es vincular la actividad terrorista que aún persiste con los terroristas. De entrada, porque no son terroristas, sino auténticos demócratas que durante algún tiempo de travesuras anduvieron algo, un poquito, apenas una miaja, descarriados. Pero que ahora, ungidos a base de rosas blancas con el prestigio de estadistas «más democráticos que el propio PP», como diagnosticó Boris Izaguirre, incluso merecen de Imaz una atención a sus «derechos humanos» que el Gobierno vasco jamás prodigó a las víctimas, cuya tensión no se molestó en rebajar.

Se están aplicando por indultar a ETA, por integrarla en el reparto de poder y en la vida civil mientras se deja al PP fuera, una modalidad urgente de alteración de la memoria histórica, de la inmediata, según la cual pronto nos costará creer que llegaran a asesinar. Como dijo Rubalcaba en la Comisión del 11-M, eso no parecerá «cosa de ETA». Y la opinión pública, tan moldeable, tan dispuesta a olvidar, como en el propio 11-M, con tal de evitarse incomodidades, aceptará eso con el mismo entusiasmo con que escribe en carteles Rajoy debe morir cuando la propaganda gubernamental suelta intelectuales orgánicos que eluden culpas cargándoselas al sospechoso habitual. Que lo es el PP, y ya puestos, hasta de que De Juana Chaos esté deprimido, pobre.

España es hoy, gracias al esfuerzo de todos, un país admirado en el plano internacional por su modelo democrático, su crecimiento económico y su desarrollo social. Hace casi tres décadas, al amparo del espíritu político de la Transición, la Constitución de 1978 abrió las puertas a una idea de nación solidaria y vertebradora en lo social, en lo económico, en lo político, en lo territorial y en lo institucional. Nacía, en consecuencia, un Estado fuerte y firme, libre y próspero, capaz de compaginar diversidad y solidaridad de una forma justa y equilibrada.

Un proyecto solidario, porque nos uníamos en una causa: la España de la igualdad de oportunidades y las libertades, y lo hacíamos in solidum, aceptando obligaciones y derechos que debemos cumplir, por igual, todas las partes del todo que es España. Y un proyecto vertebrador, porque daba consistencia y estructura interna, organización y cohesión, a un territorio multiforme y plural, como garantía de igualdad entre todos los españoles. Creamos, entre todos, una nación plural, y no una pluralidad de naciones que corriese el peligro de perder el respeto como nación, de fomentar la insolidaridad e, incluso, de promover el enfrentamiento entre territorios.

Solidaridad y vertebración deben seguir siendo términos complementarios y universales. Sin solidaridad no es posible la vertebración de España, y sin vertebración no podemos triunfar como Estado y perfeccionar nuestro sistema democrático.

Hemos querido que la Región de Murcia sea un ejemplo de cómo la salvaguarda de los intereses particulares de cualquier territorio y los generales de España están íntimamente adscritos al respeto y a la lealtad constitucional, al acto de compartir para crecer, a la acción de repartir con equidad y justicia, a la grandeza de prosperar gracias a la distribución equilibrada de los recursos. Porque el Estado de las Autonomías, piedra angular de la vertebración territorial, por su concepción y desarrollo postconstitucional, hace posible que el progreso individual se transforme en progreso colectivo.

Esa salvaguarda de intereses compartidos, los particulares de Murcia y los generales de España, queda expresada en los trabajos de la Comisión Especial para la Reforma del Estatuto de Autonomía, constituida en octubre de 2005 en la Asamblea Regional. Una Comisión abierta a la sociedad, que ha sacado el debate de la estricta esfera política para situarlo en la esfera social. Queremos un Estatuto de Autonomía de todos. Como queremos un Estatuto que nunca ponga a las Cortes Generales en la tesitura de evaluar si los preceptos son constitucionalmente aceptables.

