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España es hoy, gracias al esfuerzo de todos, un país admirado en el plano internacional por su modelo democrático, su crecimiento económico y su desarrollo social. Hace casi tres décadas, al amparo del espíritu político de la Transición, la Constitución de 1978 abrió las puertas a una idea de nación solidaria y vertebradora en lo social, en lo económico, en lo político, en lo territorial y en lo institucional. Nacía, en consecuencia, un Estado fuerte y firme, libre y próspero, capaz de compaginar diversidad y solidaridad de una forma justa y equilibrada.

Un proyecto solidario, porque nos uníamos en una causa: la España de la igualdad de oportunidades y las libertades, y lo hacíamos in solidum, aceptando obligaciones y derechos que debemos cumplir, por igual, todas las partes del todo que es España. Y un proyecto vertebrador, porque daba consistencia y estructura interna, organización y cohesión, a un territorio multiforme y plural, como garantía de igualdad entre todos los españoles. Creamos, entre todos, una nación plural, y no una pluralidad de naciones que corriese el peligro de perder el respeto como nación, de fomentar la insolidaridad e, incluso, de promover el enfrentamiento entre territorios.

Solidaridad y vertebración deben seguir siendo términos complementarios y universales. Sin solidaridad no es posible la vertebración de España, y sin vertebración no podemos triunfar como Estado y perfeccionar nuestro sistema democrático.

Hemos querido que la Región de Murcia sea un ejemplo de cómo la salvaguarda de los intereses particulares de cualquier territorio y los generales de España están íntimamente adscritos al respeto y a la lealtad constitucional, al acto de compartir para crecer, a la acción de repartir con equidad y justicia, a la grandeza de prosperar gracias a la distribución equilibrada de los recursos. Porque el Estado de las Autonomías, piedra angular de la vertebración territorial, por su concepción y desarrollo postconstitucional, hace posible que el progreso individual se transforme en progreso colectivo.

Esa salvaguarda de intereses compartidos, los particulares de Murcia y los generales de España, queda expresada en los trabajos de la Comisión Especial para la Reforma del Estatuto de Autonomía, constituida en octubre de 2005 en la Asamblea Regional. Una Comisión abierta a la sociedad, que ha sacado el debate de la estricta esfera política para situarlo en la esfera social. Queremos un Estatuto de Autonomía de todos. Como queremos un Estatuto que nunca ponga a las Cortes Generales en la tesitura de evaluar si los preceptos son constitucionalmente aceptables.

El Gobierno que presido, y el grupo político que lo sustenta, el Partido Popular, defendemos el actual modelo de Estado. Y lo hacemos porque hemos apostado por el crecimiento armónico de todas las comunidades autónomas; porque firmamos en 1992, estando en la oposición, el «segundo gran pacto autonómico»; porque seguiremos creyendo en una Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, acordada por todas las comunidades, como un instrumento equilibrador de recursos, y no en acuerdos bilaterales; porque abogamos por las relaciones multilaterales entre el Estado y las comunidades como sistema de relaciones horizontales y salvaguarda de los intereses de los ciudadanos y, por último, y lo más importante, porque afirmamos nuestra lealtad constitucional, pues creemos que las comunidades autónomas podemos avanzar sin romper con la Constitución.

La Región de Murcia se opone a reformas a la carta, que afectan al conjunto del Estado. Se opone a la ruptura del pacto, de la concertación y del diálogo entre las comunidades y el Estado de forma multilateral. No hay razones que justifiquen la revisión a la que se está sometiendo el modelo territorial diseñado por la Constitución española de 1978, más allá del peaje, incluida la derogación del Plan Hidrológico Nacional, que el Gobierno de Zapatero tiene que pagar cada día.

