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El episodio vivido en los últimos meses en Cataluña en el seno del PSC, con la jubilación forzosa de Maragall y la sucesión acordada como candidato a la Presidencia de la Generalitat en favor del señor Montilla, constituye un hecho que, más allá de personalismos y de opciones individuales, ostenta, en mi opinión, una indudable significación. A nadie que conozca mínimamente el panorama político en nuestro país se le escapa que las posibilidades de que Montilla alcance la Presidencia del Gobierno autonómico resultan realmente escasas, tanto por su nulo carisma como por su perfil de hombre gris (el típico miembro del aparato que ha medrado en el partido merced a su capacidad de control de todo lo que se mueve a su alrededor).

Ello, en todo caso, le sitúa a la altura del candidato convergente Artur Mas, una de las personalidades menos atrayentes de la política española. No obstante, al funesto dato anterior habría que añadir el más que penoso bagaje de Montilla al frente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Si bien para cualquier constitucionalista que se precie la opción Maragall no resultaba en modo alguno mejor -pues sus años como president únicamente han contribuido a dinamitar los grandes consensos democráticos en Cataluña en favor del nacionalismo más radical e irredento- considero que tal maniobra por parte del PSC y del PSOE merece una lectura de más calado.

Si analizamos el hecho objetivamente, constatamos que la opción del Partido Socialista ha consistido, en este caso, en sustituir al actual presidente regional por un candidato cuyas expectativas no resultan nada halagüeñas y cuyo nivel de contestación en el seno del propio PSC (empezando por la actitud al respecto de Maragall y de su esposa) es enorme. Ante lo anterior, cabe preguntarse: ¿con arreglo a qué lógica un partido político renuncia ex ante a lograr la Presidencia del Gobierno autonómico, que ostenta en la actualidad? Parecería un contrasentido este gesto en circunstancias normales, puesto que la vocación de todo partido es intentar por medios democráticos alcanzar la responsabilidad de gobernar y, si es posible, desde la Presidencia.

La respuesta a la pregunta formulada hay que encontrarla, en mi opinión, en el pacto secreto acordado entre Rodríguez Zapatero y Artur Mas, al amparo del cual se gestó el acuerdo definitivo en torno al nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña. En el marco del mismo, CiU debió exigir, sin lugar a dudas, la recuperación del Gobierno que, desde un punto de vista político, precisa con extrema urgencia, pues los convergentes son un partido acostumbrado al poder, y ya se sabe, en tales casos la militancia soporta mal el alejamiento prolongado de las situaciones que dan acceso a cargos y a prebendas varias.

En este sentido, procede poner de manifiesto la forma en la que se materializará el referido acuerdo PSOE-CiU, cuyas consecuencias últimas serán la marginación definitiva del PP del Gobierno de la nación. A mi modo de entender, las elecciones catalanas alumbrarán cuatro escenarios posibles a efectos de conformar el Ejecutivo autonómico. El primero, una reedición del pacto tripartito PSC-Esquerra Republicana-ICV; el segundo, un acuerdo PSC-CiU; el tercero, un Gobierno ultranacionalista compuesto por CiU y Esquerra; y el cuarto, incluso un Gobierno monocolor de CiU si logra mayoría parlamentaria, aunque ésta fuera relativa.

Debemos comenzar por poner de manifiesto que, desgraciadamente, cualquiera de estas opciones supone un problema de indudable calado para la estabilidad del sistema democrático español, máxime teniendo en cuenta la deriva pactista que ha adoptado el PSOE en relación con el conjunto de los nacionalismos periféricos. No obstante, los socialistas ya han comprobado las funestas consecuencias electorales que el retorno al tripartito (y, por lo tanto, la necesidad de gobernar con Esquerra, radicalizando así su mensaje) conlleva en el resto de España.

Por ello, considero que cualquiera de las tres últimas opciones señaladas resulta políticamente más factible, con especial mención a la hipótesis de un Gobierno CiU-Esquerra o a la propia composición monocolor de un Gobierno por CiU. En este contexto, cabría preguntarse cuál sería el papel del PSOE que legitime la existencia de un pacto secreto, tal como he planteado anteriormente. Personalmente, considero que el eje del acuerdo alcanzado por PSOE y CiU consiste en la admisión por parte de los primeros de un papel secundario en Cataluña (bien en la oposición o bien entrando puntualmente en el Gobierno, según las necesidades coyunturales de la coalición nacionalista), siempre supeditado a que los segundos posean la llave de la gobernabilidad y ostenten la Presidencia del Gobierno autonómico.