El Gobierno que presido, y el grupo político que lo sustenta, el Partido Popular, defendemos el actual modelo de Estado. Y lo hacemos porque hemos apostado por el crecimiento armónico de todas las comunidades autónomas; porque firmamos en 1992, estando en la oposición, el «segundo gran pacto autonómico»; porque seguiremos creyendo en una Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, acordada por todas las comunidades, como un instrumento equilibrador de recursos, y no en acuerdos bilaterales; porque abogamos por las relaciones multilaterales entre el Estado y las comunidades como sistema de relaciones horizontales y salvaguarda de los intereses de los ciudadanos y, por último, y lo más importante, porque afirmamos nuestra lealtad constitucional, pues creemos que las comunidades autónomas podemos avanzar sin romper con la Constitución.

La Región de Murcia se opone a reformas a la carta, que afectan al conjunto del Estado. Se opone a la ruptura del pacto, de la concertación y del diálogo entre las comunidades y el Estado de forma multilateral. No hay razones que justifiquen la revisión a la que se está sometiendo el modelo territorial diseñado por la Constitución española de 1978, más allá del peaje, incluida la derogación del Plan Hidrológico Nacional, que el Gobierno de Zapatero tiene que pagar cada día.

En la Región de Murcia nos resistimos a pensar que España camina hacia un nuevo modelo de Estado. El actual Gobierno ha decidido embarcarse en un alocado proceso de cambios sin rumbo ni planificación previa, abocado a romper con todo lo que tanto trabajo ha costado conseguir. Han sido muchos años de esfuerzo, en los que todos aprendimos a ceder, a renunciar a algo en beneficio de una realidad que supera a las instituciones y que se basa en algo más que una intensa historia común, porque España es, ante todo, futuro.

El modelo aplicado por el Ejecutivo de la nación es el de la insolidaridad y la desvertebración. A este modelo contribuyen aquellos Gobiernos regionales a los que causa estupor escuchar la palabra igualdad, a los que da miedo hablar de solidaridad, porque consideran que ser solidario es dejar la puerta abierta al saqueo de unos recursos que creen de su propiedad.

Ser iguales no consiste en reproducir clónicamente los territorios. Ser iguales es tener las mismas oportunidades, las mismas posibilidades de desarrollo y de autogobierno, siempre dentro del marco constitucional. Del mismo modo que ser solidarios no significa quitar a unos para dar a otros, sino compartir lo que se tiene. Ser solidario es actuar a favor del equilibrio territorial cooperando en la distribución de los recursos.

Nuestra norma fundamental, la Constitución Española, recoge el principio de solidaridad, al que otorga rango y operatividad jurídica. En este sentido, hay que recordar que además de los techos competenciales fijados en el Título VIII, la Carta Magna establece algunos principios generales que orientan, y de algún modo limitan, el ejercicio del autogobierno regional. En concreto, el artículo 139.1 sanciona que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado». Y el artículo 138.2 prohíbe expresamente que los Estatutos de Autonomía comporten «privilegios económicos o sociales».

La derogación del trasvase del Ebro abrió la puerta a la insolidaridad del agua y al caos hidrológico. Ante esta situación, vamos a proponer que nuestro futuro Estatuto de Autonomía recoja el déficit hídrico estructural de la cuenca del Segura, única en España en esta situación. Queremos que nuestro Estatuto reconozca nuestro derecho, como ciudadanos, a disponer de agua suficiente y de calidad, tanto para abastecimiento como para el desarrollo social y económico de la Región, y que, además, refuerce nuestro derecho a disponer del agua sobrante en las cuencas excedentarias.

Queremos que el futuro Estatuto nazca del pacto social, de la concurrencia unánime de todas las fuerzas políticas y sociales, que han de entender que la construcción permanente de una región, a través de las reglas y herramientas contenidas en su Estatuto, está por encima de intereses partidistas y regionalistas, y ha de contribuir.

La Constitución de 1978 nos ha dado, y nos da aún, a las comunidades autónomas la oportunidad de desarrollarnos y progresar. El uso, y no el abuso, de esa libertad es lo que garantiza nuestro futuro como autonomías y lo que garantiza la fortaleza del Estado para seguir cumpliendo con su papel de «equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial, estimulando el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución», como reza el artículo 131.1.