En la Región de Murcia nos resistimos a pensar que España camina hacia un nuevo modelo de Estado. El actual Gobierno ha decidido embarcarse en un alocado proceso de cambios sin rumbo ni planificación previa, abocado a romper con todo lo que tanto trabajo ha costado conseguir. Han sido muchos años de esfuerzo, en los que todos aprendimos a ceder, a renunciar a algo en beneficio de una realidad que supera a las instituciones y que se basa en algo más que una intensa historia común, porque España es, ante todo, futuro.

El modelo aplicado por el Ejecutivo de la nación es el de la insolidaridad y la desvertebración. A este modelo contribuyen aquellos Gobiernos regionales a los que causa estupor escuchar la palabra igualdad, a los que da miedo hablar de solidaridad, porque consideran que ser solidario es dejar la puerta abierta al saqueo de unos recursos que creen de su propiedad.

Ser iguales no consiste en reproducir clónicamente los territorios. Ser iguales es tener las mismas oportunidades, las mismas posibilidades de desarrollo y de autogobierno, siempre dentro del marco constitucional. Del mismo modo que ser solidarios no significa quitar a unos para dar a otros, sino compartir lo que se tiene. Ser solidario es actuar a favor del equilibrio territorial cooperando en la distribución de los recursos.

Nuestra norma fundamental, la Constitución Española, recoge el principio de solidaridad, al que otorga rango y operatividad jurídica. En este sentido, hay que recordar que además de los techos competenciales fijados en el Título VIII, la Carta Magna establece algunos principios generales que orientan, y de algún modo limitan, el ejercicio del autogobierno regional. En concreto, el artículo 139.1 sanciona que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado». Y el artículo 138.2 prohíbe expresamente que los Estatutos de Autonomía comporten «privilegios económicos o sociales».

La derogación del trasvase del Ebro abrió la puerta a la insolidaridad del agua y al caos hidrológico. Ante esta situación, vamos a proponer que nuestro futuro Estatuto de Autonomía recoja el déficit hídrico estructural de la cuenca del Segura, única en España en esta situación. Queremos que nuestro Estatuto reconozca nuestro derecho, como ciudadanos, a disponer de agua suficiente y de calidad, tanto para abastecimiento como para el desarrollo social y económico de la Región, y que, además, refuerce nuestro derecho a disponer del agua sobrante en las cuencas excedentarias.

Queremos que el futuro Estatuto nazca del pacto social, de la concurrencia unánime de todas las fuerzas políticas y sociales, que han de entender que la construcción permanente de una región, a través de las reglas y herramientas contenidas en su Estatuto, está por encima de intereses partidistas y regionalistas, y ha de contribuir.

La Constitución de 1978 nos ha dado, y nos da aún, a las comunidades autónomas la oportunidad de desarrollarnos y progresar. El uso, y no el abuso, de esa libertad es lo que garantiza nuestro futuro como autonomías y lo que garantiza la fortaleza del Estado para seguir cumpliendo con su papel de «equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial, estimulando el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución», como reza el artículo 131.1.

Por el contrario, la insolidaridad hace peligrar la unidad del Estado, vacía de contenido el Estado de las Autonomías y fragmenta la cooperación interregional. La Región de Murcia nunca contribuirá a reinventar una España asimétrica, de ciudadanos de primera y de segunda categoría, que no se corresponde con la España vertebrada y cohesionada por la que tanto hemos trabajado.

Nuestro compromiso con España no se basa en invocaciones del pasado, tribalismos territoriales y caducas diferencias. Nuestro compromiso es con los españoles, con aquellos que son iguales ante la ley, con independencia de su origen, de su residencia o de sus circunstancias personales. Españoles que creen en el futuro y miran hacia él con esperanza. Españoles que no quieren volver la vista atrás, si no es para aprender, porque lo que demandan de sus instituciones es un compromiso con el mañana y con su bienestar.

Estamos a tiempo de seguir fortaleciendo España a través de sus autonomías. Pero será preciso que, finalmente, imperen el sentido común, la responsabilidad institucional y el cumplimiento del deber político.

Ramón Luis Valcárcel Siso es presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.