A cambio de lo anterior, el Partido Socialista lograría la fidelidad de CiU en Madrid, y una legitimación por parte de un partido nacionalista catalán para exportar un modelo similar en el País Vasco. La perversión del acuerdo no reside en el pacto mismo, que como tal es la esencia del sistema democrático, sino en lo que supone de voluntad implícita de discriminar de manera estable al PP del Gobierno de la nación, para lo cual la dirección del PSOE ha demostrado que está dispuesta prácticamente a casi todo. En definitiva, el cambio de cromos se materializa en ceder el papel preponderante que actualmente ostenta el PSC en Cataluña en favor de un colchón parlamentario en Madrid, lo cual, evidentemente, no puede presentarse de manera abierta a la ciudadanía por lo que supone de fraude encubierto.

Por ello, la mejor opción que ha encontrado el PSOE ha consistido en situar a Montilla como candidato a un puesto que muy pocos, a nivel interno, desean realmente que ocupe. El problema de dicho planteamiento por parte del PSOE es que semejante dejación de sus responsabilidades políticas en Cataluña (bien como convidado de piedra en un Gobierno de mayoría nacionalista, bien como oposición ficticia a CiU e hipotéticamente a Esquerra Republicana) supondrá, sin lugar a dudas, una radicalización del mensaje soberanista en dicha comunidad, con lo que ello implica de desestructuración de España. No obstante, ése es el precio que muchos en el PSOE parecen dispuestos a pagar con el fin de marginar al PP en la escena nacional.

El dato anterior merece ser destacado, pues supone excluir a uno de los dos grandes partidos nacionales (en este caso, el PP) de la acción de Gobierno, merced a una red de pactos regionales que el PSOE no sólo limitará al caso catalán con CiU, sino que probablemente tratará de extender al País Vasco con el PNV, y que ya ha puesto en marcha en Galicia con el BNG. Merced a un sistema electoral que beneficia claramente a las opciones minoritarias de corte regional -ya que les otorga una representatividad nacional claramente superior a su nivel de implantación en el conjunto del territorio- y a la imposibilidad (por coherencia) del PP de lograr pactos estables con opciones políticas cuyo planteamiento en lo que a modelo de Estado se refiere difiere radicalmente del de los populares, Zapatero trata así de blindarse a medio plazo, asegurando el mantenimiento del PSOE en el poder contra viento y marea.

En definitiva, una vez más España quedaría sometida a los designios de los nacionalismos periféricos, con lo que ello supone (y nuestra Historia reciente lo demuestra) de asimetría y de insolidaridad entre las distintas regiones españolas. Habrá quien opine que en política, como en la guerra, todo es legítimo con tal de mantenerse en el poder; personalmente, difiero de esa forma de concebir la realidad, sobre todo en momentos como los actuales en los que seguir aferrado al cargo puede ser a costa de hipotecar el futuro de España para siempre.

Tenemos que ser conscientes de que, en estos momentos, cualquier pacto con los nacionalismos periféricos conlleva un importante precio político. Pretender, como hace Zapatero, conseguir una cierta estabilidad institucional mediante acuerdos a largo plazo con opciones como el PNV, BNG, Esquerra Republicana o CiU no supone otra cosa que dinamitar desde dentro nuestro modelo de Estado y romper todos los grandes consensos derivados de la Transición. Ello resulta especialmente claro en el caso vasco: cualquier acuerdo con el nacionalismo llamado moderado (véase PNV o EA) pasa por cesiones que, desde un punto de vista de cualquier partido nacional -como debe aspirar a actuar el PSOE-, resultan inasumibles. Porque, en definitiva, lo que puede llegar a ocurrirnos es que lo que no obtengan los terroristas de Batasuna-ETA en su proceso de negociación directa con el Gobierno (que, en el fondo, no es más que una vergonzante cesión-rendición a los mayores enemigos de la democracia española), se le conceda a partidos como PNV o EA, bajo la excusa de que con ello se contribuye a la estabilidad institucional, cuando el propósito final de todos los agentes implicados sería marginar al PP de la acción de Gobierno.

En virtud de lo anterior, únicamente me queda advertir a Zapatero de que intentar en el País Vasco un pacto a la catalana, tanto con el nacionalismo radical (modelo por el que se optó durante la etapa de Maragall con Esquerra) como con el llamado nacionalismo moderado (opción CiU), amén de que ya ha demostrado en la propia Cataluña que conlleva una intolerable restricción de las libertades cívicas y ciudadanas y otorga al nacionalismo una hegemonía absoluta, supondría la mayor traición posible a nuestro Estado de Derecho y una verdadera estocada a nuestro modelo constitucional.

Que no se engañen los actuales dirigentes del PSOE: si están dispuestos a cesiones en relación con la cuestión de Navarra, la convocatoria de un referéndum a todas luces ilegal, etcétera, con el fin de marginar al PP de la política nacional, estarán llevando a cabo un acto de deslealtad absoluta cuyas consecuencias pagaremos durante décadas.

Gotzone Mora es concejala de Guecho (Vizcaya) por el PSE-EE y profesora de Sociología en la Universidad del País Vasco.