Por el contrario, la insolidaridad hace peligrar la unidad del Estado, vacía de contenido el Estado de las Autonomías y fragmenta la cooperación interregional. La Región de Murcia nunca contribuirá a reinventar una España asimétrica, de ciudadanos de primera y de segunda categoría, que no se corresponde con la España vertebrada y cohesionada por la que tanto hemos trabajado.

Nuestro compromiso con España no se basa en invocaciones del pasado, tribalismos territoriales y caducas diferencias. Nuestro compromiso es con los españoles, con aquellos que son iguales ante la ley, con independencia de su origen, de su residencia o de sus circunstancias personales. Españoles que creen en el futuro y miran hacia él con esperanza. Españoles que no quieren volver la vista atrás, si no es para aprender, porque lo que demandan de sus instituciones es un compromiso con el mañana y con su bienestar.

Estamos a tiempo de seguir fortaleciendo España a través de sus autonomías. Pero será preciso que, finalmente, imperen el sentido común, la responsabilidad institucional y el cumplimiento del deber político.

Ramón Luis Valcárcel Siso es presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Pincho de tortilla y caña a que el nombre de Federico Jiménez Losantos estará en boca de muchos durante la temporada que viene. Aparte de sus oyentes habituales, que cada vez son más, hablarán de él dos clases de personas: en las antípodas de sus planteamientos ideológicos, los que quieren verle mediáticamente muerto, porque lo deploran, y los que estando cerca de su ideario le acusan de encarnar a la fiera canina que asusta a los votantes de la derecha civilizada.

El prototipo de esta segunda clase de detractores es Alberto Ruiz-Gallardón, que presume de aglutinar el voto cautivo del núcleo duro de la militancia del PP, el cambiadizo de los centristas más sesudos y el moderado de los socialistas arrepentidos. Alberto y Federico son dos personas condenadas a llevarse mal. Hace algún tiempo fui testigo de una conversación en la que el primero le decía al segundo: «tú no me harás ganar unas elecciones, pero puedes hacer que las pierda». Tal vez por eso el alcalde de Madrid procuró durante mucho tiempo que las tiranteces que había entre ambos no acabaran por arruinar la precaria relación que aún les permitía sobrellevarse.

A raíz de una violenta discusión que tuvieron en la radio hace dos años, los puentes saltaron por los aires y Ruiz-Gallardón me llamó varias veces para que le ayudara a reconstruirlos. Lo intenté. Soy amigo de ambos, aunque mucho más de Federico, y no me gusta vivir en un mundo de caras largas. Tardé muchos meses en conseguir que Federico aceptara sentarse a comer con Alberto, y cuando finalmente accedió -más por callarme la boca que por convencimiento- ya era demasiado tarde. Alberto nunca acudió a la cita. Ni siquiera permitió que se concretara. Tardé en entender el porqué, hasta que un día me di cuenta de que su nueva táctica le llevaba a publicitar el enfrentamiento, en lugar de a resolverlo, para acreditar, frente al perfil bronco y áspero de su antagonista, el perfil moderado y amable que reclama como propio. Lo que a Alberto le interesa es enviar un mensaje concreto a esa franja del electorado que, como él, piensa que la Cope destila fundamentalismo cavernícola: él es el único líder del PP que, en público, se atreve a tenérselas tiesas con Federico, el ciudadano que no se arredra a la hora de presentarle una querella criminal por injurias y calumnias, el alcalde que no se para a medir el daño electoral que puede provocarle una enemistad semejante.

La perseverancia de Alberto en ese nuevo cálculo hace prácticamente imposible que cualquier otro intento de mediación corra mejor suerte que el mío. Lo podrán instar personas más influyentes, con argumentos más sólidos y en circunstancias más favorables, pero si estoy en lo cierto, el alcalde de Madrid dirá una cosa -que quiere la paz-, pero hará otra distinta que le mantenga en la guerra, porque esa guerra -piensa- le hace crecer ante la opinión pública, por contraste, como el líder centrista que quiere ser. Añádanse después un par de bodas gay y unos cuantos guiños a Polanco y el póster quedará listo, a la espera de que se decrete el estado de necesidad que hace falta para que sea útil.

En el fondo de este planteamiento subyace la idea de que el mero hecho de alejarse de las posiciones de Federico, marcar las distancias con él, ya es causa suficiente para mudar el uniforme de derechista rabioso por el de demócrata de centro. Pero eso, con todos mis respetos, no deja de ser una solemne estupidez. No es verdad que La Mañana se haya convertido en ese faro de radicalismo conservador que algunos denuncian a pleno pulmón. Basta escuchar el programa con cierta atención, procurando discriminar lo sustantivo de lo coloquial, para darse cuenta de que en él se manejan a diario argumentos reflexivos, elaborados de buena fe, de hondura más que estimable, aunque -¡faltaría más!- tan discutibles como exige la naturaleza de los asuntos temporales de los que se ocupa. Su dureza formal puede herir a veces la sensibilidad de la execrable moda de lo políticamente correcto, pero lo cierto es que siempre se ciñen al criterio de proporcionalidad que cabe exigirle a toda respuesta. Nunca antes, algunos valores esenciales de media España -familia, religión, educación, nación- habían sido agredidos como ahora por los poderes públicos, y nunca esa media España había estado tan indefensa. Si no fuera por el afán de algunos idiotas por sacarlo todo de contexto dan ganas de gritar: «¡Federico, más caña!».

Por supuesto, se puede ser al mismo tiempo simpatizante del PP y detractor de Federico. Verbigracia, Ruiz-Gallardón. Entre esa gente hay dos argumentos que suelen hacer fortuna cuando de lo que se trata es de etiquetar de radical a La Mañana de la Cope. El primero es que Federico recurre con frecuencia al insulto y el segundo que no sólo se conforma con arremeter contra el PSOE sino que, además, le sacude a Rajoy más que a una estera. En particular no soportan que le llame maricomplejines. Creen que es una manera de pedirle que se tire al monte. De los dos argumentos, me interesa más el segundo que el primero. Lo de los insultos ya lo tengo muy oído, fue el ariete con el que trataron de desestabilizar a Antonio Herrero, y además ya está el Código Penal para dirimir cualquier ofensa que se tercie. Respecto a lo de las sacudidas al PP, viene a cuento una anécdota de Las Cortes franquistas que se le atribuye a Jesús Fueyo, intelectual del Régimen, y al general Camilo Alonso Vega, a quien sus amigos, a sus espaldas, llamaban Camulo. El general hizo un día una aguerrida soflama parlamentaria, no demasiado lúcida, y el intelectual se puso en pie para responderle: «Mi general, estoy a sus órdenes pero no a sus opiniones».

Siempre he creído que de las combinaciones posibles entre esos dos conceptos, órdenes y opiniones, salen las tres clases de periodistas que conozco. Primero están los periodistas que siempre se ponen a las órdenes del que manda, cualesquiera que sean sus opiniones. Son mercenarios a los que no hace falta decirles cómo tienen que abrir el telediario. Después, los periodistas que no están a las órdenes del poderoso, pero sí a muchas de sus opiniones. No se arrodillan ante los comisarios políticos, exhiben su independencia con críticas racheadas, pero cuando les conviene se apresuran a escoltar las opiniones de turno por puro utilitarismo. Para ellos, un político es tanto mejor cuanto mejor les trata, y menos de fiar cuanto más recela de ellos. Sólo aspiran a ser cada vez más influyentes y dosifican la crítica para alcanzar ese objetivo. Por último están los que pasan de las órdenes y de las opiniones del poder y sólo responden a convicciones propias. Son los periodistas asilvestrados. Federico, sin ninguna duda, es uno de ellos. ¿Que sacude demasiado a Mariano Rajoy? Algo habrá hecho Rajoy para merecerlo. El día que Federico Jiménez Losantos deje de comportarse así, lo prometo, seré yo quien le sacuda a él.

Luis Herrero es eurodiputado del PP.